El Búho de Minerva

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 " 2007-12-17

Cuando se pasa de lo grande a lo pequeño, se sufren transformaciones.

Tal es el caso del paso de Shakespeare a Chespirito, con el respeto que ambos autores merecen, aunque el “dramaturgo” mexicano bien pudiera ser hallado culpable del guión de los acontecimientos más recientes en el ámbito electoral. 

Un arduo procedimiento de selección de los nuevos consejeros electorales acabó así volviéndose una farsa que simplemente abona en el descrédito de las instituciones nacionales. Vayamos revisando los pasos dados.    

I

Recaer en lo innecesario del relevo en el máximo órgano del Instituto Federal Electoral (IFE) es necear en la obviedad ya argumentada. Los cambios en el Consejo General se atribuyeron a dos razones distintas e inconexas: la necesidad de adecuar al órgano frente a las nuevas disposiciones normativas, lo que no será ya el caso; o la conveniencia de contar con un órgano cuyos integrantes gocen de la confianza de los contendientes, lo que además de ser ajeno a la definición misma de la autoridad electoral,  tampoco es seguro que se consiga.

En contraparte, otros vimos en la remoción anticipada de los consejeros la vulnerabilidad del órgano, cuya autonomía se pone en entredicho cuando los legisladores se subrogan la capacidad de renovarlo fuera de tiempo. Ya hemos argumentado este punto.

Ahora, las nuevas reglas que suponen la viabilidad de reelección del Consejero Presidente y la posibilidad de remoción por incumplimientos detectados desde un órgano de control dependiente del Legislativo no hace más que debilitar la autonomía alguna vez lograda. También en ululares pasados este asunto ha sido tratado.

Todo lo anterior, la margen de que los triunfadores de los comicios del año pasado le otorgan al contrario en bandeja de plata la sustentación histórica de la existencia de irregularidades en el proceso, de tal magnitud que obligaron al relevo de la autoridad electoral. Las lecturas históricas se van escribiendo con evidencias que las sustenten, no con buenas intenciones.

Pero, en fin: los cambios se aprobaron. Y para concretarlos se inicio un procedimiento peculiar de convocatoria abierta, donde lo mismo se presentaron destacados mexicanos que cubrían a cabalidad los requisitos establecidos, como personas que vieron la oportunidad de participar, aunque su perfil profesional o credenciales no correspondiese con lo demandado. 

Ya de por sí era cuestionable enfrentar por única ocasión un procedimiento especial para la definición del responsable de la máxima responsabilidad electoral, cuya estancia se pudiera prolongar por más de una década. ¿No era posible dar más tiempo para hacerlo de mejor manera y no mediante un proceso ad hoc? Al final de cuentas, se dispuso irregularmente de más tiempo, pero el proceso se hizo como si la premura fuera real.

Fue entonces que se obligó a llevar adelante un proceso de evaluación sobre las rodillas, que permitiera decantar quienes tenían posibilidades reales de optar por las posiciones. Y digo sobre las rodillas porque ni estuvieron todos los que debieron estar de entre los inscritos (por ese famoso rubro de “errores y omisiones” que afectara en casos como el de un colega), ni todos los incluidos es seguro que debieron estar. 

Luego vinieron las comparecencias, trasmitidas por el canal del Congreso, que fundaban una evaluación numérica que finalmente no sería criterio exclusivo para la definición de una lista de 39 posibles. El hecho de que las evaluaciones no fueran la guía final en mucho pudo deberse a que detrás de las calificaciones se expresaron fobias y filias que obligaron a reconsiderar los casos e incluir algunos más que era pertinente que estuvieran, al parecer de la mayoría de los miembros de este cuerpo calificador. Pero el proceso de auscultación no contó con criterios universales y objetivos de inclusión-exclusión, como sería deseable.

Así, el proceso completo, hasta la definición de los treinta y nueve, careció de la transparencia indispensable que dotara de legitimidad a las decisiones. Tal vez para algunos participantes en el proceso de calificación haya sido claro por qué al final estuvieron quienes estuvieron, pero para los ciudadanos que participaron y para quienes observamos el proceso desde fuera, la lógica que se siguió nos fue “caja negra”.

La fase final ya no sería un momento para el análisis político, sino para la crítica teatral. Es posible que el representante de una fracción no haya tenido capacidad de modificar su propuesta por sí mismo, sin el logro de consensos en su propia formación, que en todo caso estaba obligado a lograr desde antes. Es viable que los representantes de los otros partidos hayan concedido una ventana de oportunidad para evitar la repetición de una decisión por mayoría, sin el concurso de una de las principales fuerzas partidarias, pero ocurre que se tomaron atribuciones en demasía. 

Mucho se han llenado la boca los partidos que hoy conceden un tiempo adicional a quienes se empecinan o no pueden flexibilizar su propuesta de que la ley es la ley y hay que cumplirla. El caso más reciente bien puede ser el desafuero del Señor López Obrador, donde se hablaba de que la ley no debe violarse, sin importar lo justa o injusta que sea.

La legislación reciente, aprobada por los mismos legisladores que hoy tienen que cumplirla, establece textualmente en un transitorio que los Señores Diputados tienen 30 días para nombrar a los nuevos integrantes del Consejo General del IFE. Dice que mientras lo hagan, los consejeros deberán permanecer en su encargo, no que de no hacerlo en el plazo perentorio ocurrirá así.

Luego, si las autoridades sólo están posibilitadas de hacer lo que la ley expresamente les permite, no pueden dilatar una decisión a la que están obligados, por más que argumenten que el espíritu de la norma era poder tomarse más tiempo y por ello la salvedad final de la permanencia indefinida de quienes podrían ser despedidos de inmediato. Menos aún es aceptable que se admita la violación, pero que consideren imperfecta la falta, ante la carencia de sanción.

Este estiramiento de la norma dio la oportunidad para que el Consejero Presidente por salir pudiera renunciar, echando en cara a los legisladores la violación a la norma, la carencia de certeza y los daños cometidos contra la autoridad electoral en el tránsito. Permitieron así convertirse en héroe a quien corrieron sin respetar. 

De la farsa legislativa a la comedia en el Instituto sólo restaba un paso. Y ese paso se dio en el empate de fuerzas entre dos fracciones en el seno del Consejo General acéfalo y la disputa por la vacante temporal, donde más allá de las negativas explícitas de unos a su pretensión, para muchos observadores varios consejeros “sacaron el cobre” para pelear con denuedo, por decirlo amablemente, la posición.

La convocatoria urgente tuvo que posponerse así un par de días, dejando en el aire el cumplimiento de la previsión del artículo 114 del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales recientemente aprobado, pero no modificado en este aspecto, por el cual es el Consejero Presidente quien puede convocar a sesiones extraordinarias del Consejo General.

De nuevo, imperfecciones de la norma al no preverse la ausencia definitiva del Consejero Presidente y la incapacidad de cumplimiento de disposiciones consecuentes con su presencia que resultan irrelevantes, pero que nos habla de que la norma es flexible a veces y rígida en otros casos.

Enhorabuena para Andrés Albo. El nuevo Consejero Presidente provisional del IFE es un científico social con postgrados en Estados Unidos, casi dos décadas de experiencia en el área de estudios sociopolíticos de un banco y más de diez años participando en asuntos electorales, como observador y luego como consejero local, amén de los cuatro años como Consejero Electoral del propio IFE.

Sus cartas credenciales y su experiencia en el campo electoral lo acreditan luego para ejercer la función que asume; lástima que el escaso tiempo con que cuenta y los acuerdos de coyuntura reduzca su función a la mera continuidad en el cumplimiento de tareas urgentes. Pero ya vendrán tiempos y encargos en los que Andrés podrá demostrar su valía a plenitud.  

• Berrueto, Federico, “Gandulas quienes mandan”, Milenio, 15 de diciembre de 2007.
• Revueltas, Román, “El asalto al IFE: mancha indeleble”, Milenio, 16 de diciembre de 2007.
• Sáenz, Liebano, “Democracia sin demócratas”, Milenio, 14 de diciembre de 2007.
• Silva-Herzog Márquez, Jesús, “Como aniquilar la autonomía”, Reforma, 16 de diciembre de 2007.
• Valencia, Juan Gabriel, “Consensos ilegales”, Milenio, 14 de diciembre de 2007.