El Búho de Minerva

I

II

Pero, más allá de la acción solidaria y la respuesta eficiente ante lo urgente, han surgido voces que reclaman o parecieran externar críticas a las condiciones que posibilitaron que ocurriera esta tragedia.


Las hay locales, con su dejo de oportunismo partidario. Pero otras han sido las voces surgidas del exterior, en particular la destacada referencia a una declaración de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que apunta que la tragedia se pudo evitar con “medidas relativamente sencillas y fáciles de aplicar”, tales como el establecimiento de sistemas de alerta temprana, evaluación de riesgos, planes de desalojo, educación a la población vulnerable y planeación del uso de tierra.


Al respecto, Sálvano Briceño, director de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de la ONU, recordó que este tipo de medidas "no estructurales" ( que no se relacionan con grandes decisiones gubernamentales) están al alcance financiero de la mayoría de las comunidades.


Cabe recordar que, desde hace una década, la propia ONU había advertido ya de la posibilidad de un desastre en Tabasco como el ocurrido, según recordó en estos días la organización Greenpeace en México.


Tan es así que, apenas hace ocho años, en 1999, la ocurrencia de diversos fenómenos climatológicos extremos derivó en precipitaciones muy superiores a los niveles acostumbrados, provocando el desbordamiento de ríos en las partes bajas de la entidad y la inundación de grandes extensiones, como fue el caso de la ciudad de Villahermosa.


Como respuesta a esos hechos, la Comisión Nacional del Agua (CNA) inició los trabajos del Plan Hidráulico de Tabasco (PHT), cuya prioridad manifiesta fue brindar seguridad y tranquilidad a la capital tabasqueña ante el embate de futuros fenómenos meteorológicos. Entre los trabajos a realizar destacaban obras de protección, levantamiento de bordos de contención y desazolve de ríos, para resolver supuestamente en definitiva la problemática de inundaciones en la entidad.


Luego, en 2003, fue creado el Proyecto Integral de Control de Inundaciones (PICI), entre la Comisión Nacional del Agua y el gobierno estatal, con una inversión superior a los dos millardos de pesos, para resolver definitivamente “las inundaciones sistemáticas, principalmente en la ciudad de Villahermosa”.


Así, para estos fines el gobierno federal canalizó a los gobiernos de la entidad miles de millones de pesos durante años recientes, sin que se haya logrado la utilidad esperada de la aplicación de estos recursos.


Esto ha llevado a algunos a demandar la aclaración del destino de estos recursos y a reclamar una responsabilidad de las administraciones de Tabasco en la tragedia, incluyendo en ello la postergación en la realización de obras hidráulicas programadas y con recursos asignados.


Pero no todas las acusaciones han ido dirigidas hacia los gobiernos del Estado. También se ha cuestionado la falta de prudencia y previsión en el desfogue de la presa Peñitas por parte de la Federación.


Todo ello obliga a que, una vez que se haya superado la emergencia, se lleven adelante las investigaciones conducentes para determinar los elementos que pudieron haber incrementado la magnitud de la tragedia.


Es verdad que en ello juega un papel muy importante el cambio climático y su secuela de variación de los volúmenes de precipitaciones fluviales, pero tal vez ello no sea todo lo que explique lo ocurrido. Puede decirse, al margen de razones técnicas que es difícil determinar por un lego, que la naturaleza es condición necesaria, pero que eventualmente concurrieron otros factores para determinar la magnitud de la tragedia.


En todo caso, el desastre resultaba previsible y era financiera y materialmente factible avanzar con las obras de infraestructura para evitarlo y llevar adelante programas orientados a la disminución de su impacto, educando a la población para enfrentar mejor estas situaciones.


Por ello, sería de primordial importancia clarificar las razones de la postergación de las obras y deslindar que tanto este fenómeno fue producto de causas naturales y qué parte es producto de ineficiencias o, inclusive, de corrupción.


Y ello no para que se emprenda una “cacería de brujas”, aunque habría que sancionar todo lo que se descubriera fraudulento y efectuar una investigación abierta, transparente, de cara a la ciudadanía, no como asunto privado o encubierto que pudiera proteger intereses y prestarse al juego político.


El objetivo central sería entonces determinar puntualmente los factores propiciadores de esta tragedia y la participación de cada uno de ellos en lo ocurrido, para llevar adelante, ahora sí, las acciones que efectivamente eviten su repetición, sean estas obras materiales que impidan lo que sea posible, o programas sociales de educación y organización que aminores los efectos de los meteoros en lo que no sea posible evitar.


Está de más decir que en ello no puede dejarse de lado la tarea de evaluar acciones radicales que resuelvan de fondo el problema.