El Búho de Minerva

El debate actual sobre el sistema electoral mexicano pone énfasis, entre otros puntos, en los problemas para la formación de mayorías legislativas consustanciales al sistema mixto limitado vigente en el país (Molinar y Weldon). Frente a ello, se ha sostenido la pertinencia de reducir el número de legisladores de representación proporcional para responder a reclamos de disminución del tamaño de los órganos legislativos y facilitar la supuesta formación de mayorías legislativas, lo que en la práctica no resulta necesariamente cierto (De la Peña).

En un foro realizado hace ya tres años sobre Gobernabilidad democrática: ¿qué reforma?, convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional y la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados, fue argumentada la pertinencia de considerar la adopción de modalidades híbridas para el gobierno de la República, mediante la creación de una Jefatura de Gabinete emanada de una mayoría legislativa, con condiciones para su relativa inamovilidad, que fuerce la definición de una coalición mayoritaria básicamente estable en el seno del órgano legislativo, no en el área electoral, donde las coaliciones se han mostrado efímeras y engañosas para el elector e inútiles para fines de gobernabilidad (Crespo).

Recientemente, el tema volvió a ponerse en la mesa al enfrentarse una vez más el pantano en que se ha convertido el ritual de entrega del Informe de Gobierno. Castañeda recuerda que, frente al acuerdo mayoritario a favor del debate entre el Ejecutivo y los legisladores propuesto por el Presidente Calderón, ello significaría un cambio al régimen político por la puerta de atrás, mientras que lo pertinente es una reforma que de paso a un sistema semipresidencial, tipo francés, que “permita formar mayorías, respetar minorías, y garantizar gobernabilidad, todo ello en democracia”.

Pero, ¿es verdad que una reforma que separe jefatura de Estado y de gobierno y que haga depender la formación del gabinete al respaldo de una coalición legislativa mayoritaria resolvería los entuertos en que estamos metidos? Dejadme lucubrar por un momento al respecto.

Como acertadamente ha apuntado Aguilar Camín, detrás de la fragmentación del voto y la representación entre tres fuerzas políticas no se encuentra solamente un diseño institucional y reglas específicas para la formación de los órganos legislativos, sino que esta carencia de mayorías es reflejo de divisiones reales, profundas y relativamente estables en la sociedad mexicana. Nuestra sociedad se encuentra así dividida entre tres opciones políticas, cada una de las cuales cuenta con un piso insuficiente para alcanzar una condición mayoritaria por su cuenta.

De esta forma, una reforma del sistema que diera paso a un régimen semipresidencial pudiera llevar a varias situaciones en las que nuevamente se abriría el espacio a la crítica sobre el modelo. Primero: no sería difícil que la mayoría la conformaran fuerzas políticas que hayan salido derrotadas en la elección, de manera tal que se margine a la primera fuerza del gobierno.

Segundo: no sería tampoco extraño que la coalición mayoritaria que se forme esté sujeta al chantaje de componentes minoritarios, que amenacen reiteradamente con abandonar la coalición o no brindar un voto de confianza si a cambio no se satisfacen demandas particulares de grupo, lo que llevaría a que las políticas públicas quedaran efectivamente en manos de una minoría o a que se diera una inestabilidad por gobiernos de corta vida, ante el frecuente recambio en las alianzas, como de hecho ha venido ocurriendo hoy en día en el legislativo federal.

Mas, entonces, ¿cuál pudiera ser el remedio? Una pista nos la brindan las encuestas nacionales posteriores a las elecciones presidenciales recientes en México, que nos muestran cuáles han  sido las preferencias antes y después de una elección presidencial. Veamos.

En julio de 2000, sobra recordar, la Alianza por el Cambio, del PAN y el Partido Verde, apenas logró superar por un punto la votación lograda por el PRI. Tres meses después, en octubre, según los resultados de la encuesta nacional GEA-ISA, el PAN por sí sólo habría alcanzado la mayoría absoluta de los votos (53%), duplicando la votación por el PRI (26%), quedando el PRD en el nivel de 19%.

Seis años después, en julio de 2006, Acción Nacional se alzó con el primer lugar en la votación legislativa, pero apenas con un poco más de la tercera parte de los sufragios, cinco puntos por encima de las coaliciones encabezadas por el PRI y el PRD, que lograron cada una casi 30% de los sufragios. Para noviembre, a pesar de los avatares postelectorales, las preferencas habrían llevado ya a la opción panista a una posición mayoritaria (con 51% de preferencias), superando por más de veinte puntos a los partidos coaligados en torno al PRD y dejando al PRI debajo de los veinte puntos.

De acuerdo con lo anterior, pareciera que una vez pasada la etapa electoral y definido el ganador de la contienda presidencial, las preferencias electorales de la ciudadanía tienden a reorientarse, favoreciendo mayoritariamente a la opción política que obtuvo la presidencia. Así, la incertidumbre sobre el ganador de la elección presidencial lleva a los ciudadanos a sostener un voto a favor de opciones que no solamente consideran próximas, sino a las que les atribuyen un potencial ganador, pero a las que abandonan cuando reconocen que el triunfo fue logrado por otra fuerza política.

Esto nos lleva a pensar que una reforma que rompiera con la concurrencia de los procesos electorales ejecutivo y legislativo pudiera derivar en una mayor viabilidad de formación de mayorías legislativas, al eliminar como componente en la decisión del sufragio la incertidumbre respecto al ganador de la elección presidencial.

Así, los ciudadanos estarían convocados a las urnas para determinar la conformación del legislativo con el conocimiento de quién encabezará el gobierno y podrían emitir su voto con la intención de darle o no una mayoría en el legislativo a la administración por iniciar.

Desde luego, ello propiciaría muy factiblemente una tasa de participación más baja en la pista legislativa. Pero, ¿de verás importa que concurran más ciudadanos a sufragar para legisladores por la simple razón de que estas elecciones son concurrentes con la presidencial, o preferiríamos contar con un voto legislativo diáfano, producto de la suma de las voluntades de quienes realmente tuvieran interés en participar en la decisión de cómo debe integrarse esta representación popular?

Comentarios:  *  ricartur@prodigy.net.mx  

Referencias bibliográficas. 

Castañeda, Jorge G., “¿Otra simulación?”, Reforma, 22 de agosto de 2007.