El Búho de Minerva

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" 2007-12-04

Durante las últimas semanas ha sido mucha la tinta gastada para analizar los cambios al Código Federal de Institucionales y Procesos Electorales. Por la relevancia de la reforma y lo controversial de algunas adecuaciones, es menester volver a tocar algunos de los puntos polémicos de la propuesta sujeta a discusión, en el entendido de que ésta aún no ha cerrado y, por ende, pudieran darse modificaciones de última hora que alteraran el panorama.

El cuestionamiento a la reforma constitucional aprobada recientemente, en lo tocante a las campañas, lo centramos no tanto en lo relativo al cambio en el sistema de adquisición de tiempos para la difusión de propaganda electoral, sino a la lógica restrictiva a la dinámica de promoción de candidaturas que derivaría de las nuevas regulaciones.

En este contexto, el debate en torno a las sanciones a los medios que no respeten el pautado de publicidad electoral que se establezca o que incumplan con las restricciones que prohíben la venta de tiempos para propaganda electoral al margen de lo controlado por el Instituto Federal Electoral pareciera un exceso.

Una vez establecidas las restricciones, sean buenas o malas, lo que la ley electoral busca sancionar es el incumplimiento de lo normado. En una era en que los cortes preestablecidos en las trasmisiones para dar paso a la publicidad son ya comunes en muchas estaciones, resulta sumamente viable que los concesionarios simplemente aseguren la trasmisión de la publicidad oficial en los tiempos establecidos, lo que evitaría que se les sancionara por incumplimiento en este punto.

Respecto a la limitación en los contenidos,  la controversia se centró en la eliminación del carácter de sugerencia por la aparente obligatoriedad en los lineamientos generales que expida el Instituto Federal Electoral sobre la información y difusión en las emisiones informativas de medios electrónicos de las precampañas y campañas.

En el pasado, cuando las autoridades disponían de multimillonarias bolsas de recursos no fiscalizados para el control de medios, mientras que sus oponentes carecían de cualquier capacidad de incidencia en las posiciones que adoptaran los comunicadores, podría pensarse que lo deseable era que desde el Estado se vigilará y condicionara un equilibrio mínimo.

Hoy día, sin embargo, la diversificación de espacios informativos –mayor que la de la propiedad de los medios- hace impensable que los comunicadores que cuentan con espacios en radio y televisión puedan al unísono converger en apoyar a una única opción electoral.

En esta nueva realidad, ¿es conveniente pensar en el equilibrio para cada espacio informativo o en el logro de un equilibrio producto de la concurrencia de distintas voces en el espacio de difusión? La pluralidad y diversidad en los medios es pertinente, pero ello no quiere decir que lo ideal es que cada comunicador esté obligado a una neutralidad que, además, se antoja imposible.

No está de más apuntar que en la regulación de medios no se ha puesto atención particular en las nuevas tecnologías, que pudieran ser un campo fructífero para una propaganda dinámica e imaginativa, que cada vez pudiera tener un mayor impacto en el público, dado el crecimiento del acceso a la red mundial entre los mexicanos.

Un punto adicional, que surgió como manzana de la discordia entre partidos mayores y menores, es el del condicionamiento de la conservación del registro al logro de un nivel mínimo de votación por cada partido por sí sólo, al margen del respaldo potencial que pudieran dar a una candidatura en común.

En la práctica, la propuesta original viene a eliminar los esquemas de reparto mediante acuerdo entre partidos de las proporciones de votos, asientos y presupuestos a adjudicarse a cada participante en una coalición, al separar los logotipos de cada concurrente y obligar a que el voto ciudadano sea por un partido específico y no por una coalición.

El debate emerge del entendimiento por parte de los partidos mayores de que ello repercutiría en que el registro fuera conservado por un partido sí y sólo sí obtiene por sí mismo la proporción de dos puntos de la votación requerida convencionalmente, lo que eliminaría partidos que parecieran vivir como rémoras de los mayores.

Empero, desde la perspectiva de partidos menores, su aportación con recursos financieros y humanos a una coalición repercute en el aumento del respaldo y capacidad de operación para un candidato abanderado por un partido que lidera la coalición, partido que tenderá a concentrar los votos, en detrimento de la aportación efectiva que haga a la causa el partido menor.

No es claro cuál argumentación corresponde a la realidad en la toma de decisión sobre el sentido del voto de los ciudadanos, pero no puede descartarse así sin más alguna de ellas. Por ello, pareciera que el acuerdo intermedio al que se llegará, de demandar que un partido que vaya en alianza reúna al menos la mitad de la votación mínima requerida por sí mismo, pareciera sensata.

Un último punto: si bien cuestionamos la pertinencia y mecanismo para el relevo en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, una vez decidido este relevo resultaba indispensable realizar un proceso de selección de los nuevos consejeros lo más abierto y transparente posible.

Dentro de lo limitado del tiempo disponible, el mecanismo de decisión concentrado en el órgano directivo de la Cámara de Diputados no pareció ser el más afortunado y la apertura a inscripciones por propuesta individual o respaldo colectivo bien pudo ser una forma de enmascarar un proceso de elección desde las cúpulas de las representaciones legislativas partidarias. En todo caso, reglas como el ensayo expositivo sobre la tarea del Instituto para la aplicación de las nuevas leyes no deja espacio a la crítica como elemento que de píe a ocupar en encargo.

A pesar de la advertencia anterior, al revisar la lista de los ciudadanos que se inscribieron en general y de quienes cumplieron con los requisitos de la convocatoria, no puede uno más que reconocer que en esa lista se encuentran presenten muy diversos mexicanos, muchos de ellos con méritos indiscutibles para ocupar las sillas de consejeros que quedarán vacantes.

Toda relación parcial podría pecar de injusta, pero bien pudiéramos destacar los nombres des miembros de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, como Leonardo Valdés, Javier Santiago, Juan Reyes del Campillo, Víctor Alarcón, Jaime Rivera, entre otros.

Hay asimismo personas con actividad pública conocida, académicos y analistas prestigiados, como Mauricio Merino, Jaime Cárdenas, Fernando Serrano, Rosa María Mirón, María de los Ángeles Fromow, Genero Góngora Pimentel, María Marván, Lorenzo Córdova, Pablo Arredondo, José Fernández Santillán, Benito Nacif, Ezra Shabot, Carlos Sirvent, Arturo Martínez Nateras, Mireilli Roccatti, José Fernando Ojesto, y más. 

He aquí una muestra de menos de la quinta parte de los concurrentes (la lista completa está enlazada abajo). Desde luego que entre ellos se puede encontrar tres personas con sobrada capacidad para ocupar los cargos, quienes cumplan cabalmente los requisitos establecidos. La elección de una terna de nuevos consejeros que resulte legítima a los ojos de partidarios y ciudadanía interesada será fundamental para fortalecer al nuevo Consejo y no ahondar en el deterioro del Instituto Federal Electoral, consecuente con la reforma realizada y que ha sido materia de otros ululares.   

iiin Luego de la reforma electoral (14 de septiembre de 2007).

iiio ¿Para quién es la reforma? (21 de septiembre de 2007).

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