El Búho de Minerva

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" 2008-04-07 

I

El problema del PRD para enfrentar sus procesos internos no es nuevo. Este partido nunca ha podido contar con instancias avaladas por todos los actores para resolver sus diferendos y sus principales dirigentes han estado acostumbrados a recurrir a procedimientos irregulares para aumentar artificialmente su votación.

Es por demás propio de la cultura de partidos de la llamada izquierda el llevar adelante procesos de enfrentamiento y "purga" como vía de solución de conflictos y no atenerse a instancias legitimadas para el procesamiento de diferendos. En el caso mexicano, todo ello quedo demostrado hace menos de diez años, cuando el proceso de elección de su dirigencia tuvo que anularse y de nueva cuenta esta misma década no resultó transparente a ojos de unos y otros participantes.

La reedición este año de un proceso conflictivo se vuelve más compleja ante la presencia de un "líder" no institucional que participó directamente en el proceso mediante declaraciones y misivas, y que adoptó una posición y una preferencia en la contienda.

Es muy factible que lo que haya ocurrido efectivamente en las urnas y los resultados que eventualmente se contabilizaron de manera parcial en el PREP no tengan una correspondencia inequívoca (lo que explicaría el desacuerdo entre los datos preliminares y las estimaciones por encuesta de salida serias), debido a la inclusión de actas de casillas inexistentes, adulteraciones en los cómputos, eliminación de actas válidas y contabilización errática de votos en diversas entidades.

Estos y otros problemas en el cómputo, junto con los intencionales retrasos y equívocos procedimientos de agregación, ha dado lugar a que sea imposible hasta la fecha saber quién tendría más votos conforme a cualquier criterio que se quisiera adoptar -bien sea en las urnas, bien en las actas- y hace que o bien nunca se tenga un resultado definitivo o que cualquier resultado que se de por cualquiera de las instancias que pudiera darlo sea impugnable ante otras instancias y repudiable por la parte que resultara derrotada conforme a dicho recuento.

De hecho, aun antes de conocerse un cómputo o una declaratoria de resultado, ya se presenta de facto una realidad de poder dual: por un lado, el órgano de gobierno y la instancia revisora del proceso, auspiciando mecanismos que favorecen a una opción y acotan el trabajo del árbitro del proceso; por el otro, el órgano máximo, declarado en sesión permanente y respaldando a la otra opción con medidas, exigencias y amenazas.

Empero, la disputa por la Presidencia del PRD no es un juego de todo o nada, pues del cómputo también deviene un reparto específico de carteras, lo que hace posible que al menos una de las partes pudiera eventualmente negociar en aras del logro de posiciones en órganos directivos.

El problema sería si la parte menos proclive a pactar resulta formalmente derrotada, pues pudiera de ello derivarse el desconocimiento del resultado, la calificación de "espurio" para el ganador y la declaratoria de "legítimo" del formalmente derrotado, reeditando la “hazaña” nacional de hace un año.

Y si esta opción finalmente triunfa, ha de querer dictar un reparto inaceptable para su contraparte, que luego tendría que recurrir al rechazo del resultado y eventualmente acudir a órganos externos al partido para su revisión.

Pero si la disputa por el resultado no tiene una salida fácil, menos es lo que ocurrirá después. De ganar la opción del "jefe máximo" es esperable, como ha ocurrido en repetidas ocasiones, que cualquier entendimiento al que pudiera llegarse fuera prolegómeno a una purga que erradicara a los traidores; de ganar la otra opción, su legitimidad se socavaría mediante un discurso incendiario que podría terminar en la salida hacia una opción electoral nueva, formada a partir de los pequeños partidos del frente previamente formado.

Todo esto hace que el PRD se encuentre en un pantano de donde le será difícil salir.

Así, ante la sorprendente aunque esperable situación de que pasados más de veinte días no se cuente ni siquiera con un cómputo provisional de resultados que sea de dominio público, es de suponerse que la disputa por el liderazgo de este partido se prolongue por mucho tiempo.

Son ya menos de una veintena de días lo que resta para el relevo formal en el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. Parecería mucho y resulta realmente muy poco el tiempo disponible para cerrar el proceso, más cuando falta que se disponga de un cómputo completo, se desahoguen reclamos, se califique y valide de ser posible la elección y se atiendan los recursos que presenten las diversas instancias que pudieran involucrarse.

La sombra del interinato se cierne sobre el PRD. Y el fantasma de la ruptura recorre los pasillos de sus oficinas.

Ello no dejará de tener algún impacto, por medir, en las preferencias ciudadanas. Tal vez para dejar atrás estos sucesos será necesario ver sus saldos en la elección federal de 2009. Recordando al Maestro Sabina, tal vez para olvidarla será necesario que pasen diecinueve días... y 500 noches.

II

Mas ello, en principio, no obstruye la capacidad de operación y la convocatoria potencial del "líder" al repudio a la reforma energética en puerta.

La movilización tiene sentido en sí mismo y es bandera útil para el “líder”, al margen del contenido que tenga la propuesta. La amenaza es suficiente para inhibir a los reformistas, quienes tenderán a acotar el alcance de los cambios y encubrir todo sentido potencialmente "privatizador" en los mismos, más cuando quienes pueden sumarse a la propuesta para darle mayoría han elevado y tenderán a elevar el precio de su respaldo.

Por ende, lo esperable es que, tal vez luego de que concluya la etapa actual del proceso perredista –que no todo el proceso, que se prolongará necesariamente a otros escenarios-, se presente al Congreso una iniciativa de reforma a diversas leyes, buscando adecuar el marco normativo para la operación del sector energético nacional, incluyendo en ello nuevas reglas que le otorguen mayor autonomía, un margen más amplio de maniobra para contrataciones, reduzcan su carga fiscal y le permitan novedosos mecanismos de asociación (no mediante "contratos riesgo", sino a través de otra figura) para posibilitar la concurrencia de instancias externas (potencialmente empresas con participación estatal) en ámbitos definidos (aguas profundas en zonas transfronterizas), como primeros pasos que prueben la viabilidad de las normas y permitan, más adelante, su eventual ampliación a otros ámbitos.

No podemos dejar de mencionar que, de una reeditada condición de supuestos outliers, los datos de GEA-ISA difundidos en febrero pasado respecto a la opinión ciudadana en torno a una potencial reforma energética, nuevamente fueron pioneros.

Hoy se tiene ya una colección de estudios por encuesta que dan cuenta de la existencia de una potencial mayoría acorde con la reforma y que demuestran lo limitado de mediciones iniciales que partieron de cuestionamientos excesivamente genéricos sobre esta temática.

Regresando al proceso legislativo por venir, aunque la eventual aprobación de estas reformas pasaría por un juego de intercambio y negociación entre las partes (como es propio de la política) y que, de aprobarse, su legalidad estaría fuera de duda, por ser resultado del ejercicio de las atribuciones legales conferidas a los órganos colegiados de representación popular, donde se habría manifestado una mayoría sustentada originariamente en el voto ciudadano, es esperable que la movilización de protesta tenga lugar de cualquier manera.

Sus vertientes y derroteros son mucho más difíciles de prever, al igual que su alcance disruptivo y violento, pero es claro que los riesgos se incrementan al ingresarse a estos terrenos. De entrada, en el propio partido de origen del “líder” no pareciera haber un acuerdo respecto a los procedimientos a seguir: por un lado, se tiene la opción moderada, proclive al rechazo activo de la reforma en las instancias legislativas; por el otro, el recurso a una movilización de “adelitas” que atenta en esencia contra la democracia, al negarle al legislador la capacidad de ejercer sus funciones en caso de que incluya en su agenda el tratamiento de un tema cuya revisión, más allá de cualquier razonamiento, es declarada por el “líder” como prohibida.

Frente a las amenazas de impedir la legítima operación de los órganos de gobierno de la República, en el extremo el Estado tendría que decidir si lleva a cabo o no acciones de legítima contención y si las acompaña de mecanismos judiciales contra los dirigentes. Pero no entremos en especulaciones mayores, porque ello será materia de nuevos ululares.

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