El Búho de Minerva

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" 2007-10-05

Cuando Yahvé dio a Moisés las tablas de la Ley, incluyo un undécimo mandamiento que se ha hecho efectivo hasta pasados más de tres milenios de aquel suceso. Dicho precepto reza: “no fumarás en lugares públicos”. 

Para cumplimentar esta divina ordenanza, en días recientes la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como corpus humano encargado de atender los superiores requerimientos, aprobó una nueva Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores, que restringe con mayor firmeza y claridad el consumo de tabaco en lugares públicos: restaurantes, bares, transportes, hospitales, escuelas, oficinas.

En particular, esta ley proscribe el consumo de tabaco en espacios de uso común (como son los hospitales, escuelas y oficinas) y lo restringe a zonas específicas claramente separadas de las áreas de restricción en establecimientos para el consumo de alimentos y bebidas. 

De inmediato y como consecuencia de esta nueva legislación, se alzaron las voces de protesta de representaciones empresariales, particularmente de la industria restaurante, por los costos que supone esta nueva normatividad, que obligará a muchos establecimientos a realizar inversiones que no tenía proyectadas y que, a su parecer, podrá afectar la propensión a concurrir a estos lugares por parte de la población fumadora. 

Estas obligaciones, producto de la reforma legal,  según la visión de este gremio, derivarán en la quiebra y cierre de muchos negocios, estimando en tres mil los establecimientos que dejaran de operar, lo que conllevará la pérdida de seis mil empleos. 

Es verdad, como dice Carlos Mota, que esta nueva legislación impone costos a terceros ajenos al fenómeno mismo que se pretende controlar, en este caso a agentes económicos que deberán internalizar, mediante nuevas inversiones, “los costos de proteger un bien público que ni siquiera tiene que ver con su actividad económica”. 

Cabe mencionar que dichos costos serán realmente cubiertos no solamente por los propietarios de expendios de alimentos y bebidas, sino también en una parte proporcional a la tasa impositiva por el Estado, que deberá ver disminuidos sus ingresos como consecuencia de las inversiones deducibles que se realicen como secuela de una legislación que entonces le costará parcialmente a toda la sociedad. Sin embargo, no es lo mismo poder deducir las inversiones como gasto que poder reducir los gastos de las contribuciones, por lo que la mayor parte del costo monetario seguirá recayendo en los empresarios del ramo. 

Pero ellos no serán los únicos que se verán desigualmente afectados por esta norma. De hecho, es factible afirmar que, siendo una medida de indudable corte populista y “políticamente correcta”, la nueva legislación en materia de consumo de tabaco resulta a todas luces clasista, lo que llama la atención cuando goza del impulso y respaldo del partido autodefinido a la izquierda del espectro político nacional. 

Profundicemos respecto al impacto cotidiano de las nuevas normas: no solamente los trabajadores del volante deberán postergar su antojo por el consumo de un cigarrillo a los tiempos que les queden disponibles, en detrimento del ingreso que pudieran obtener en dicho lapso (elevando así el costo de fumar), sino que entre menor sea el margen de discrecionalidad para la estancia de una persona en su centro de trabajo, menor será su posibilidad de fumar. 

Veamos: un mando superior de empresa o dependencia podrá fácilmente ausentarse temporalmente (tal vez continuando siendo productivo, vía concentración de sus comunicaciones durante los lapsos de retiro para fumar) o contar con un espacio abierto disponible para consumir un cigarrillo, mientras que un subalterno tendrá que esperar a un descanso para hacer lo propio, o solicitar permisos que pudieran implicar tratos especiales. 

 ¿Y qué podemos pensar sobre la creación de espacios diferenciados y abiertos para el consumo de tabaco en establecimientos de alimentos y bebidas? ¿En cuáles será más factible que se cree esta oferta: en los restaurantes y bares donde consumen los estratos socioeconómicamente privilegiados o dónde lo realiza la población menos favorecida?      Podemos suponer que las nuevas inversiones para la adaptación de los espacios de consumo se concentrarán en los establecimientos oferentes de alimentos y bebidas para la población con mayor capacidad de consumo y no en los sectores populares. Y en todo caso el costo fiscal que tendrán estas inversiones será netamente regresivo.

Bueno, podrá decirse entonces que mal les irá a los ricos, pero que ley beneficia a los pobres. Pero, ¿será cierto que estos pobres dejarán de fumar por decreto, al aumentarse los obstáculos y costos por satisfacer su adicción, o simplemente les estarán encareciendo una demanda que no se abatirá por decreto?

Revisemos algunas cifras. Conforme los resultados de la Segunda Encuesta Nacional GEA-ISA 2007, realizada en junio de este año, 38 por ciento de los mexicanos de 18 años y más residentes en el país son consumidores de tabaco. Fuman más de la mitad de los varones y alrededor de la cuarta parte de las mujeres (siendo apenas una de cada siete las amas de casa que fuman). A menor edad, mayor tasa de consumidores de tabaco, por lo que esta adicción está más presente entre jóvenes. 

A mayor ingreso, mayor proporción de fumadores, siendo un hábito mayoritario entre quienes forman partes de familias que perciben más de trece mil pesos mensuales, lo que va de la mano con el hecho de que sean los estratos con escolaridad de bachillerato o superior los que más fuman. Sobra decir que esto implica que no es la desinformación el principal factor propiciador del consumo, sino el poder adquisitivo de las personas, lo que pudiera reflejar la inutilidad de campañas anti-tabaquismo, pues tal vez se fume porque se quiere y puede, cuando el organismo demande estimulación, no porque se desconozcan los riesgos potenciales derivados.  

En términos probabilísticos, si bien en la mayor parte de las ocasiones un consumidor en un restaurante o bar no será fumador, más de 60 por ciento de los grupos que concurran a consumir tendrán entre sus integrantes a un fumador (suponiendo un tamaño medio del grupo de dos personas, siendo algunos consumidores solitarios y otros en grupos mayores). 

Lo anterior sería ya una razón para pensar que debiera darse un trato estrictamente igualitario a fumadores y a no-fumadores, más allá de juicios morales sobre lo deseable o indeseable de su consumo. ¿Por qué no permitir entonces la existencia de establecimientos mercantiles que atiendan y privilegien a fumadores y otros en que se prohíba totalmente el consumo de tabaco, por libre decisión del negocio? ¿por qué no obligar a que un vehículo de transporte individualizado, como un taxi, pueda definir libremente, pero con claridad, si da servicio a un segmento u otro de la población? ¿por qué satanizar a una parte de la sociedad y perseguir sus prácticas? 

Ello suele justificarse por el costo social que conlleva este consumo, por ejemplo en demanda actual y futura de servicios de salud, y por las externalidades negativas derivadas de este consumo. Empero, ¿normas de este tipo responden realmente a requerimientos sanitarios públicos, que las justificarían en sí y más allá de aspectos vinculados a lo económico, o no? 

En principio, pareciera mejor regular las reglas para la permisividad del consumo de tabaco que seguir por la vía de incrementar los impuestos especiales existentes para este producto. Es claro que todo impuesto especial constituye una deformación y complejización de las normas fiscales y que implica introducir elementos morales (la búsqueda de "lo correcto") en aspectos de suyo prácticos, como lo es la definición de los mecanismos para el financiamiento público. 

Empero, la premura y contundencia de estas reformas pareciera reflejar no necesariamente una preocupación efectiva del legislador por el bienestar colectivo, sino una respuesta electoralmente rentable acorde con visiones vigentes sobre lo correcto del control de ciertas sustancias, que ha llevado a extremos no sólo prohibicionistas, sino persecutorios de su consumo, mientras que ello no se realiza para otras sustancias que también pudieran ser o son dañinas para las personas y su entorno (bebidas alcohólicas, “alimentos chatarra” y otros ejemplos típicos). 

Lo que es más: superando la moda anti-tabaquismo, convendría hacer una revisión seria y profunda del impacto y costos relacionados con esta adicción antes de legislar por intuición. Tal vez sea momento de releer con atención a autores como el músico Joe Jackson, cuyos artículos sobre la “histeria anti-tabaquismo” y contra las normas restrictivas al consumo de tabaco, publicados entre otros medios en el New York Times, han sido base para una intensa polémica sobre el tema. Recordemos algunos argumentos esgrimidos por Jackson. 

Este autor apunta que se ha exagerado el daño por el consumo de tabaco, no existiendo evidencia sólida al respecto (por ejemplo, fumar incrementa varias veces la probabilidad de morir de cáncer de pulmón, cierto, pero aún se tiene un riesgo menor a uno por ciento de morir de este mal, concediendo que el causal directo de dicho padecimiento sea fumar, lo que estaría por demostrar). Igualmente, afirma que no existe evidencia sólida que sustente el incremento sustancial de riesgos para la salud de “fumadores pasivos” ni de que la contaminación detectada con determinadas sustancias derive necesariamente del consumo próximo de cigarrillos y no de otras fuentes.

Habría que revisar estas lecturas del fenómeno, además de las múltiples investigaciones serias que afirman sustentar lo contrario. Debiera ser obligación del legislador disponer de datos duros que sustentaran sus decisiones y no que sus designios fueran acordes con un supuesto saber popular, no por ello fundamentado. 

Etiquetas: tabaquismo, legislación, DF, fumadores, no-fumadores, encuesta, GEA-ISA, Jackson

Este es el primero de una serie de artículos con los que se irá dando seguimiento a las preferencias para la elección de Presidente de los Estados Unidos en 2008. Serán dos las principales fuentes a las que se recurra para estas evaluaciones, que contarán con un importante apoyo gráfico: por un lado, el recuento de los datos proporcionados por las diversas casas encuestadoras sobre las intenciones de voto de la ciudadanía estadounidense; y, por el otro, las cotizaciones de los diversos contendientes en uno de los principales mercados de apuestas en el mundo: Trade Sports. Cabe mencionar que las imágenes insertas pueden ser abiertas o grabadas para posibilitar su ampliación y mejorar la posibilidad de su lectura.

El marco de referencia general del proceso electoral estadounidense viene marcado por los reducidos niveles de aprobación existentes hacia la gestión del actual Presidente, George W. Bush, quien se mantiene en niveles próximos a 30 puntos de aprobación, con más de una veintena de ciudadanos que lo desaprueba por encima de la proporción de quienes aprueban su gestión. Esta evaluación pareciera tender a favorecer el cambio de partido gobernante en el Ejecutivo de Estados Unidos.

En el caso de la carrera en pos de la candidatura demócrata, las diversas fuentes disponibles muestran que desde mediados del mes de junio del presente año pareciera darse una sostenida ventaja de Hillary Clinton respecto a sus principales contendientes actuales y potenciales, tanto Obama como Gore, así como otros aspirantes con menor presencia en el ánimo ciudadano.

Por lo que toca a la candidatura republicana, la pérdida de posición de McCain por el ascenso de Thompson no pareciera amenazar el liderato que mantiene regularmente Giulianni, quien sin embargo no cuenta todavía con una ventaja suficiente como para asegurar que no pudieran darse cambios en el ordenamiento de preferencias en este partido.

Cuando lo que se ve son las inclinaciones del electorado entre los dos principales partidos existentes en la Unión Americana, resulta claro que en el momento actual las preferencias se orientan al cambio de partido gobernante, por lo que sería esperable que la ciudadanía estadounidense de en 2008 la Presidencia a la opcíón demócrata.

Sin embargo, cuando lo que se observa es la distribución de preferencias entre los dos aspirantes que mantienen el liderato en sus respectivos partidos, Clinton por el Demócrata y Giulianni por el Republicano, la distancia entre ambas opciones no es tan amplia como la que se observa entre partidos, aunque Clinton mantiene la delantera desde agosto pasado en todas las encuestas nacionales reportadas.

Lo anterior pareciera mostrar la viabilidad de que la Presidencia de Estados Unidos sea ocupada por vez primera por una mujer, en este caso la pareja de quien fuera el más reciente Presidente surgido del Partido Demócrata, lo que pudiera representar que por segunda ocasión consecutiva el nuevo gobernante habría sido familiar de un ocupante previo de la Casa Blanca.

Dejamos para un ejercicio posterior la medición del potencial de una tercera candidatura, que pudiera ser Bloomberg (quien por lo pronto alcanza proporciones de intención de voto cercanas a los siete puntos en diversas encuestas, aunque algunas le otorgan un mayor porcentaje), dado que el análisis del espacio para esta posibilidad implica la observación de otras variables.

Etiquetas: EU, elecciones, Presidente, 2008, demócrata, republicano, Clinton, Obama, Gore, Giulianni, Romney, Thompson, Bush

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" 2007-10-19

Pudiera ser que una peculiar e inusitada confluencia de acontecimientos y circunstancias este abriendo la puerta a la posibilidad de modificaciones trascendentes a las condiciones de la competencia económica en el país.

El fenómeno de reaparición y cuestionamiento del trabajo y limpieza de la gestión de Fox adquiere una dimensión más profunda cuando se inserta en este contexto general de redimensionamiento de las reglas de competencia en la economía mexicana.

Los eventos de los últimos días no parecen dejar lugar a duda de que los momentos luminosos del anterior gobernante están pasando al olvido. La caída se ha alimentado por muy diversos canales: su poco exitoso libro que era gancho para la obtención de recursos con fines bibliotecarios, los exabruptos televisivos y manifiestas molestias, la apertura al público del uso de bienes gubernamentales para provecho privado, lo inoportuno de la colocación y el salvaje derribo de la estatua de su figura, por mencionar algunas noticias que se destaparon luego de la auto propiciada vuelta a la sociedad.

Pero, detrás de estos avatares de relevancia coyuntural y más allá del cambio esperable en la percepción pública del personaje, esta declinación pareciera estarse combinando con cambios en tres ámbitos distintos donde aún podía detectarse la sombra del foxismo: 

La dirigencia nacional del blanquiazul, donde la ahora segura salida de Espino abre cancha para el ascenso potencial de un calderonista, quien sin embargo habrá de disputar este puesto con un político vinculado al principal oponente en el seno del partido a la candidatura del hoy Presidente de la República. 

Este movimiento en Acción Nacional no significa la desaparición de las redes y posiciones que el foxismo logró armar en el espacio internacional, donde tanto Fox como Espino continuarán posiblemente sosteniendo una presencia que ha sido plataforma de una política internacional no acorde con los senderos tomados por la actual administración de Calderón.  

Es precisamente el ámbito de las relaciones internacionales, y en particular con naciones de América Latina, donde se ha venido dando el segundo eje de cambio que desmantela la herencia foxista. El nuevo gobierno federal mexicano ha buscado resanar heridas abiertas en los años recientes y relanzar las relaciones con los gobiernos de izquierda en la cuenca del Caribe, dejando atrás la política de supuesto liderazgo mediante la confrontación y tejiendo una red que pudiera permitir reposicionar a México como un interlocutor efectivo con otros gobiernos destacados de la región. 

Pero tal vez el terreno más escabroso, pero donde se están dando condiciones que posibilitan la confluencia de diversos actores para el logro de objetivos comunes, aunque por causas distintas, es en el terreno de la competencia económica. 

Si algo dejó de lado la pasada administración fue la revisión de la estructura de mercados fundamentales en la economía, manteniéndose e inclusive consolidándose oligarquías en  espacios como la televisión, por no hablar de las telecomunicaciones. Ahora, parecieran soplar nuevos vientos que pudieran acotar el poder de quienes son capaces de controlar estos mercados.

Desde el Ejecutivo federal parecieran cobrar conciencia de la necesidad de apertura de estas áreas para impulsar un sano desarrollo económico, a la vez que asumen la inexistencia de vínculos sólidos que hagan partícipes centrales a estos oligopolios de una coalición capaz de llevar adelante un programa de reformas o al menos que le dan sustento y viabilidad a la gobernabilidad, como en su momento fuera leído y asumido por la administración Fox, con los saldos de sobra conocidos y cuyo paradigma fuera la frase “¿y yo por qué?”.

Desde el Legislativo, las intenciones por contener poderes externos que limiten a los nuevos crupieres deriva en la adopción de normas que reducen el ámbito de influencia de las elites económicas, como se mostró en la reciente reforma electoral y como pareciera anunciarse en la nueva legislación sobre medios, entre otros instrumentos jurídicos.

Así, en el horizonte se vislumbran cambios que no sólo acoten los poderes fácticos empresariales, sino que obliguen a la apertura de sus mercados. Podría ser que, a pesar de las críticas que hemos sostenido y que pudieran encontrarse al impacto político de los cambios recientes y por venir y de los riesgos que regulaciones en el espacio mediático pudieran tener para las libertades ciudadanas (que deberá ser tema de otro artículo), en el terreno económico el legado de las reformas en puerta pudiera ser sumamente favorable. 

Estas reformas por venir pudieran dar pié a una creciente competencia y diversificación de los oferentes en mercados dinámicos, lo que pudiera ser, al menos desde una perspectiva ortodoxa, vía de apoyo al crecimiento sostenido de la economía y de mejoramiento de la competitividad, lo que en resumidas cuentas debiera beneficiar al consumidor nacional y a la capacidad de exportación al exterior.

Al tiempo. 

Etiquetas: Fox, Calderón, Presidente, México, competencia, oligarquía, monopolios, reformas, medios, PAN

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" 2007-10-26

Considerando la naturaleza del tema, en esta ocasión la columna semanal presenta una extensión mayor a la de costumbre, por lo que se ha dividido en dos secciones claramente diferenciadas.

I

Mientras en el Cono Sur se muestran claras las señales de consolidación de sistemas democráticos, en Venezuela parecieran vivirse momentos aciagos, cuando el recurso a fórmulas propiamente democráticas, pero viciadas de origen, pudieran permitir la concreción de un proyecto de instauración de un régimen autoritario.

Al decir lo anterior se hace referencia a la convocatoria para realizar, el dos de diciembre de este año, un referendo aprobatorio de una amplia reforma a la Constitución de 1999, relativamente poco conocida y que, por los tiempos para la consulta, será escasamente debatida antes de someterse a una votación que la hará definitiva.

¿En qué consiste esta reforma? Son muchos y muy variados los puntos que incluye y que fueron ya discutidos, votados y aprobados por la Asamblea Nacional en unos pocos días. A los 33 artículos que proponía cambiar la propuesta presentada por el Presidente Chávez, se sumaron otras 39 modificaciones incorporadas por el órgano legislativo.

Hay que recordar, al evaluar esta aprobación casi unánime y expedita de la reforma, que la actual Asamblea Nacional de la República de Venezuela está integrada prácticamente en su totalidad por diputados de la opción política del gobernante, toda vez que la oposición se retiró de las Elecciones Parlamentarias de 2005, dejando el terreno libre para que el chavismo se apoderara cabalmente de este órgano de representación ciudadana.

La reforma de marras incluye, en el área política, el aumento en la duración del período presidencial de seis a siete años, con reelección inmediata e ilimitada y sin segunda vuelta; el nombramiento por el Presidente de vicepresidentes; el aumento de la proporción de electores necesarios para promover una enmienda constitucional por iniciativa popular y de un referendo para la revocación del mandato a cargos de elección popular; la disminución a 16 años como edad requerida para el ejercicio del sufragio y el otorgamiento a los extranjeros con más de diez años de residencia del derecho al voto en elecciones municipales y estaduales; entre lo más destacado.

En el terreno económico, se reserva al Estado la explotación de recursos naturales de carácter estratégico, no pudiendo ser privatizadas las empresas de propiedad exclusiva del Estado; se elimina la autonomía del Banco Central. Además, se hace énfasis en una definición de formas de propiedad (social, colectiva, personal) que excluye la referencia directa a la iniciativa privada, eliminando la disposición para que el Estado la promueva.

Respecto a la descentralización, se reducen las competencias de estados y municipios, permitiendo la creación de ciudades comunales, provincias federales, ciudades federales, distritos funcionales, regiones especiales militares y autoridades especiales para contingencias, todas ellas designadas por el Presidente. Además, se agrega un nuevo componente de las Fuerzas Armadas: la “Milicia Nacional Bolivariana”.

En el área educativa, se eliminan las evaluaciones para ingreso a universidades y se otorga paridad de voto de estudiantes, profesores y trabajadores para elegir autoridades en las mismas. Se concibe la creación cultural como libre, eliminando los derechos de autor.

En materia de derechos humanos, se suprime la temporalidad a la potestad del gobierno para decretar estados de alerta, emergencia, emergencia económica y conmoción interior y exterior, se excluye el paso de los decretos por el  Tribunal Supremo de Justicia y  se limitan las garantías fundamentales durante los estados de excepción, eliminando el derecho a la información en dichas circunstancias.

II

¿Puede una reforma de esta naturaleza ser aprobada por la ciudadanía? Ha habido manifestaciones diversas de rechazo a estas reformas, activas y declarativas, por parte de políticos, universitarios, mujeres organizadas y otros grupos sociales.

En todos los casos, se denuncia que detrás de estas reformas se pretende eternizar el mandato de Hugo Chávez al frente del gobierno de la República, suprimir toda fuente de poder alterno (sea regional o económico) y que se deja en indefensión a los ciudadanos en estados de excepción.

Incluso, el ex candidato presidencial opositor Manuel Rosales se ha manifestado convencido de que la propuesta de reforma será rechazada por los ciudadanos en las urnas, puesto que en ello está en juego la vida republicana y democrática de Venezuela. Pero, ¿será posible que la reforma no sea aprobada por los ciudadanos?

Si nos atenemos a los resultados de las más recientes elecciones presidenciales en este país, celebradas a fines del año pasado, Hugo Chávez, con más de siete millones de votos recabados, goza del respaldo de más de tres quintas partes de los sufragantes, aunque poco menos de la mitad de ciudadanos en el padrón emitieron su voto a favor del gobernante.

Pero detrás de estas cifras se oculta un hecho muy relevante: el vertiginoso crecimiento del volumen de ciudadanos registrados ocurrido entre 2003 y 2006. Así, si en el quinquenio 1998 a 2003 el registro electoral aumenta tan sólo en un millón de personas, elevándose en 9% el volumen de registrados, para un crecimiento promedio anual de 1.8%, en el período trianual de 2003-2006 aumenta en cuatro millones de personas, creciendo en total 30% en esos tres años, para un ritmo de crecimiento medio anual de 9.3%, más de cinco veces superior al anteriormente observado. Y se afirma que es inusitado toda vez que este ritmo de crecimiento del registro electoral no se presentado a lo largo de casi un cuarto de siglo, período para el que se cuenta con reportes en el sitio del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE).

 Los datos anteriores adquieren mayor significado si lo que se observa es la correspondencia entre el volumen de ciudadanos residentes en Venezuela conforme las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), basadas en los resultados del XIII Censo de Población y Vivienda de 2001, y el volumen de ciudadanos registrados conforme al CNE.

De conformidad con estos datos, el registro electoral de Venezuela ha pasado de captar a 84% de la población en edad de votar en 2000 a 97% para 2006, un aumento de 13 puntos en la captura de su población objetivo. Ello representaría que un rezago de 2.3 millones de registros se ha reducido en un sexenio a apenas medio millón de exclusiones, además de lograrse captar a los más de dos millones de nuevos ciudadanos.

Esta aparente eficiencia del registro electoral, que podría atribuirse a campañas orientadas a aumentar la inscripción de los ciudadanos, enfrenta sin embargo cuestionamientos si lo que se observa es la variación en la tasa de registro de los ciudadanos residentes en cada una de las entidades federales  y estaría en contraposición con los resultados reportados por el propio CNE en un estudio avalado por diversas universidades públicas de ese país, en que se detectó una exclusión del registro superior a ocho por ciento de ciudadanos. 

Así, al comparar los ritmos de crecimiento del registro electoral según reportes del CNE con las tasas de crecimiento poblacional proyectadas por el INE, se descubre que no solamente ha habido un aumento mayor del volumen de registros que el correspondiente a la población, sino que existen claras inconsistencias entre ambos patrones de crecimiento. 

Los elementos anteriores abren serias dudas sobre la consistencia de los datos de empadronamiento. Así, la “inflación” reciente del registro electoral (volumen de nuevos registros por encima del correspondiente aumento poblacional) representa hoy en día más de 15% del registro total.     Los electores adicionados podrán, desde luego, concurrir a las urnas para respaldar la reforma constitucional en los próximos días y con ello dar paso al nuevo régimen centralizado, donde podrá continuar indefinida y legalmente Hugo Chávez en la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. 

Esta situación no es desconocida, claro está, por los opositores al Presidente Chávez, quienes denuncian que el Registro Electoral Permanente de Venezuela se encuentra totalmente adulterado y viciado, sobre todo desde que se dotó de cédulas de identidad a millones de extranjeros sin control alguno, de que se incluyeron registros duplicados con el mismo nombre y fecha de nacimiento y electores virtuales sin domicilio conocido. 

Pero, de nueva cuenta y luego de los múltiples errores cometidos por los opositores a Chávez en diversos momentos de la historia reciente de este país, primero con la malhadada coalición que perdiera la Presidencia en 1998, luego con el frustrado intento golpista de 2002, el retiro de las elecciones parlamentarias tres años después y la división posterior a los comicios del año pasado, la oposición no alcanza a lograr un consenso frente a los sucesos. 

Unos creen que deben y es posible participar y derrotar la propuesta de reforma en las urnas. Otros llaman a la abstención. Y algunos más radicales convocan a impedir el referendo, mediante acciones de resistencia activa. Pareciera así que el camino ante la reforma para los opositores es la rebelión civil o aceptar a Hugo Chávez en el poder, tal vez para siempre. 

Etiquetas: Venezuela, referendo, Chávez, Rosales, reforma, constitucional, elecciones, padrón