El Búho de Minerva

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" 2008-04-30 

El asalto a las tribunas del Congreso de la Unión por parte de legisladores del Frente Amplio Progresista ocurrido en días pasados abrió la puerta a un mito, al que no pocos editorialistas han hecho eco y que, desde luego, constituye el corazón del discurso reivindicatorio de los asaltantes.

Dicho mito tiene tal credibilidad que ha sido expuesto por el líder del movimiento como justificación de la necesidad de acciones de fuerza que acompañen sus demandas, aún ante el coordinador parlamentario del partido mayor del FAP.

El mito en cuestión establece que sin “resistencia civil”, en el Legislativo y las calles, la reforma legislativa en materia petrolera hubiera sido aprobada rápidamente, sin un debate abierto a la sociedad.

Por ende, según el mito, el movimiento tuvo logros tangibles: postergar la aprobación de una reforma contraria al interés nacional y obligar a que se realizara un debate.

No hay nada más falso, aunque una verdad repetida mil veces pueda transformarse en convicción, como bien enseñaba la estrategia de propaganda nazi. Mas bien, este mito se nutre de diversas falacias.

En primer término, la creencia de que existe un fuerte y activo rechazo ciudadano a la reforma en materia petrolera. Nada más falso: más de la mitad de los mexicanos se manifiestan a favor de la propuesta de reforma impulsada por el Ejecutivo federal.

Segundo: que este rechazo responde al contenido privatizador de la propuesta. Pues bien: ni es claro que la reforma implique una privatización, aun cuando se le de un sentido laxo a este concepto, ni es cierto que ver en ella una orientación privatizadora implique su rechazo: hay mexicanos que ven en ella una estrategia de privatización y que la aprueba, así como hay mexicanos que la rechazan aunque no vean en ella un ánimo privatizador.

Tercero: que hubo logros tangibles en el Legislativo. Falso: las principales fracciones parlamentarias en el Senado de la República habían llegado al acuerdo de realizar un debate sobre los temas relacionados con esta posible reforma antes de que se diera el asalto a las tribunas y la movilización callejera.

Es de recordarse que inclusive se había enviado ya una primera comunicación oficial al propio líder del movimiento para convocarlo a este debate, como reportan diversos diarios la mañana previa a la toma de tribunas. Habría que releer las primeras páginas de los periódicos del 10 de abril pasado para refrescar la memoria.

El acuerdo de celebración de un debate, con doce temas en principio, hacia poco factible una pronta votación de la reforma. Y esta agenda tenía todavía que pasar por una discusión entre las fracciones y ser formalizada en comisiones. No se necesitaban gritos y sombrerazos para ello.

¿Qué ganó entonces la “resistencia” a la reforma con los asaltos y mítines?

Una forma burda de leer los resultados de la primera etapa de protestas contra la reforma es medirla por los cambios efectivamente logrados en las condiciones para la discusión legislativa de las iniciativas.

Visto así, lo que logró la oposición a la reforma fue ampliar unas cuantas semanas e incluir una terna de temas en la agenda de debate. Nada más.

Pero, visto desde una perspectiva más amplia, la “resistencia” logró colocar el cuestionamiento sobre la reforma en el centro de la discusión pública nacional, decantando bandos con posiciones encontradas, muy factiblemente no sustentadas en análisis profundos, sino en adhesiones a mitos y lecturas genéricas de la realidad.

No es de descartarse que ese treinta por ciento de ciudadanos que rechaza la reforma y compra el mito de que significa una pérdida de soberanía para la Nación tenga una importante intersección con ese conjunto de quienes avalaron el mito del fraude electoral.

Así, si para los legisladores la supuesta victoria sería desdeñable, para “el movimiento” habría sido oportunidad de fortalecimiento de cuadros y ahondamiento de una división social que, si bien no conviene a intereses electorales inmediatos, pudiera ser plataforma lo mismo para una continuidad del propio movimiento que para apoyar una estrategia electoral, si ocurre que la definición del sentido del sufragio pase por asumir posiciones en un espacio polarizado, lo que no puede descartarse a futuro.

Pero, ¿ganó la “resistencia” o la promoción a la reforma este primer episodio?

Los datos disponibles permiten afirmar que el saldo de esta etapa en el proceso de reforma a la legislación en materia petrolera no es diáfano.

Gana el gobierno y los partidarios de la reforma, pues consiguen finalmente que el proceso rumbo a legislar continúe y mantienen, al menos hasta el momento, un respaldo mayoritario a sus propuestas y un rechazo a acciones de protesta que impidan su discusión en el seno del Legislativo.

Pierden, sin embargo, pues se dilatan los tiempos, lo que pudiera deteriorar el consenso actual hacia la reforma no solamente en la opinión pública sino entre las fracciones que formarían la mayoría requerida para pasarla; y no logran cerrar un acuerdo que garantice que la vía de la confrontación esté cancelada.

Gana la “resistencia”, pues mantiene un segmento fiel, aunque minoritario, crédulo a su mítico discurso y crítico a la reforma. Obtienen tiempo en el cual pudieran lograr mayor respaldo a su rechazo y fortalecer su estructura para la movilización que asumen vendrá.

Pierde en tanto la mayoría de los ciudadanos no comparten su estrategia de asaltos y protestas, no solamente respecto a lo realizado, sino ante posibles acciones futuras de esta naturaleza, que son repudiadas desde ahora.

Empero, se abre una ventana de oportunidad para los opositores a la reforma que no necesariamente es negativa para los promotores de la misma. Si en la primera fase lo que se dio fue sobre todo un reparto de costos entre las partes, a ver quien cedía y quién perdía más, en la segunda fase del proceso el horizonte abierto pudiera mostrar opciones de juegos con balance eventualmente positivo para todas las partes.

El compás de tres meses que inició luego de la devolución de tribunas será ocupado por los actores para tareas que fueron postergadas o no se posicionaron en el centro de sus estrategias luego del asalto.

Un primer escenario será, obligadamente, las mesas de debate, oportunidad para la exposición de criterios que avalen una y otra postura y de potencial incidencia, limitada pero existente, en las opiniones ciudadanas en torno a la reforma.

Un segundo espacio será el que ocupe, si lo decide, el Ejecutivo federal. El lapso para legislar en el tema puede ser ocasión para que el gobierno lleve adelante una estrategia de comunicación que le permita enlazar esta reforma con beneficios concretos para la población, que consolide el respaldo hoy no “cristalizado” a las propuestas.

Pero es también oportunidad para afianzar la coalición legislativa que lleve a buen puerto la reforma. Asegurar los votos legislativos mediante una negociación política, no necesariamente cesionista y que no afecte la esencia de lo propuesto, es tarea que requerirá semanas, de las que ahora dispone.

Desde el frente contrario, las próximas semanas se dedicarán, como es públicamente conocido, a una campaña de divulgación de los cuestionamientos a la reforma, que eventualmente pudiera socavar un apoyo todavía blando de un segmento de la población. Pero es también lapso para consolidar la organización ya existente y eventualmente ampliarla, pues sus alcances –más allá de la demagogia- son todavía sumamente limitados.

Sin embargo, en el fondo, se mantiene viva una contradicción entre los escenarios para los que se prepararía el polo promotor de la reforma del que estaría anticipando su contraparte.

Para gobierno y entusiastas de la reforma, la tarea es preservar el respaldo mayoritario entre legisladores y ciudadanos hacia la propuesta, perfeccionarla con los contenidos del debate y el diálogo entre fracciones, y avanzar hacia su aprobación.

Para los resistentes a la reforma, el trimestre por venir es de preparativos para una nueva etapa de lucha activa contra la reforma. Se puede abatir el respaldo ciudadano, pero no se puede evitar que una factible mayoría legislativa pase finalmente la reforma, con cambios y adecuaciones, pero que no dejará de ser algo inaceptable desde su perspectiva o al menos la de su liderazgo.

Es por ello que, aunque la ciudadanía lo repudie, frente a la eventual convocatoria a un período extraordinario para discutir, dictaminar y en su caso aprobar esta reforma, lo esperable es que la “resistencia” recurra a nuevas acciones que subviertan el funcionamiento de órganos de gobierno y a movilizaciones que eventualmente pudieran escalar hacia actos propiamente de motín o sabotaje, que obligarían a una respuesta desde la autoridad.

Lo que es más: sin importar que tanto se modifique en el camino, si la reforma es finalmente avalada por una mayoría legislativa competente para normar, y aun si goza de consenso entre la población, seguramente no habrá aceptación a ella por parte de la “resistencia”.

No en balde la ciudadanía muestra temores de que protestas para detener esta reforma pudieran derivar en violencia. Aunque haya sensatez desde los resistentes, aunque haya prudencia desde la autoridad, un escalamiento de movilizaciones pone en riesgo la paz social.

Al momento, lo que se ha logrado es una postergación del conflicto, más no su desactivación.

¿Deben las partes velar armas para la batalla por venir? ¿Existen rutas que eviten lo colisión?

Podrá decirse que al final de cuentas debe prevalecer el Estado de Derecho y que un grupo que subvierte el orden debe atenerse a las consecuencias de sus acciones. Es cierto. Y mal haría el Estado de no estar preparado para ejercer las acciones jurídicas y de contención requeridas para garantizar la preservación del orden público.

Pero difícilmente podrá decirse que lo ideal es que un grupo social, por minoritario e intolerante que sea, no encuentre salidas a su malestar. Las todavía frescas experiencias de la Universidad Nacional, así como de Oaxaca, si bien muestran que es factible que las fuerzas del orden desactiven una situación ilegal de ocupación con saldos prácticamente blancos, también exhiben que no por ello desaparecen los costos en el tejido social consustanciales a un término de conflicto por vía policíaca.

Además, suponiendo –como lo hace una parte no despreciable de analistas e incluso de ciudadanos-, que el objetivo último del liderazgo de la movilización no es evitar la reforma, sino iniciar un proceso que active una confrontación social, desgaste y debilite a las instituciones y eventualmente fuerce la caída del gobierno, sería equívoco desde los poderes formales auspiciar una ruta de choque que favorezca esta velada finalidad sediciosa.

Se abre aquí una ruta extraña, que sería más bien un reto para las partes: el refrendo ciudadano a la reforma, mediante votación.

Si antes habíamos mencionado lo difícil que sería dar cabida a esta vía, lo hicimos ante el escenario de confrontación luego del asalto a las tribunas. Ahora, el lapso abierto para el debate bien pudiera ser empleado para un diálogo entre las partes que permita al menos discernir sobre la viabilidad de esta opción.

Como marco de referencia, es importante el hecho de que los mismos ciudadanos que están de acuerdo con la reforma y que rechazan mayoritariamente las manifestaciones de protesta contra la misma, se manifiestan a favor de que se consulte directamente a los propios ciudadanos para que la refrenden.

Ello es, en parte, reflejo del déficit de representatividad que percibe la población en los órganos legislativos, que no es ajeno al punto de vista que muchos analistas hemos tomado respecto a la distancia entre decisiones tomadas y opiniones ciudadanas, de lo que bien pudiera ser paradigma las reformas electorales del año pasado.

Pero también pareciera reflejar un interés vivo de los ciudadanos por participar más directamente en las decisiones sobre asuntos públicos y no reducir su tarea meramente a la elección de sus representantes.

Y si bien regímenes autoritarios muchas veces han canjeado la democracia representativa por una farsa plebiscitaria, es también cierto que muchas democracias han recurrido al expediente del referéndum en asuntos de interés fundamental para la vida de las naciones.

No se puede reducir la experiencia de los refrendos al caso boliviano por la proximidad en el imaginario de los liderazgos opositores. Habría que recordar también las experiencias canadiense sobre la independencia de la provincia francófona, la española para la ratificación del orden democrático, la chilena sobre la permanencia del dictador, las consultas para la ratificación del tratado unionista europeo, entre otras muchas.

¿Es posible lograr un rápido acuerdo entre reformadores y resistentes sobre las reglas para un referéndum? ¿Podría arribarse en un período extraordinario previo a la reforma petrolera a la aprobación de una ley para la consulta ciudadana sobre este tipo de reformas?

Habría que andar un camino largo. Antes que nada, definir si se trataría de una ley para la ocasión o de una norma perenne, como sería ideal. Desde luego, sería necesario que las partes avalaran tomar como marco para esta legislación el régimen vigente en materia electoral, con sus instituciones y procedimientos previamente aceptados y probados, y que aceptaran darle un carácter vinculante y se comprometieran a respetar el resultado.

De lo contrario, sería un ejercicio inútil, una trampa que solamente haría más enredoso el camino a la confrontación anunciada. Se requiere entonces un acuerdo público claro y definitivo que comprometa efectivamente a las partes.

De darse esta situación, habría que entrar a discutir cuándo debería consultarse a la ciudadanía para que refrende a través de su voto una reforma o la abrogación de una norma y resolver múltiples asuntos de procedimiento: quién y cómo puede solicitar una consulta, quién convoca y quién redacta la pregunta, qué derechos tendrían las partes que apoyen y rechacen la propuesta, cuáles serían los tiempos y medios de campaña.

El largo y sinuoso camino, empero, podría andarse. Y bien podría valer la pena. Además, las semanas dejadas para el debate sobre petróleo pudieran ser suficientes para preparar una iniciativa en materia de consultas a la ciudadanía que pudiera dictaminarse y aprobarse de manera expedita, para hacer viable su aplicación cuando culmine el proceso legislativo en materia de hidrocarburos.

Si una consulta sobre la reforma petrolera no fuera simplemente una salida peculiar a un diferendo, sino primera aplicación de una norma sin intermisión, no tendría por qué verse como debilitamiento de los poderes formales, sino como ruta de ampliación para el fortalecimiento del sistema democrático.

Para el gobierno tendría sentido esta ruta solamente en la medida que garantice desactivar toda forma de protesta social contra un resultado que estaría en su caso avalado no solamente por mayorías en los órganos legítimos de representación popular, sino por el refrendo directo de los ciudadanos.

Sería una muestra clara de apertura al cambio y de sometimiento a la voluntad ciudadana y retén ante descalificaciones maximalistas al sistema democrático.

De optar por este camino y triunfar en la consulta, el gobierno tendría una vía abierta que legitimara y diera cabida a cambios de mayor envergadura, pudiendo eventualmente avanzar más rápido y con píes firmes en un proceso de liberalización acorde con sus orientaciones y objetivos.

Una eventual derrota sería muestra de las limitaciones de su proyecto nacional, frente al que sólo cabría el reconocimiento y prepararse para un factible relevo en el mando dentro de los plazos y por las vías establecidas.

La resistencia a la reforma podría proclamar como un triunfo el simple hecho de lograr que se convoque la consulta y reclamarse artífice de un nuevo marco normativo que otorgaría mayor participación directa a los ciudadanos en las decisiones sobre asuntos públicos.

Ello honraría y daría vigencia a la opción política, aún si resultara derrotada finalmente en la consulta.

Empero, una victoria en la consulta le significaría un enorme avance para arribar al poder por vías legales, a la vez que supondría una camisa de fuerza a la eventual descalificación posterior de procesos en que resultara derrotada.

Desde luego que el período que mediaría entre la convocatoria al referéndum y su celebración sería un lapso donde se daría cabida y se profundizaría la polarización respecto al tema entre actores políticos y ciudadanos.

Pero, de hecho, el turbulento período transcurrido entre la entrega al Legislativo de las iniciativas de reforma y la liberación de las tribunas del Congreso luego de su ocupación fue ocasión para que la polarización se ahondara, clarificándose los campos de batalla, consolidándose los argumentos de las partes y decantándose las posiciones entre la ciudadanía. Es así que hoy se percibe una mayor concordancia entre preferencias partidarias y actitudes ante la reforma.

¿Por qué tendríamos que esperar que un proceso de debate y lucha política en pos del logro de la victoria en una consulta a la ciudadanía tuviera mayores efectos polarizadores que la activación de una nueva y tal vez más virulenta etapa de acciones de resistencia y protestas callejeras contra la reforma?

Además, si una polarización canalizada como protestas y su posterior contención no permite una rápida conciliación social, es más factible que una vez celebrada una consulta y conocido el sentido del voto popular no se den rupturas profundas en el tejido social, mas si los acuerdos políticos previos permiten que las partes reconozcan y respeten el resultado.

Claro, este último punto es el que alimenta con más fuerza la suspicacia, ante la reiterada deslealtad al sistema y la proclividad por llevar las situaciones al límite que ha mostrado el liderazgo opositor a la reforma.

Ello obliga a tener especial cuidado y a un esfuerzo de imaginación que posibilite, en el supuesto de desear tomar este sendero, la construcción de un andamiaje sólido y confiable desde todos los ángulos, que asegure que al final del proceso se hallará un entendimiento básico por todas las partes: el respeto a la voluntad ciudadana.

Cabe añadir que optar por este viaje significaría para los ciudadanos la oportunidad de hacer efectivos derechos que hace ya tres décadas les fueron expresamente reconocidos desde el Estado. Bien haríamos en completar la senda marcada por la Reforma Política de fines de los setenta.

Hoy, tal vez de manera fortuita, hay tiempo disponible para hacerlo. ¿Habrá la voluntad?

Algunos vínculos externos

- Castañeda, Jorge, “Referéndum para decidir”, Reforma, 23 de abril de 2008.

- Castañeda, Jorge, “Sí o no”, Reforma, 30 de abril de 2008.

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Etiquetas: México, referéndum, reforma, petróleo, debate