El Búho de Minerva

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" 2007-12-04 

El domingo 2 de diciembre de 2007 pasará a la historia de Venezuela como el día en que la ciudadanía venezolana contuvo el intento de Hugo Chávez por perpetuarse en el poder.

Sorprendió a propios y extraños el rápido reconocimiento del gobernante a una victoria por escaso margen del “no” a la pretendida reforma constitucional, que hubiera otorgado al Ejecutivo amplias facultades para la creación y gobierno de territorios, la reelección indefinida, el control del banco central y otras muchas adecuaciones que hubieran centralizado más el poder en las manos de una única persona.

Durante los días previos al referendo, fueron muchas las voces que se alzaron para prevenir de los riesgos involucrados en la reforma y muchos los grupos, incluso anteriormente vinculados con el chavismo, que se manifestaron en contra de la pretensión de entregarle tanto poder a un gobernante.

Para los más, este reconocimiento expedito de la derrota muestra el apego a un espíritu democrático en el gobierno de Chávez. Para los menos, es reflejo de lo contundente de la derrota, que tuvo que ser reconocida a pesar del control que el Ejecutivo ejerce sobre el órgano electoral.

El caudal de votos que rechazaron la propuesta hubo de ser de tal magnitud que resultara políticamente inadecuado tratar de defender una victoria por estrecho margen que no hubiera otorgado legitimidad a la reforma.

Pero es importante un acotamiento estadístico: los votos contra la reforma no fueron más que los sufragios emitidos por la opción que se opuso electoralmente a Chávez hace apenas un año. Esto es: el voto contrario a Chávez no creció, sino que electores de Chávez no concurrieron a respaldar la propuesta de reforma en las urnas.

Lo anterior se reflejó en un elevado abstencionismo, que pudiera en parte ser reflejo de lo apresurado de la convocatoria, pero también de la falta de convencimiento de sectores del chavismo por darle un mandato ilimitado al gobernante. 

La rápida aceptación de la derrota por Chávez otorga dignidad a su mandato y legitima las condiciones para la competencia electoral. Los argumentos sobre la inviabilidad de derrotar al chavismo por las vías democráticas quedan ahora sin sustento, lo que obliga a la oposición a continuar participando en la pista electoral.

A futuro, el resultado del referendo sobre la reforma constitucional hoy cancelada abre nuevos caminos para la disputa política en Venezuela: por un lado, puede llevar a una autocontención del gobernante, que acepte el marco acotado por las normas, aunque es más factible que intente otros derroteros para pasar sus propuestas, como pudiera ser la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que tuviera el mandato expreso de reformar la Constitución.

De ser este el sendero, la oposición al chavismo tendría que enfrentar el reto de contender y buscar obstruir las propuestas de cambio mediante el logro de una representación suficiente para contener a la contraparte.

Esto no deja de lado la pertinencia de exigir que se lleven adelante procesos de verificación plena y transparente al registro electoral o el escrutinio y auditoria de las máquinas de votación. Lo que obliga es a no reducir el problema a la censura por limitaciones en las condiciones de competencia y a la clausura de la vía electoral como forma de acceso al poder.

El chavismo, por su parte, debiera tratar de alcanzar una victoria electoral que le permitiera el margen para llevar adelante una reforma constitucional legítima. Y cuales si no éstos son los retos típicos de una democracia.        

iiijj  ¿Para siempre Hugo Chávez? (29 de octubre de 2007).

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Etiquetas: Venezuela, referendo, Chávez, reforma, constitucional

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" 2007-12-04

Durante las últimas semanas ha sido mucha la tinta gastada para analizar los cambios al Código Federal de Institucionales y Procesos Electorales. Por la relevancia de la reforma y lo controversial de algunas adecuaciones, es menester volver a tocar algunos de los puntos polémicos de la propuesta sujeta a discusión, en el entendido de que ésta aún no ha cerrado y, por ende, pudieran darse modificaciones de última hora que alteraran el panorama.

El cuestionamiento a la reforma constitucional aprobada recientemente, en lo tocante a las campañas, lo centramos no tanto en lo relativo al cambio en el sistema de adquisición de tiempos para la difusión de propaganda electoral, sino a la lógica restrictiva a la dinámica de promoción de candidaturas que derivaría de las nuevas regulaciones.

En este contexto, el debate en torno a las sanciones a los medios que no respeten el pautado de publicidad electoral que se establezca o que incumplan con las restricciones que prohíben la venta de tiempos para propaganda electoral al margen de lo controlado por el Instituto Federal Electoral pareciera un exceso.

Una vez establecidas las restricciones, sean buenas o malas, lo que la ley electoral busca sancionar es el incumplimiento de lo normado. En una era en que los cortes preestablecidos en las trasmisiones para dar paso a la publicidad son ya comunes en muchas estaciones, resulta sumamente viable que los concesionarios simplemente aseguren la trasmisión de la publicidad oficial en los tiempos establecidos, lo que evitaría que se les sancionara por incumplimiento en este punto.

Respecto a la limitación en los contenidos,  la controversia se centró en la eliminación del carácter de sugerencia por la aparente obligatoriedad en los lineamientos generales que expida el Instituto Federal Electoral sobre la información y difusión en las emisiones informativas de medios electrónicos de las precampañas y campañas.

En el pasado, cuando las autoridades disponían de multimillonarias bolsas de recursos no fiscalizados para el control de medios, mientras que sus oponentes carecían de cualquier capacidad de incidencia en las posiciones que adoptaran los comunicadores, podría pensarse que lo deseable era que desde el Estado se vigilará y condicionara un equilibrio mínimo.

Hoy día, sin embargo, la diversificación de espacios informativos –mayor que la de la propiedad de los medios- hace impensable que los comunicadores que cuentan con espacios en radio y televisión puedan al unísono converger en apoyar a una única opción electoral.

En esta nueva realidad, ¿es conveniente pensar en el equilibrio para cada espacio informativo o en el logro de un equilibrio producto de la concurrencia de distintas voces en el espacio de difusión? La pluralidad y diversidad en los medios es pertinente, pero ello no quiere decir que lo ideal es que cada comunicador esté obligado a una neutralidad que, además, se antoja imposible.

No está de más apuntar que en la regulación de medios no se ha puesto atención particular en las nuevas tecnologías, que pudieran ser un campo fructífero para una propaganda dinámica e imaginativa, que cada vez pudiera tener un mayor impacto en el público, dado el crecimiento del acceso a la red mundial entre los mexicanos.

Un punto adicional, que surgió como manzana de la discordia entre partidos mayores y menores, es el del condicionamiento de la conservación del registro al logro de un nivel mínimo de votación por cada partido por sí sólo, al margen del respaldo potencial que pudieran dar a una candidatura en común.

En la práctica, la propuesta original viene a eliminar los esquemas de reparto mediante acuerdo entre partidos de las proporciones de votos, asientos y presupuestos a adjudicarse a cada participante en una coalición, al separar los logotipos de cada concurrente y obligar a que el voto ciudadano sea por un partido específico y no por una coalición.

El debate emerge del entendimiento por parte de los partidos mayores de que ello repercutiría en que el registro fuera conservado por un partido sí y sólo sí obtiene por sí mismo la proporción de dos puntos de la votación requerida convencionalmente, lo que eliminaría partidos que parecieran vivir como rémoras de los mayores.

Empero, desde la perspectiva de partidos menores, su aportación con recursos financieros y humanos a una coalición repercute en el aumento del respaldo y capacidad de operación para un candidato abanderado por un partido que lidera la coalición, partido que tenderá a concentrar los votos, en detrimento de la aportación efectiva que haga a la causa el partido menor.

No es claro cuál argumentación corresponde a la realidad en la toma de decisión sobre el sentido del voto de los ciudadanos, pero no puede descartarse así sin más alguna de ellas. Por ello, pareciera que el acuerdo intermedio al que se llegará, de demandar que un partido que vaya en alianza reúna al menos la mitad de la votación mínima requerida por sí mismo, pareciera sensata.

Un último punto: si bien cuestionamos la pertinencia y mecanismo para el relevo en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, una vez decidido este relevo resultaba indispensable realizar un proceso de selección de los nuevos consejeros lo más abierto y transparente posible.

Dentro de lo limitado del tiempo disponible, el mecanismo de decisión concentrado en el órgano directivo de la Cámara de Diputados no pareció ser el más afortunado y la apertura a inscripciones por propuesta individual o respaldo colectivo bien pudo ser una forma de enmascarar un proceso de elección desde las cúpulas de las representaciones legislativas partidarias. En todo caso, reglas como el ensayo expositivo sobre la tarea del Instituto para la aplicación de las nuevas leyes no deja espacio a la crítica como elemento que de píe a ocupar en encargo.

A pesar de la advertencia anterior, al revisar la lista de los ciudadanos que se inscribieron en general y de quienes cumplieron con los requisitos de la convocatoria, no puede uno más que reconocer que en esa lista se encuentran presenten muy diversos mexicanos, muchos de ellos con méritos indiscutibles para ocupar las sillas de consejeros que quedarán vacantes.

Toda relación parcial podría pecar de injusta, pero bien pudiéramos destacar los nombres des miembros de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, como Leonardo Valdés, Javier Santiago, Juan Reyes del Campillo, Víctor Alarcón, Jaime Rivera, entre otros.

Hay asimismo personas con actividad pública conocida, académicos y analistas prestigiados, como Mauricio Merino, Jaime Cárdenas, Fernando Serrano, Rosa María Mirón, María de los Ángeles Fromow, Genero Góngora Pimentel, María Marván, Lorenzo Córdova, Pablo Arredondo, José Fernández Santillán, Benito Nacif, Ezra Shabot, Carlos Sirvent, Arturo Martínez Nateras, Mireilli Roccatti, José Fernando Ojesto, y más. 

He aquí una muestra de menos de la quinta parte de los concurrentes (la lista completa está enlazada abajo). Desde luego que entre ellos se puede encontrar tres personas con sobrada capacidad para ocupar los cargos, quienes cumplan cabalmente los requisitos establecidos. La elección de una terna de nuevos consejeros que resulte legítima a los ojos de partidarios y ciudadanía interesada será fundamental para fortalecer al nuevo Consejo y no ahondar en el deterioro del Instituto Federal Electoral, consecuente con la reforma realizada y que ha sido materia de otros ululares.   

iiin Luego de la reforma electoral (14 de septiembre de 2007).

iiio ¿Para quién es la reforma? (21 de septiembre de 2007).

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Etiquetas: reforma, electoral, cofipe, medios:partidos, registro, consejeros

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 " 2007-12-17

Cuando se pasa de lo grande a lo pequeño, se sufren transformaciones.

Tal es el caso del paso de Shakespeare a Chespirito, con el respeto que ambos autores merecen, aunque el “dramaturgo” mexicano bien pudiera ser hallado culpable del guión de los acontecimientos más recientes en el ámbito electoral. 

Un arduo procedimiento de selección de los nuevos consejeros electorales acabó así volviéndose una farsa que simplemente abona en el descrédito de las instituciones nacionales. Vayamos revisando los pasos dados.    

I

Recaer en lo innecesario del relevo en el máximo órgano del Instituto Federal Electoral (IFE) es necear en la obviedad ya argumentada. Los cambios en el Consejo General se atribuyeron a dos razones distintas e inconexas: la necesidad de adecuar al órgano frente a las nuevas disposiciones normativas, lo que no será ya el caso; o la conveniencia de contar con un órgano cuyos integrantes gocen de la confianza de los contendientes, lo que además de ser ajeno a la definición misma de la autoridad electoral,  tampoco es seguro que se consiga.

En contraparte, otros vimos en la remoción anticipada de los consejeros la vulnerabilidad del órgano, cuya autonomía se pone en entredicho cuando los legisladores se subrogan la capacidad de renovarlo fuera de tiempo. Ya hemos argumentado este punto.

Ahora, las nuevas reglas que suponen la viabilidad de reelección del Consejero Presidente y la posibilidad de remoción por incumplimientos detectados desde un órgano de control dependiente del Legislativo no hace más que debilitar la autonomía alguna vez lograda. También en ululares pasados este asunto ha sido tratado.

Todo lo anterior, la margen de que los triunfadores de los comicios del año pasado le otorgan al contrario en bandeja de plata la sustentación histórica de la existencia de irregularidades en el proceso, de tal magnitud que obligaron al relevo de la autoridad electoral. Las lecturas históricas se van escribiendo con evidencias que las sustenten, no con buenas intenciones.

Pero, en fin: los cambios se aprobaron. Y para concretarlos se inicio un procedimiento peculiar de convocatoria abierta, donde lo mismo se presentaron destacados mexicanos que cubrían a cabalidad los requisitos establecidos, como personas que vieron la oportunidad de participar, aunque su perfil profesional o credenciales no correspondiese con lo demandado. 

Ya de por sí era cuestionable enfrentar por única ocasión un procedimiento especial para la definición del responsable de la máxima responsabilidad electoral, cuya estancia se pudiera prolongar por más de una década. ¿No era posible dar más tiempo para hacerlo de mejor manera y no mediante un proceso ad hoc? Al final de cuentas, se dispuso irregularmente de más tiempo, pero el proceso se hizo como si la premura fuera real.

Fue entonces que se obligó a llevar adelante un proceso de evaluación sobre las rodillas, que permitiera decantar quienes tenían posibilidades reales de optar por las posiciones. Y digo sobre las rodillas porque ni estuvieron todos los que debieron estar de entre los inscritos (por ese famoso rubro de “errores y omisiones” que afectara en casos como el de un colega), ni todos los incluidos es seguro que debieron estar. 

Luego vinieron las comparecencias, trasmitidas por el canal del Congreso, que fundaban una evaluación numérica que finalmente no sería criterio exclusivo para la definición de una lista de 39 posibles. El hecho de que las evaluaciones no fueran la guía final en mucho pudo deberse a que detrás de las calificaciones se expresaron fobias y filias que obligaron a reconsiderar los casos e incluir algunos más que era pertinente que estuvieran, al parecer de la mayoría de los miembros de este cuerpo calificador. Pero el proceso de auscultación no contó con criterios universales y objetivos de inclusión-exclusión, como sería deseable.

Así, el proceso completo, hasta la definición de los treinta y nueve, careció de la transparencia indispensable que dotara de legitimidad a las decisiones. Tal vez para algunos participantes en el proceso de calificación haya sido claro por qué al final estuvieron quienes estuvieron, pero para los ciudadanos que participaron y para quienes observamos el proceso desde fuera, la lógica que se siguió nos fue “caja negra”.

La fase final ya no sería un momento para el análisis político, sino para la crítica teatral. Es posible que el representante de una fracción no haya tenido capacidad de modificar su propuesta por sí mismo, sin el logro de consensos en su propia formación, que en todo caso estaba obligado a lograr desde antes. Es viable que los representantes de los otros partidos hayan concedido una ventana de oportunidad para evitar la repetición de una decisión por mayoría, sin el concurso de una de las principales fuerzas partidarias, pero ocurre que se tomaron atribuciones en demasía. 

Mucho se han llenado la boca los partidos que hoy conceden un tiempo adicional a quienes se empecinan o no pueden flexibilizar su propuesta de que la ley es la ley y hay que cumplirla. El caso más reciente bien puede ser el desafuero del Señor López Obrador, donde se hablaba de que la ley no debe violarse, sin importar lo justa o injusta que sea.

La legislación reciente, aprobada por los mismos legisladores que hoy tienen que cumplirla, establece textualmente en un transitorio que los Señores Diputados tienen 30 días para nombrar a los nuevos integrantes del Consejo General del IFE. Dice que mientras lo hagan, los consejeros deberán permanecer en su encargo, no que de no hacerlo en el plazo perentorio ocurrirá así.

Luego, si las autoridades sólo están posibilitadas de hacer lo que la ley expresamente les permite, no pueden dilatar una decisión a la que están obligados, por más que argumenten que el espíritu de la norma era poder tomarse más tiempo y por ello la salvedad final de la permanencia indefinida de quienes podrían ser despedidos de inmediato. Menos aún es aceptable que se admita la violación, pero que consideren imperfecta la falta, ante la carencia de sanción.

Este estiramiento de la norma dio la oportunidad para que el Consejero Presidente por salir pudiera renunciar, echando en cara a los legisladores la violación a la norma, la carencia de certeza y los daños cometidos contra la autoridad electoral en el tránsito. Permitieron así convertirse en héroe a quien corrieron sin respetar. 

De la farsa legislativa a la comedia en el Instituto sólo restaba un paso. Y ese paso se dio en el empate de fuerzas entre dos fracciones en el seno del Consejo General acéfalo y la disputa por la vacante temporal, donde más allá de las negativas explícitas de unos a su pretensión, para muchos observadores varios consejeros “sacaron el cobre” para pelear con denuedo, por decirlo amablemente, la posición.

La convocatoria urgente tuvo que posponerse así un par de días, dejando en el aire el cumplimiento de la previsión del artículo 114 del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales recientemente aprobado, pero no modificado en este aspecto, por el cual es el Consejero Presidente quien puede convocar a sesiones extraordinarias del Consejo General.

De nuevo, imperfecciones de la norma al no preverse la ausencia definitiva del Consejero Presidente y la incapacidad de cumplimiento de disposiciones consecuentes con su presencia que resultan irrelevantes, pero que nos habla de que la norma es flexible a veces y rígida en otros casos.

Enhorabuena para Andrés Albo. El nuevo Consejero Presidente provisional del IFE es un científico social con postgrados en Estados Unidos, casi dos décadas de experiencia en el área de estudios sociopolíticos de un banco y más de diez años participando en asuntos electorales, como observador y luego como consejero local, amén de los cuatro años como Consejero Electoral del propio IFE.

Sus cartas credenciales y su experiencia en el campo electoral lo acreditan luego para ejercer la función que asume; lástima que el escaso tiempo con que cuenta y los acuerdos de coyuntura reduzca su función a la mera continuidad en el cumplimiento de tareas urgentes. Pero ya vendrán tiempos y encargos en los que Andrés podrá demostrar su valía a plenitud.  

• Berrueto, Federico, “Gandulas quienes mandan”, Milenio, 15 de diciembre de 2007.
• Revueltas, Román, “El asalto al IFE: mancha indeleble”, Milenio, 16 de diciembre de 2007.
• Sáenz, Liebano, “Democracia sin demócratas”, Milenio, 14 de diciembre de 2007.
• Silva-Herzog Márquez, Jesús, “Como aniquilar la autonomía”, Reforma, 16 de diciembre de 2007.
• Valencia, Juan Gabriel, “Consensos ilegales”, Milenio, 14 de diciembre de 2007. 

Etiquetas: reforma, electoral, consejeros, IFE, COFIPE