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Bitácora sobre asuntos públicos de Ricardo de la Peña

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Se muestran los artículos pertenecientes a Agosto de 2007.

Resumen

Encuestas de salida: ¿Qué hacer?

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"  2007-08-17

    

El diagnóstico parece claro: en México, hoy día, las encuestas de salida y los conteos rápidos no están cumpliendo la función que de ellos se espera: anticipar los resultados de las elecciones.

  

Si en un pasado cercano estos ejercicios permitían conocer al ganador la misma noche de la elección, hoy han dejado de cumplir este papel. Ello en parte se debe a la cada vez más frecuente ocurrencia de triunfos por escaso margen, pero también a la precaución de medios y casas encuestadoras que es hoy mayor que antaño.

  

Una tradición extraña a otras democracias ha prevalecido en nuestro país respecto a la difusión de resultados de encuestas de salida y conteos rápidos, a lo que no es ajeno el que su realización estuviera originalmente vinculada a respaldos gubernativos (como bien recuerda Jorge Alcocer): la decisión de no difundir dato alguno en caso de que, al parecer de los responsables de los estudios –medios o investigadores-, no exista una distancia suficiente entre primero y segundo lugar como para no errar ganador. Esta costumbre se ha cumplido la mayor parte de las ocasiones y ha justificado el silencio muchas otras veces.

  

Si bien este procedimiento evita equívocos, también permite confusiones. Basta recordar que, ante lo efectivamente cerrado de la contienda presidencial del año pasado, la carencia de reporte alguno producto de encuestas de salida posibilitó que la dirigencia del partido que ocupó finalmente un distante tercer lugar especulara que todavía estaban dentro de la pelea.

  

En las elecciones posteriores ha sido cuestionable el papel de las encuestas de salida: en unos casos (Yucatán y Baja California), las patrocinadas por medios electrónicos no han sido divulgadas, a pesar de que al final de cuentas el resultado fue suficientemente abierto como para que se esperara que fuera posible definir un ganador; en otro caso (Chiapas), las encuestas de salida difundidas previeron una diferencia muy superior a la real; en uno más (Tabasco), algunos medios retrasaron la salida de las estimaciones, a pesar del amplio margen de victoria que se registró.

  

Que las autoridades electorales concurran al esfuerzo por dotar al público de información oportuna sobre los resultados electorales vía este tipo de ejercicios no ha corrido con mejor suerte. La corta distancia entre primeros lugares en la elección presidencial y la camisa de fuerza impuesta a la apertura de los datos del conteo interno del IFE, impidió la divulgación de los resultados de este ejercicio la noche la elección. Y en el caso de Baja California, el silencio pareciera relevar más una voluntad de ocultamiento que una limitación de la herramienta.

  

De esta manera, la experiencia reciente refleja la imprecisión propia del instrumento, confiable para conocer perfiles de votantes, momentos de decisión y motivaciones del voto, pero incierto en cuanto a las distribuciones efectivas de los sufragios, al estar sujeto a diversas fuentes de error no muestrales, que no afectan los más precisos ejercicios actuariales de conteo rápido. Pero también es expresión de una aversión al riesgo de corporaciones mediáticas y encuestadoras, que prefieren proteger prestigios e intereses y mantenerse silentes, aunque ello vaya contra la confianza ciudadana en los comicios y sus resultados.

  

¿Qué hacer frente a esta situación? Desde luego que, como sugiere Francisco Báez, es necesario que se insista en los límites de los instrumentos y que se revisen procedimientos de estimación a la luz de la experiencia reciente. Pero hay otra opción, que pasa por la revisión de las lógicas de divulgación que se han hecho práctica regular en México, pero que pudieran ser distintas.

  

En otras naciones, se distingue entre la puesta a disposición del público de las estimaciones producto de encuestas de salida y conteos rápidos y la posibilidad de definir un ordenamiento definitivo de los contendientes a partir de estas estimaciones. Así, una cosa es dar a conocer los datos arrojados por estos ejercicios y otra colocar banderas que otorguen el triunfo a uno u otro contendiente. Y el público se ha acostumbrado y aprendido a interpretar esta información.

  

En el caso de México, los medios de comunicación y las casas encuestadoras se subrogan el derecho no solamente de decidir, con base en razones técnicas y experiencia, si es posible o no determinar un ganador, sino que en el supuesto de que consideren que no es posible hacerlo, simplemente secuestran los datos de los ojos del público, dizque para evitar confusiones... aunque a veces abran con ello el espacio a especulaciones y desconfianzas.

  

¿Y qué tal si cambiamos esta práctica? ¿Qué tal si, a partir de la hora oficial del cierre de casillas, se difunden las estimaciones producto de las encuestas de salida, aclarando si permiten o no definir un ganador, pero sin esconder dato alguno (incluyendo idealmente las estimaciones puntuales y los intervalos)? ¿Qué tal si permitimos que estas estimaciones vayan ajustándose a medida que se acopie mayor información, de cara al público, con reportes vía electrónica en tiempo real o cintillos que corran por la televisión y que vayan reportando los cambios en los datos, como ocurre con los programas de resultados preliminares? ¿Qué tal si dejamos de tratar a los ciudadanos como infantes y respetamos su derecho a estar informados, quitándole el poder a medios y encuestadores de decidir por el público y esconder los datos productos de las encuestas de salida? ¿Qué tal si concebimos la difusión de las encuestas de salida y conteos rápidos como un servicio de interés público accesible a los electores, aún y cuando sea realizado por instituciones privadas?

  

Tal vez sea el momento de pensar en un servicio nacional de encuestas de salida que, con  probado rigor técnico y reuniendo la experiencia de investigadores diversos, garantice la apertura y transparencia de la información producida por mediciones por encuesta y conteos durante las jornadas electorales.

  

Así, cuando las casillas cierren luego de una elección, los ciudadanos tendrán la certeza de que podrán conocer los datos que arrojan las encuestas de salida, permitan éstos definir o no un ganador, y más tarde los resultados de los conteos rápidos, como pueden y tienen derecho a conocer los datos de otras fuentes que brindan al público y a los interesados información preliminar oportuna sobre los resultados electorales, aunque estos datos no siempre permitan saber quién fue el ganador.

     

 

Comentarios:  *  ricartur@prodigy.net.mx 




Vínculos externos
 

Alcocer, Jorge, "Dilema", Reforma, 14 de agosto de 2007 (acceso sólo para suscriptores).

Baez, Francisco, "Encuestas: soplarle al jocoque", La Crónica de hoy, 14 de agosto de 2007.

 

                   

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10/08/2007 20:45 Autor: buhominerva.

Sobre el paradigma demoscópico

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" 2007-08-24

               

Extracto del ensayo: "Las encuestas previas a la elección presidencial 2006: reflexiones para el debate”, próximo a publicarse en: Veredas, Revista del Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México, número 14, primer semestre de 2007.

       

Luego de la elección presidencial de 2006 se ha abierto en México un debate en torno al significado de las estimaciones por encuesta que se difunden previamente a los comicios: ¿son un diagnóstico que refleja solamente el estado de las preferencias electorales en el momento de toma de datos o constituyen de alguna manera un pronóstico respecto al resultado esperable de la elección?

          

La polémica mencionada ha derivado en una polarización que entorpece el debate esencial sobre el significado de los datos producto de encuesta. Por un lado, quienes se orientan por negar el carácter de prognosis de los resultados de estudios demoscópicos, apuntan que la calidad de la investigación no debe medirse por la adecuación entre estimaciones y resultados electorales, sino por el método utilizado, negando toda posibilidad de falsación de un estudio mediante el cotejo de sus datos con el resultado electoral y reduciendo las diferencias entre estimaciones y resultados a meras consecuencias de variaciones en las preferencias entre el momento de la medición y el de la elección, sin atender a potenciales errores de carácter no muestral que pudieran generar sesgos sistemáticos en las mediciones de determinadas casas encuestadoras.

            

Por el otro lado, quienes se inclinan por afirmar el sentido anticipatorio que está detrás de la difusión de resultados de encuestas, suelen reducir la evaluación a la pura confrontación entre estimaciones “finales” de las diversas casas encuestadoras con los resultados oficiales, haciendo tabla rasa de aspectos metodológicos que son relevantes, en tanto pudieran incidir en la calidad de los estudios.

           

Detrás de esta polémica se encuentran hechos que resultan a todas luces relevantes: en las dos últimas elecciones presidenciales, ninguna estimación final de una serie de encuestas patrocinada por un medio de comunicación nacional ha ubicado en primer lugar al candidato que resultó finalmente ganador de los comicios; de igual manera, ninguna estimación final de una serie de encuestas pública que fuera producida por una empresa investigadora certificada conforme al “Estándar de Servicio para la Investigación de Mercados en México” de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI) ha observado un ordenamiento de candidatos que fuera coincidente con el resultado oficial de la elección. ¿Es que acaso los criterios de certificación del trabajo profesional en el campo demoscópico no redundan en una mayor adecuación entre estimaciones y resultados? ¿acaso los medios de comunicación nacionales son totalmente incapaces de efectuar una selección de proveedores de estudios que maxime la probabilidad de estimaciones acertadas?

                 

En contraparte, si desde el lado de las organizaciones responsables de los estudios es factible encontrar las diferencias anteriores, cuando lo que se observa es el carácter del patrocinador no se descubren regularidades. Del lado de las encuestas que han dado un ordenamiento certero de los contendientes se encuentran lo mismo encuestas patrocinadas por instancias partidarias que proyectos sindicados o con patrocinio privado.

       

Además, puede decirse que si la ciencia es, como pensaba Robert Merton, “la extensión de los conocimientos certificados” -es decir, “enunciados confirmados empíricamente y coherentes desde el punto de vista lógico, relativos a regularidades (que no son otra cosa que predicciones)”, como bien recuerda Judson- la experiencia en el campo de las encuestas preelectorales en México no ha venido a confirmar el paradigma de investigación vigente.

          

Y cuando hablamos de paradigma de investigación referimos de manera directa a un canon metodológico adoptado de la teoría y experiencia anglosajona que se conforma al menos por los siguientes principios: una encuesta por muestreo cuyo objetivo sea conocer las preferencias electorales de los ciudadanos antes del momento de la elección deberá consistir en una cantidad suficiente de entrevistas realizadas cara a cara en hogares a ciudadanos seleccionados conforme a procedimientos de muestreo probabilístico, con controles de calidad probados y estandiarizados, utilizando un cuestionario estructurado cuya primera pregunta relevante recupere mediante la técnica de boleta y urna la intención de voto del informante.

         

Esta metodología ortodoxa no ha probado ser condición suficiente para disponer de estimaciones insesgadas sobre las preferencias electorales ni su carácter apodíctico se ha fundado en evidencia. De hecho, puede demostrarse que casas encuestadores que han venido difundiendo por más de una década estimaciones por encuesta que resultan por lo común coincidentes en su medición final con el resultado oficial, han abandonado uno o varios de los principios canónicos, bien sea por no acudir a la técnica de boleta y urna, bien por además ubicar el cuestionamiento sobre intención de voto no al inicio de la entrevista, sino en un lugar avanzado, partiendo del rechazo al principio de tabla rasa y adoptando una lógica más acorde con Zaller, donde se  reconocería que los ciudadanos han de emitir su sufragio en un entorno de reflexión que observará necesariamente -aunque con énfasis diferenciado- aspectos retrospectivos y prospectivos sobre la gestion de gobierno, imágenes genéricas de los contendientes e información básica sobre los comicios, entre otros puntos.

         

En contraparte, el apego al canon vigente ha redundado en una proporción de equívocos en las mediciones finales previas a elecciones presidenciales que rebasa la probabilidad esperada (conforme a lo sugerido por Barrow), dado que menos de la mitad de encuestas nacionales cara a cara en hogares próximas a la elección han acertado ganador en las dos últimas contiendas presidenciales.

      

Retomando una sugerencia del académico Federico Estévez, habría que revisar a la luz de la experiencia el empleo de la técnica de boleta y urna para la pregunta sobre intención de voto y, agregaríamos, analizar la pertinencia de adoptar metodologías heterodoxas que han sido existosas en la práctica. Ello, recordando que, como dijo Howard Schachman (citado por Judson), ”los experimentos más brillantes, ingeniosos y renovadores suponen una desviación de las prácticas comúnmente aceptadas por la comunidad científica”.

 

Comentarios:  *  ricartur@prodigy.net.mx 



Referencias bibliográficas. 

     

Barrow, John D., Imposibilidad, Barcelona, Gedisa, 1999.

      

Judson, Horace F., Anatomía del fraude científico, Barcelona, Crítica, 2006.

     

Zaller, John R., The Nature and Origins of Mass Opinion, Cambridge University, 1992.

         

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24/08/2007 03:56 Autor: buhominerva.

Para una mayoría legislativa

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" 2007-08-31

               

    

El debate actual sobre el sistema electoral mexicano pone énfasis, entre otros puntos, en los problemas para la formación de mayorías legislativas consustanciales al sistema mixto limitado vigente en el país (Molinar y Weldon). Frente a ello, se ha sostenido la pertinencia de reducir el número de legisladores de representación proporcional para responder a reclamos de disminución del tamaño de los órganos legislativos y facilitar la supuesta formación de mayorías legislativas, lo que en la práctica no resulta necesariamente cierto (De la Peña).

  

 

En un foro realizado hace ya tres años sobre Gobernabilidad democrática: ¿qué reforma?, convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional y la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados, fue argumentada la pertinencia de considerar la adopción de modalidades híbridas para el gobierno de la República, mediante la creación de una Jefatura de Gabinete emanada de una mayoría legislativa, con condiciones para su relativa inamovilidad, que fuerce la definición de una coalición mayoritaria básicamente estable en el seno del órgano legislativo, no en el área electoral, donde las coaliciones se han mostrado efímeras y engañosas para el elector e inútiles para fines de gobernabilidad (Crespo).

       

 

Recientemente, el tema volvió a ponerse en la mesa al enfrentarse una vez más el pantano en que se ha convertido el ritual de entrega del Informe de Gobierno. Castañeda recuerda que, frente al acuerdo mayoritario a favor del debate entre el Ejecutivo y los legisladores propuesto por el Presidente Calderón, ello significaría un cambio al régimen político por la puerta de atrás, mientras que lo pertinente es una reforma que de paso a un sistema semipresidencial, tipo francés, que “permita formar mayorías, respetar minorías, y garantizar gobernabilidad, todo ello en democracia”.

    

 

Pero, ¿es verdad que una reforma que separe jefatura de Estado y de gobierno y que haga depender la formación del gabinete al respaldo de una coalición legislativa mayoritaria resolvería los entuertos en que estamos metidos? Dejadme lucubrar por un momento al respecto.

  

 

Como acertadamente ha apuntado Aguilar Camín, detrás de la fragmentación del voto y la representación entre tres fuerzas políticas no se encuentra solamente un diseño institucional y reglas específicas para la formación de los órganos legislativos, sino que esta carencia de mayorías es reflejo de divisiones reales, profundas y relativamente estables en la sociedad mexicana. Nuestra sociedad se encuentra así dividida entre tres opciones políticas, cada una de las cuales cuenta con un piso insuficiente para alcanzar una condición mayoritaria por su cuenta.

     

 

De esta forma, una reforma del sistema que diera paso a un régimen semipresidencial pudiera llevar a varias situaciones en las que nuevamente se abriría el espacio a la crítica sobre el modelo. Primero: no sería difícil que la mayoría la conformaran fuerzas políticas que hayan salido derrotadas en la elección, de manera tal que se margine a la primera fuerza del gobierno.

   

 

Segundo: no sería tampoco extraño que la coalición mayoritaria que se forme esté sujeta al chantaje de componentes minoritarios, que amenacen reiteradamente con abandonar la coalición o no brindar un voto de confianza si a cambio no se satisfacen demandas particulares de grupo, lo que llevaría a que las políticas públicas quedaran efectivamente en manos de una minoría o a que se diera una inestabilidad por gobiernos de corta vida, ante el frecuente recambio en las alianzas, como de hecho ha venido ocurriendo hoy en día en el legislativo federal.

      

 

Mas, entonces, ¿cuál pudiera ser el remedio? Una pista nos la brindan las encuestas nacionales posteriores a las elecciones presidenciales recientes en México, que nos muestran cuáles han  sido las preferencias antes y después de una elección presidencial. Veamos.

     

 

En julio de 2000, sobra recordar, la Alianza por el Cambio, del PAN y el Partido Verde, apenas logró superar por un punto la votación lograda por el PRI. Tres meses después, en octubre, según los resultados de la encuesta nacional GEA-ISA, el PAN por sí sólo habría alcanzado la mayoría absoluta de los votos (53%), duplicando la votación por el PRI (26%), quedando el PRD en el nivel de 19%.

    

 

Seis años después, en julio de 2006, Acción Nacional se alzó con el primer lugar en la votación legislativa, pero apenas con un poco más de la tercera parte de los sufragios, cinco puntos por encima de las coaliciones encabezadas por el PRI y el PRD, que lograron cada una casi 30% de los sufragios. Para noviembre, a pesar de los avatares postelectorales, las preferencas habrían llevado ya a la opción panista a una posición mayoritaria (con 51% de preferencias), superando por más de veinte puntos a los partidos coaligados en torno al PRD y dejando al PRI debajo de los veinte puntos.

     

 

De acuerdo con lo anterior, pareciera que una vez pasada la etapa electoral y definido el ganador de la contienda presidencial, las preferencias electorales de la ciudadanía tienden a reorientarse, favoreciendo mayoritariamente a la opción política que obtuvo la presidencia. Así, la incertidumbre sobre el ganador de la elección presidencial lleva a los ciudadanos a sostener un voto a favor de opciones que no solamente consideran próximas, sino a las que les atribuyen un potencial ganador, pero a las que abandonan cuando reconocen que el triunfo fue logrado por otra fuerza política.

    

 

Esto nos lleva a pensar que una reforma que rompiera con la concurrencia de los procesos electorales ejecutivo y legislativo pudiera derivar en una mayor viabilidad de formación de mayorías legislativas, al eliminar como componente en la decisión del sufragio la incertidumbre respecto al ganador de la elección presidencial.

     

 

Así, los ciudadanos estarían convocados a las urnas para determinar la conformación del legislativo con el conocimiento de quién encabezará el gobierno y podrían emitir su voto con la intención de darle o no una mayoría en el legislativo a la administración por iniciar.

    

 

Desde luego, ello propiciaría muy factiblemente una tasa de participación más baja en la pista legislativa. Pero, ¿de verás importa que concurran más ciudadanos a sufragar para legisladores por la simple razón de que estas elecciones son concurrentes con la presidencial, o preferiríamos contar con un voto legislativo diáfano, producto de la suma de las voluntades de quienes realmente tuvieran interés en participar en la decisión de cómo debe integrarse esta representación popular?

 

Comentarios:  *  ricartur@prodigy.net.mx  



 

Referencias bibliográficas. 

 

     

Castañeda, Jorge G., “¿Otra simulación?”, Reforma, 22 de agosto de 2007.

   

Crespo, José Antonio, “¿Qué reforma?”, El Universal, 30 de septiembre de 2004.

   

De la Peña, Ricardo, “El equilibrio vigente en el sistema mixto de representación legislativa de México”, Revista Mexicana de Estudios Electorales, núm. 3, enero-junio de 2004, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, México, pp. 107-149.

  

Molinar, Juan y Jeffrey A. Weldon, “Reforming Electoral Systems in México”, in: M.S. Shugart and M.P. Warrenberg (ed.), Mixed-Member Electoral Systems. The Best of Both Worlds?, Oxford University Press, New York., 2001, pp. 209-230.

    

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31/08/2007 13:34 Autor: buhominerva.




Sobre "El Búho de Minerva"
buhominerva

«Eule der Minerva beginnt erst mit der
einbrechenden Dämmerung ihren Flug.»

Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

¿Para qué este espacio?

Este espacio está destinado a la publicación periódica de artículos del autor para consumo de los cibernautas interesados. Este proyecto viene a sumarse al esfuerzo por ampliar y perfeccionar los sistemas de comunicación de las actividades que realiza ISA a través de su sitio, con la página ricartur.blogia.com, destinada a presentar información sobre quien encabeza dicha empresa, dando acceso a su currículum y facilitando el enlace con los textos que dan cuenta del trabajo realizado por el autor en los campos del análisis político y la investigación demoscópica.


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Además, y para facilitar la consulta de los contenidos de las diversas secciones que integran esta página, se ha colocado un "nube de etiquetas", utilizando un servicio gratuito para su generación (ZoomClouds).


¿Por qué este título?

Es de sobra conocido que la diosa griega Palas Atenea tomó como su numen a una lechuza. Y es claro que, dada la diversidad de aves rapaces nocturnas que habitan en Iberia, la lengua española permite distinguir lechuzas y mochuelos de búhos y otras especies.


Empero, el ave acompañante de Minerva, versión latina de la diosa de la sabiduría, fue recuperada para el mundo por el filósofo alemán Hegel, quien empleó un genérico para describirla, propiciando que la literatura en español suela recordarla como "el búho de Minerva", antes que como mochuelo o lechuza.


Conscientes de este equívoco, se asume el nombre convencional de El Búho de Minerva para esta columna, pues no solamente remite a la observadora figura mitológica, sino que puede adoptarse como referente del noctámbulo autor de estos textos, en tanto le es más próximo a este residente de la calle de Minerva el calificativo de persona huraña (acepción coloquial de búho según el diccionario de la lengua) que la harrisoniana figura de cobrador de impuestos vinculada al lechuzo. Válgase pues este título para la electrónica columna.




Fuentes citadas:

Hegel,Georg Wilhelm Friedrich, Grundlinien der Philosophie des Rechts,«Vorrede», Bd. 7, s. 9-10.

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Vigésima Segunda Edición.





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"Las encuestas previas a la elección presidencial 2006: reflexiones para el debate"

Veredas, Año 8, número 14, pp. 7-34
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"Votos y asientos en la diputación federal mexicana: modelo teórico y patrones observados”

Apuntes Electorales, segunda época, Año VI, núm. 29, pp. 11-39

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