El Búho de Minerva

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" 2007-10-26

Considerando la naturaleza del tema, en esta ocasión la columna semanal presenta una extensión mayor a la de costumbre, por lo que se ha dividido en dos secciones claramente diferenciadas.

I

Mientras en el Cono Sur se muestran claras las señales de consolidación de sistemas democráticos, en Venezuela parecieran vivirse momentos aciagos, cuando el recurso a fórmulas propiamente democráticas, pero viciadas de origen, pudieran permitir la concreción de un proyecto de instauración de un régimen autoritario.

Al decir lo anterior se hace referencia a la convocatoria para realizar, el dos de diciembre de este año, un referendo aprobatorio de una amplia reforma a la Constitución de 1999, relativamente poco conocida y que, por los tiempos para la consulta, será escasamente debatida antes de someterse a una votación que la hará definitiva.

¿En qué consiste esta reforma? Son muchos y muy variados los puntos que incluye y que fueron ya discutidos, votados y aprobados por la Asamblea Nacional en unos pocos días. A los 33 artículos que proponía cambiar la propuesta presentada por el Presidente Chávez, se sumaron otras 39 modificaciones incorporadas por el órgano legislativo.

Hay que recordar, al evaluar esta aprobación casi unánime y expedita de la reforma, que la actual Asamblea Nacional de la República de Venezuela está integrada prácticamente en su totalidad por diputados de la opción política del gobernante, toda vez que la oposición se retiró de las Elecciones Parlamentarias de 2005, dejando el terreno libre para que el chavismo se apoderara cabalmente de este órgano de representación ciudadana.

La reforma de marras incluye, en el área política, el aumento en la duración del período presidencial de seis a siete años, con reelección inmediata e ilimitada y sin segunda vuelta; el nombramiento por el Presidente de vicepresidentes; el aumento de la proporción de electores necesarios para promover una enmienda constitucional por iniciativa popular y de un referendo para la revocación del mandato a cargos de elección popular; la disminución a 16 años como edad requerida para el ejercicio del sufragio y el otorgamiento a los extranjeros con más de diez años de residencia del derecho al voto en elecciones municipales y estaduales; entre lo más destacado.

En el terreno económico, se reserva al Estado la explotación de recursos naturales de carácter estratégico, no pudiendo ser privatizadas las empresas de propiedad exclusiva del Estado; se elimina la autonomía del Banco Central. Además, se hace énfasis en una definición de formas de propiedad (social, colectiva, personal) que excluye la referencia directa a la iniciativa privada, eliminando la disposición para que el Estado la promueva.

Respecto a la descentralización, se reducen las competencias de estados y municipios, permitiendo la creación de ciudades comunales, provincias federales, ciudades federales, distritos funcionales, regiones especiales militares y autoridades especiales para contingencias, todas ellas designadas por el Presidente. Además, se agrega un nuevo componente de las Fuerzas Armadas: la “Milicia Nacional Bolivariana”.

En el área educativa, se eliminan las evaluaciones para ingreso a universidades y se otorga paridad de voto de estudiantes, profesores y trabajadores para elegir autoridades en las mismas. Se concibe la creación cultural como libre, eliminando los derechos de autor.

En materia de derechos humanos, se suprime la temporalidad a la potestad del gobierno para decretar estados de alerta, emergencia, emergencia económica y conmoción interior y exterior, se excluye el paso de los decretos por el  Tribunal Supremo de Justicia y  se limitan las garantías fundamentales durante los estados de excepción, eliminando el derecho a la información en dichas circunstancias.

II

¿Puede una reforma de esta naturaleza ser aprobada por la ciudadanía? Ha habido manifestaciones diversas de rechazo a estas reformas, activas y declarativas, por parte de políticos, universitarios, mujeres organizadas y otros grupos sociales.

En todos los casos, se denuncia que detrás de estas reformas se pretende eternizar el mandato de Hugo Chávez al frente del gobierno de la República, suprimir toda fuente de poder alterno (sea regional o económico) y que se deja en indefensión a los ciudadanos en estados de excepción.

Incluso, el ex candidato presidencial opositor Manuel Rosales se ha manifestado convencido de que la propuesta de reforma será rechazada por los ciudadanos en las urnas, puesto que en ello está en juego la vida republicana y democrática de Venezuela. Pero, ¿será posible que la reforma no sea aprobada por los ciudadanos?

Si nos atenemos a los resultados de las más recientes elecciones presidenciales en este país, celebradas a fines del año pasado, Hugo Chávez, con más de siete millones de votos recabados, goza del respaldo de más de tres quintas partes de los sufragantes, aunque poco menos de la mitad de ciudadanos en el padrón emitieron su voto a favor del gobernante.

Pero detrás de estas cifras se oculta un hecho muy relevante: el vertiginoso crecimiento del volumen de ciudadanos registrados ocurrido entre 2003 y 2006. Así, si en el quinquenio 1998 a 2003 el registro electoral aumenta tan sólo en un millón de personas, elevándose en 9% el volumen de registrados, para un crecimiento promedio anual de 1.8%, en el período trianual de 2003-2006 aumenta en cuatro millones de personas, creciendo en total 30% en esos tres años, para un ritmo de crecimiento medio anual de 9.3%, más de cinco veces superior al anteriormente observado. Y se afirma que es inusitado toda vez que este ritmo de crecimiento del registro electoral no se presentado a lo largo de casi un cuarto de siglo, período para el que se cuenta con reportes en el sitio del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE).

 Los datos anteriores adquieren mayor significado si lo que se observa es la correspondencia entre el volumen de ciudadanos residentes en Venezuela conforme las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), basadas en los resultados del XIII Censo de Población y Vivienda de 2001, y el volumen de ciudadanos registrados conforme al CNE.

De conformidad con estos datos, el registro electoral de Venezuela ha pasado de captar a 84% de la población en edad de votar en 2000 a 97% para 2006, un aumento de 13 puntos en la captura de su población objetivo. Ello representaría que un rezago de 2.3 millones de registros se ha reducido en un sexenio a apenas medio millón de exclusiones, además de lograrse captar a los más de dos millones de nuevos ciudadanos.

Esta aparente eficiencia del registro electoral, que podría atribuirse a campañas orientadas a aumentar la inscripción de los ciudadanos, enfrenta sin embargo cuestionamientos si lo que se observa es la variación en la tasa de registro de los ciudadanos residentes en cada una de las entidades federales  y estaría en contraposición con los resultados reportados por el propio CNE en un estudio avalado por diversas universidades públicas de ese país, en que se detectó una exclusión del registro superior a ocho por ciento de ciudadanos. 

Así, al comparar los ritmos de crecimiento del registro electoral según reportes del CNE con las tasas de crecimiento poblacional proyectadas por el INE, se descubre que no solamente ha habido un aumento mayor del volumen de registros que el correspondiente a la población, sino que existen claras inconsistencias entre ambos patrones de crecimiento. 

Los elementos anteriores abren serias dudas sobre la consistencia de los datos de empadronamiento. Así, la “inflación” reciente del registro electoral (volumen de nuevos registros por encima del correspondiente aumento poblacional) representa hoy en día más de 15% del registro total.     Los electores adicionados podrán, desde luego, concurrir a las urnas para respaldar la reforma constitucional en los próximos días y con ello dar paso al nuevo régimen centralizado, donde podrá continuar indefinida y legalmente Hugo Chávez en la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. 

Esta situación no es desconocida, claro está, por los opositores al Presidente Chávez, quienes denuncian que el Registro Electoral Permanente de Venezuela se encuentra totalmente adulterado y viciado, sobre todo desde que se dotó de cédulas de identidad a millones de extranjeros sin control alguno, de que se incluyeron registros duplicados con el mismo nombre y fecha de nacimiento y electores virtuales sin domicilio conocido. 

Pero, de nueva cuenta y luego de los múltiples errores cometidos por los opositores a Chávez en diversos momentos de la historia reciente de este país, primero con la malhadada coalición que perdiera la Presidencia en 1998, luego con el frustrado intento golpista de 2002, el retiro de las elecciones parlamentarias tres años después y la división posterior a los comicios del año pasado, la oposición no alcanza a lograr un consenso frente a los sucesos. 

Unos creen que deben y es posible participar y derrotar la propuesta de reforma en las urnas. Otros llaman a la abstención. Y algunos más radicales convocan a impedir el referendo, mediante acciones de resistencia activa. Pareciera así que el camino ante la reforma para los opositores es la rebelión civil o aceptar a Hugo Chávez en el poder, tal vez para siempre.