" 2008-04-30 

El asalto a las tribunas del Congreso de la Unión por parte de legisladores del Frente Amplio Progresista ocurrido en días pasados abrió la puerta a un mito, al que no pocos editorialistas han hecho eco y que, desde luego, constituye el corazón del discurso reivindicatorio de los asaltantes.

Dicho mito tiene tal credibilidad que ha sido expuesto por el líder del movimiento como justificación de la necesidad de acciones de fuerza que acompañen sus demandas, aún ante el coordinador parlamentario del partido mayor del FAP.

El mito en cuestión establece que sin “resistencia civil”, en el Legislativo y las calles, la reforma legislativa en materia petrolera hubiera sido aprobada rápidamente, sin un debate abierto a la sociedad.

Por ende, según el mito, el movimiento tuvo logros tangibles: postergar la aprobación de una reforma contraria al interés nacional y obligar a que se realizara un debate.

No hay nada más falso, aunque una verdad repetida mil veces pueda transformarse en convicción, como bien enseñaba la estrategia de propaganda nazi. Mas bien, este mito se nutre de diversas falacias.

En primer término, la creencia de que existe un fuerte y activo rechazo ciudadano a la reforma en materia petrolera. Nada más falso: más de la mitad de los mexicanos se manifiestan a favor de la propuesta de reforma impulsada por el Ejecutivo federal.

Segundo: que este rechazo responde al contenido privatizador de la propuesta. Pues bien: ni es claro que la reforma implique una privatización, aun cuando se le de un sentido laxo a este concepto, ni es cierto que ver en ella una orientación privatizadora implique su rechazo: hay mexicanos que ven en ella una estrategia de privatización y que la aprueba, así como hay mexicanos que la rechazan aunque no vean en ella un ánimo privatizador.

Tercero: que hubo logros tangibles en el Legislativo. Falso: las principales fracciones parlamentarias en el Senado de la República habían llegado al acuerdo de realizar un debate sobre los temas relacionados con esta posible reforma antes de que se diera el asalto a las tribunas y la movilización callejera.

Es de recordarse que inclusive se había enviado ya una primera comunicación oficial al propio líder del movimiento para convocarlo a este debate, como reportan diversos diarios la mañana previa a la toma de tribunas. Habría que releer las primeras páginas de los periódicos del 10 de abril pasado para refrescar la memoria.

El acuerdo de celebración de un debate, con doce temas en principio, hacia poco factible una pronta votación de la reforma. Y esta agenda tenía todavía que pasar por una discusión entre las fracciones y ser formalizada en comisiones. No se necesitaban gritos y sombrerazos para ello.

¿Qué ganó entonces la “resistencia” a la reforma con los asaltos y mítines?

Una forma burda de leer los resultados de la primera etapa de protestas contra la reforma es medirla por los cambios efectivamente logrados en las condiciones para la discusión legislativa de las iniciativas.

Visto así, lo que logró la oposición a la reforma fue ampliar unas cuantas semanas e incluir una terna de temas en la agenda de debate. Nada más.

Pero, visto desde una perspectiva más amplia, la “resistencia” logró colocar el cuestionamiento sobre la reforma en el centro de la discusión pública nacional, decantando bandos con posiciones encontradas, muy factiblemente no sustentadas en análisis profundos, sino en adhesiones a mitos y lecturas genéricas de la realidad.

No es de descartarse que ese treinta por ciento de ciudadanos que rechaza la reforma y compra el mito de que significa una pérdida de soberanía para la Nación tenga una importante intersección con ese conjunto de quienes avalaron el mito del fraude electoral.

Así, si para los legisladores la supuesta victoria sería desdeñable, para “el movimiento” habría sido oportunidad de fortalecimiento de cuadros y ahondamiento de una división social que, si bien no conviene a intereses electorales inmediatos, pudiera ser plataforma lo mismo para una continuidad del propio movimiento que para apoyar una estrategia electoral, si ocurre que la definición del sentido del sufragio pase por asumir posiciones en un espacio polarizado, lo que no puede descartarse a futuro.

Pero, ¿ganó la “resistencia” o la promoción a la reforma este primer episodio?

Los datos disponibles permiten afirmar que el saldo de esta etapa en el proceso de reforma a la legislación en materia petrolera no es diáfano.

Gana el gobierno y los partidarios de la reforma, pues consiguen finalmente que el proceso rumbo a legislar continúe y mantienen, al menos hasta el momento, un respaldo mayoritario a sus propuestas y un rechazo a acciones de protesta que impidan su discusión en el seno del Legislativo.

Pierden, sin embargo, pues se dilatan los tiempos, lo que pudiera deteriorar el consenso actual hacia la reforma no solamente en la opinión pública sino entre las fracciones que formarían la mayoría requerida para pasarla; y no logran cerrar un acuerdo que garantice que la vía de la confrontación esté cancelada.

Gana la “resistencia”, pues mantiene un segmento fiel, aunque minoritario, crédulo a su mítico discurso y crítico a la reforma. Obtienen tiempo en el cual pudieran lograr mayor respaldo a su rechazo y fortalecer su estructura para la movilización que asumen vendrá.

Pierde en tanto la mayoría de los ciudadanos no comparten su estrategia de asaltos y protestas, no solamente respecto a lo realizado, sino ante posibles acciones futuras de esta naturaleza, que son repudiadas desde ahora.

Empero, se abre una ventana de oportunidad para los opositores a la reforma que no necesariamente es negativa para los promotores de la misma. Si en la primera fase lo que se dio fue sobre todo un reparto de costos entre las partes, a ver quien cedía y quién perdía más, en la segunda fase del proceso el horizonte abierto pudiera mostrar opciones de juegos con balance eventualmente positivo para todas las partes.

El compás de tres meses que inició luego de la devolución de tribunas será ocupado por los actores para tareas que fueron postergadas o no se posicionaron en el centro de sus estrategias luego del asalto.

Un primer escenario será, obligadamente, las mesas de debate, oportunidad para la exposición de criterios que avalen una y otra postura y de potencial incidencia, limitada pero existente, en las opiniones ciudadanas en torno a la reforma.

Un segundo espacio será el que ocupe, si lo decide, el Ejecutivo federal. El lapso para legislar en el tema puede ser ocasión para que el gobierno lleve adelante una estrategia de comunicación que le permita enlazar esta reforma con beneficios concretos para la población, que consolide el respaldo hoy no “cristalizado” a las propuestas.

Pero es también oportunidad para afianzar la coalición legislativa que lleve a buen puerto la reforma. Asegurar los votos legislativos mediante una negociación política, no necesariamente cesionista y que no afecte la esencia de lo propuesto, es tarea que requerirá semanas, de las que ahora dispone.

Desde el frente contrario, las próximas semanas se dedicarán, como es públicamente conocido, a una campaña de divulgación de los cuestionamientos a la reforma, que eventualmente pudiera socavar un apoyo todavía blando de un segmento de la población. Pero es también lapso para consolidar la organización ya existente y eventualmente ampliarla, pues sus alcances –más allá de la demagogia- son todavía sumamente limitados.

Sin embargo, en el fondo, se mantiene viva una contradicción entre los escenarios para los que se prepararía el polo promotor de la reforma del que estaría anticipando su contraparte.

Para gobierno y entusiastas de la reforma, la tarea es preservar el respaldo mayoritario entre legisladores y ciudadanos hacia la propuesta, perfeccionarla con los contenidos del debate y el diálogo entre fracciones, y avanzar hacia su aprobación.

Para los resistentes a la reforma, el trimestre por venir es de preparativos para una nueva etapa de lucha activa contra la reforma. Se puede abatir el respaldo ciudadano, pero no se puede evitar que una factible mayoría legislativa pase finalmente la reforma, con cambios y adecuaciones, pero que no dejará de ser algo inaceptable desde su perspectiva o al menos la de su liderazgo.

Es por ello que, aunque la ciudadanía lo repudie, frente a la eventual convocatoria a un período extraordinario para discutir, dictaminar y en su caso aprobar esta reforma, lo esperable es que la “resistencia” recurra a nuevas acciones que subviertan el funcionamiento de órganos de gobierno y a movilizaciones que eventualmente pudieran escalar hacia actos propiamente de motín o sabotaje, que obligarían a una respuesta desde la autoridad.

Lo que es más: sin importar que tanto se modifique en el camino, si la reforma es finalmente avalada por una mayoría legislativa competente para normar, y aun si goza de consenso entre la población, seguramente no habrá aceptación a ella por parte de la “resistencia”.

No en balde la ciudadanía muestra temores de que protestas para detener esta reforma pudieran derivar en violencia. Aunque haya sensatez desde los resistentes, aunque haya prudencia desde la autoridad, un escalamiento de movilizaciones pone en riesgo la paz social.

Al momento, lo que se ha logrado es una postergación del conflicto, más no su desactivación.

¿Deben las partes velar armas para la batalla por venir? ¿Existen rutas que eviten lo colisión?

Podrá decirse que al final de cuentas debe prevalecer el Estado de Derecho y que un grupo que subvierte el orden debe atenerse a las consecuencias de sus acciones. Es cierto. Y mal haría el Estado de no estar preparado para ejercer las acciones jurídicas y de contención requeridas para garantizar la preservación del orden público.

Pero difícilmente podrá decirse que lo ideal es que un grupo social, por minoritario e intolerante que sea, no encuentre salidas a su malestar. Las todavía frescas experiencias de la Universidad Nacional, así como de Oaxaca, si bien muestran que es factible que las fuerzas del orden desactiven una situación ilegal de ocupación con saldos prácticamente blancos, también exhiben que no por ello desaparecen los costos en el tejido social consustanciales a un término de conflicto por vía policíaca.

Además, suponiendo –como lo hace una parte no despreciable de analistas e incluso de ciudadanos-, que el objetivo último del liderazgo de la movilización no es evitar la reforma, sino iniciar un proceso que active una confrontación social, desgaste y debilite a las instituciones y eventualmente fuerce la caída del gobierno, sería equívoco desde los poderes formales auspiciar una ruta de choque que favorezca esta velada finalidad sediciosa.

Se abre aquí una ruta extraña, que sería más bien un reto para las partes: el refrendo ciudadano a la reforma, mediante votación.

Si antes habíamos mencionado lo difícil que sería dar cabida a esta vía, lo hicimos ante el escenario de confrontación luego del asalto a las tribunas. Ahora, el lapso abierto para el debate bien pudiera ser empleado para un diálogo entre las partes que permita al menos discernir sobre la viabilidad de esta opción.

Como marco de referencia, es importante el hecho de que los mismos ciudadanos que están de acuerdo con la reforma y que rechazan mayoritariamente las manifestaciones de protesta contra la misma, se manifiestan a favor de que se consulte directamente a los propios ciudadanos para que la refrenden.

Ello es, en parte, reflejo del déficit de representatividad que percibe la población en los órganos legislativos, que no es ajeno al punto de vista que muchos analistas hemos tomado respecto a la distancia entre decisiones tomadas y opiniones ciudadanas, de lo que bien pudiera ser paradigma las reformas electorales del año pasado.

Pero también pareciera reflejar un interés vivo de los ciudadanos por participar más directamente en las decisiones sobre asuntos públicos y no reducir su tarea meramente a la elección de sus representantes.

Y si bien regímenes autoritarios muchas veces han canjeado la democracia representativa por una farsa plebiscitaria, es también cierto que muchas democracias han recurrido al expediente del referéndum en asuntos de interés fundamental para la vida de las naciones.

No se puede reducir la experiencia de los refrendos al caso boliviano por la proximidad en el imaginario de los liderazgos opositores. Habría que recordar también las experiencias canadiense sobre la independencia de la provincia francófona, la española para la ratificación del orden democrático, la chilena sobre la permanencia del dictador, las consultas para la ratificación del tratado unionista europeo, entre otras muchas.

¿Es posible lograr un rápido acuerdo entre reformadores y resistentes sobre las reglas para un referéndum? ¿Podría arribarse en un período extraordinario previo a la reforma petrolera a la aprobación de una ley para la consulta ciudadana sobre este tipo de reformas?

Habría que andar un camino largo. Antes que nada, definir si se trataría de una ley para la ocasión o de una norma perenne, como sería ideal. Desde luego, sería necesario que las partes avalaran tomar como marco para esta legislación el régimen vigente en materia electoral, con sus instituciones y procedimientos previamente aceptados y probados, y que aceptaran darle un carácter vinculante y se comprometieran a respetar el resultado.

De lo contrario, sería un ejercicio inútil, una trampa que solamente haría más enredoso el camino a la confrontación anunciada. Se requiere entonces un acuerdo público claro y definitivo que comprometa efectivamente a las partes.

De darse esta situación, habría que entrar a discutir cuándo debería consultarse a la ciudadanía para que refrende a través de su voto una reforma o la abrogación de una norma y resolver múltiples asuntos de procedimiento: quién y cómo puede solicitar una consulta, quién convoca y quién redacta la pregunta, qué derechos tendrían las partes que apoyen y rechacen la propuesta, cuáles serían los tiempos y medios de campaña.

El largo y sinuoso camino, empero, podría andarse. Y bien podría valer la pena. Además, las semanas dejadas para el debate sobre petróleo pudieran ser suficientes para preparar una iniciativa en materia de consultas a la ciudadanía que pudiera dictaminarse y aprobarse de manera expedita, para hacer viable su aplicación cuando culmine el proceso legislativo en materia de hidrocarburos.

Si una consulta sobre la reforma petrolera no fuera simplemente una salida peculiar a un diferendo, sino primera aplicación de una norma sin intermisión, no tendría por qué verse como debilitamiento de los poderes formales, sino como ruta de ampliación para el fortalecimiento del sistema democrático.

Para el gobierno tendría sentido esta ruta solamente en la medida que garantice desactivar toda forma de protesta social contra un resultado que estaría en su caso avalado no solamente por mayorías en los órganos legítimos de representación popular, sino por el refrendo directo de los ciudadanos.

Sería una muestra clara de apertura al cambio y de sometimiento a la voluntad ciudadana y retén ante descalificaciones maximalistas al sistema democrático.

De optar por este camino y triunfar en la consulta, el gobierno tendría una vía abierta que legitimara y diera cabida a cambios de mayor envergadura, pudiendo eventualmente avanzar más rápido y con píes firmes en un proceso de liberalización acorde con sus orientaciones y objetivos.

Una eventual derrota sería muestra de las limitaciones de su proyecto nacional, frente al que sólo cabría el reconocimiento y prepararse para un factible relevo en el mando dentro de los plazos y por las vías establecidas.

La resistencia a la reforma podría proclamar como un triunfo el simple hecho de lograr que se convoque la consulta y reclamarse artífice de un nuevo marco normativo que otorgaría mayor participación directa a los ciudadanos en las decisiones sobre asuntos públicos.

Ello honraría y daría vigencia a la opción política, aún si resultara derrotada finalmente en la consulta.

Empero, una victoria en la consulta le significaría un enorme avance para arribar al poder por vías legales, a la vez que supondría una camisa de fuerza a la eventual descalificación posterior de procesos en que resultara derrotada.

Desde luego que el período que mediaría entre la convocatoria al referéndum y su celebración sería un lapso donde se daría cabida y se profundizaría la polarización respecto al tema entre actores políticos y ciudadanos.

Pero, de hecho, el turbulento período transcurrido entre la entrega al Legislativo de las iniciativas de reforma y la liberación de las tribunas del Congreso luego de su ocupación fue ocasión para que la polarización se ahondara, clarificándose los campos de batalla, consolidándose los argumentos de las partes y decantándose las posiciones entre la ciudadanía. Es así que hoy se percibe una mayor concordancia entre preferencias partidarias y actitudes ante la reforma.

¿Por qué tendríamos que esperar que un proceso de debate y lucha política en pos del logro de la victoria en una consulta a la ciudadanía tuviera mayores efectos polarizadores que la activación de una nueva y tal vez más virulenta etapa de acciones de resistencia y protestas callejeras contra la reforma?

Además, si una polarización canalizada como protestas y su posterior contención no permite una rápida conciliación social, es más factible que una vez celebrada una consulta y conocido el sentido del voto popular no se den rupturas profundas en el tejido social, mas si los acuerdos políticos previos permiten que las partes reconozcan y respeten el resultado.

Claro, este último punto es el que alimenta con más fuerza la suspicacia, ante la reiterada deslealtad al sistema y la proclividad por llevar las situaciones al límite que ha mostrado el liderazgo opositor a la reforma.

Ello obliga a tener especial cuidado y a un esfuerzo de imaginación que posibilite, en el supuesto de desear tomar este sendero, la construcción de un andamiaje sólido y confiable desde todos los ángulos, que asegure que al final del proceso se hallará un entendimiento básico por todas las partes: el respeto a la voluntad ciudadana.

Cabe añadir que optar por este viaje significaría para los ciudadanos la oportunidad de hacer efectivos derechos que hace ya tres décadas les fueron expresamente reconocidos desde el Estado. Bien haríamos en completar la senda marcada por la Reforma Política de fines de los setenta.

Hoy, tal vez de manera fortuita, hay tiempo disponible para hacerlo. ¿Habrá la voluntad?

Algunos vínculos externos

- Castañeda, Jorge, “Referéndum para decidir”, Reforma, 23 de abril de 2008.

- Castañeda, Jorge, “Sí o no”, Reforma, 30 de abril de 2008.

Compartir en    Menéame               Referencias en   Technorati                     

Etiquetas: México, referéndum, reforma, petróleo, debate

 I

Cuentan las leyendas que cuando el Ejecutivo federal decidió mandar formalmente al Senado de la República las iniciativas de reformas para el sector petrolero, suponía que tenía condiciones para su rápida aprobación.

Las propuestas eran el resultado de una ardua negociación con una fracción opositora con suficiente fuerza y pretendida cohesión para hacer viable la mayoría simple requerida, al cumplir con requisitos tales como no implicar un cambio constitucional, no comprometer la propiedad del petróleo y reservar al Estado la renta petrolera.

Así, y reconocido por el propio Presidente de la República, las iniciativas no correspondían al ideal técnico, sino a lo posible. Eran el mínimo común de quienes podrían conformar un bloque mayoritario.

La pretensión de pasar la reforma de manera expedita respondía luego, más que a demandas propias de la materia a legislar, al requerimiento de agotar la discusión del tema antes de que se diera el posicionamiento de los partidos cara al próximo proceso electoral federal, lo que restaría viabilidad a la supervivencia del bloque que conformaría la mayoría.

Desde el frente opositor a las iniciativas, se ve en ellas un intento por pasar como cambios al nivel de ley modificaciones contrarias a la norma constitucional, que comprometen los derechos de propiedad del Estado sobre los hidrocarburos y abren la puerta para que privados participen de manera subrepticia de la renta petrolera.

La oposición a la reforma decide responder con demandas que obliguen a abrir una amplia y dilatada discusión sobre el tema. Su objetivo es entonces evitar que se de una aprobación expedita. La amenaza con impedir el funcionamiento del Legislativo es medida suficiente para obligar a que los favorecedores de la reforma se sienten a negociar.

Pero, en ese momento, según recuerdan los cronistas, una fracción de quienes se oponían deciden asaltar las tribunas legislativas, en un acto que no se asemeja al “filibusterismo”, como algún buen amigo me sugiriera en comentario al ulular anterior, puesto que monopolizar la tribuna es una forma abusiva –incluso perversa- de usarla, pero sujeta a reglas y que acepta su sentido como espacio para parlamentar, mientras que bloquear el acceso a la tribuna niega su esencia misma, al cancelar la arena del diálogo.

Hasta aquí, lo que ocurre en los espacios parlamentarios no sería más que un ejercicio irregular, tal vez extremo, escandaloso, pero con miras a forjar, forzar, una negociación.

Lamentablemente para el Ejecutivo federal, al asumir los mínimos comunes con aliados débiles y proclives al chantaje, limitó en exceso el alcance de sus propuestas. Ahora, el techo de lo negociable está acotado por el contenido actual de las iniciativas y es muy factible que de su discusión, sea cual sea la dinámica que se adopte, y si es que finalmente se aprueba, salga una reforma aún más limitada: el máximo posible luego del asalto.

Así, si para algunos analistas lo pretendido es corto, lo esperable es que se consiga una propuesta que se aleje aún más de lo deseable desde la perspectiva de los reformadores. La contraparte, en cambio, aun puede andar camino en la reducción del impacto de lo posible.

Para lograrlo, ha asumido una posición cerrada: una vez que lograron impedir que la reforma salga en el actual período, y bien sea que lo expresen como demanda de cuatro meses de debate, bien como compromiso de no convocatoria a un período extraordinario sobre el tema, buscan postergar a septiembre y más allá el proceso formal para una eventual reforma.

Si se rechaza el derecho absoluto de la mayoría simple de imponer su voluntad sin cortapisas, más debiera rechazarse la imposición de la voluntad de una minoría mediante acciones de fuerza. Si hay cabida para una negociación entre las partes, eso es lo que debiera darse.

Y en este caso, pareciera que el secuestro de las tribunas legislativas no tiene más solución posible que el sometimiento de los reformadores a una agenda con tiempos y formas específicas para el debate, dictada a una minoría por un líder externo.

II

Los opositores a la reforma añaden ahora un punto que implica no solamente tiempo adicional, sino la negación práctica del sistema de mayorías propio de nuestra democracia representativa, al requerir un referéndum ratificatorio como condición para aprobar una reforma.

No estamos en contra de la figura del referéndum. De hecho, en otras ocasiones hemos apuntado que la agenda original de la Reforma Política de los setenta, impulsada por Don Jesús Reyes Heroles, no se ha agotado, pues falta precisamente la normatividad que haga posible la realización de un referéndum y dar cabida y salida a iniciativas populares.

Sin embargo, lo pertinente sería primero resolver con claridad y asentar en leyes cuándo, cómo y con qué alcances se debe potenciar la intervención directa del cuerpo electoral para complementar el régimen de democracia representativa.

De establecerse, ¿Debería haber referéndum solamente para lo constitucional o también para leyes específicas? ¿Cuándo debería convocarse a un referéndum? ¿Deberían ser decisorios, con resultados vinculantes? ¿Deberían solamente ser ratificatorios o también para la abrogación de normas? ¿Quién tendría la potestad de convocarlos y mediante cuál procedimiento? ¿Cómo y por cuánto tiempo debieran difundirse los posicionamientos a favor y en contra? ¿Qué derechos tendrían quienes adoptaran una u otra postura durante el período de debate público previo? ¿Cómo se regularía su participación en espacios públicos? ¿Debieran ser concurrentes con procesos electorales o diferenciados? ¿Quién y cómo redactaría el cuestionamiento y cómo se validaría?¿Debe ser solamente para asuntos federales o auspiciarse normas semejantes para los Estados? ¿Cómo se evita que se caiga en una práctica de consulta directa cotidiana que niegue la esencia misma del legislador?

En fin: la discusión de una norma sobre referéndum sería una labor mayor en sí misma. ¿Vale la pena hacerla al calor de un debate específico? ¿Vale la pena normar para este referéndum y mantener el vacío jurídico general sobre el tema?

Regresando al caso, ¿cómo puede garantizarse por parte de los oponentes la lealtad a un resolutivo mediante votación ciudadana, si han descalificado de manera reiterada órganos y procesos distintos, cuando sus resultados no les favorecen?

Si nos están haciendo el favor de impedir la insurrección popular al canalizar y ordenar una protesta que sugieren desbordable sin su concurso, como sugiere Manuel Camacho, ¿cómo evitar que a pesar de todo lancen a sus grupos de choque para exigir lo que les plazca?

III

Este último punto apela a una diferencia central entre los ejercicios practicados por legisladores y las movilizaciones organizadas por la “resistencia”. Mientras unos son recursos difícilmente sancionables, aunque sea estirando la liga, y puede asumirse en todo caso que sus saldos habrán de reflejarse a futuro en las urnas, las acciones callejeras son francamente intimidación y bloqueo al funcionamiento de los órganos del Estado mediante el recurso a la fuerza, sin costo alguno para quienes las realizan.

Estas prácticas se alimentan de la confianza que brinda la impunidad, confirmada en la experiencia del desafuero, que impide recurrir a expedientes judiciales, como acertadamente apunta María Amparo Casar. Pero también de la ilegitimidad existente del empleo de toda forma de violencia por parte de las fuerzas públicas, ante los excesos de hace cuarenta años (como recuerda Luis González de Alba).

Nuevamente, aclaramos, no se trata de demandar acciones que alimenten una espiral de violencia, sino del entendimiento de que, detrás de las acciones disruptivas de la “resistencia”, se está cocinando una insurrección que provoque lo que Juan Gabriel Valencia ha llamado un “accidente histórico”.

¿Cómo debe entonces enfrentar una democracia a una insurrección de esta naturaleza? Esto lo pregunta Ciro Gómez Leyva. Desde luego no con acciones de represión indiscriminada. Pero, ¿qué tal con actos estrictamente jurídicos? Al menos para poner enfrente costos reales consustanciales a actos de conspiración y sedición.

Al menos debiera ponerse en manos de los jueces la decisión sobre si se debe proceder en contra de quienes alienten o llamen a cometer delitos políticos cuando ello ocurra, y poner en claro que una cosa es el derecho a manifestarse y otra impedir por la fuerza el funcionamiento de los órganos del Estado.

Del lado institucional, pareciera que la dirigencia panista sí está dispuesta a poner los recursos ante la autoridad electoral que permitan que ésta decida si proceden sanciones para los partidos por los bloqueos a tribunas.

De lo contrario, cada quien podría formar sus propios cuadros para el asalto de las fortalezas del otro y la persecución de sus seguidores por las calles.

Y como los resistentes suelen interpretar las normas a su manera, contrariando su espíritu cuando quieren, pero desgarrándose vestiduras y reclamando su aplicación cuando les conviene, cabe preguntarse cómo actuarían si un grupo “civil y pacífico” decidiera cercar e impedir el funcionamiento de sus romanas oficinas.

Ojalá no lleguemos al punto en que lo que cuente sea la capacidad de movilización, por encima de los argumentos. Más bien, recurramos a la fuerza del derecho para la preservación del Estado de derecho. Esa puede ser la mejor vía para salvaguardar nuestra democracia.

Algunos vínculos externos

- Camacho, Manuel, “Decir y escuchar”, El Universal, 21 de abril de 2008.

- Casar, María Amparo, “Dialogar o amagar”, Reforma, 21 de abril de 2008.

- Gómez Leyva, Ciro, “El accidente histórico", Milenio, 21 de abril de 2008.

- González de Alba, Luis, “¡Que se hunda PEMEX para rescatarlo yo!”, Milenio, 21 de abril de 2008.

- Valencia, Juan Gabriel, “La movilización: motivos manifiestos y latentes", Milenio, 19 de abril de 2008.

Compartir en    Menéame               Referencias en   Technorati                     

Etiquetas: México, Congreso, tomas, reforma, petróleo

" 2008-04-16 

"En política, la forma es fondo".

Jesús Reyes Heroles.

I

Es muy posible que el conjunto de iniciativas de reformas a la legislación que regula la actividad petrolera en México recientemente presentadas por el Ejecutivo federal al Legislativo sea susceptible de mejoramiento.

Sería sano debatir si las propuestas se sujetan o no estrictamente a las disposiciones constitucionales vigentes y si existe una adecuación certera entre medios y fines; es decir, si lo que se pretende lograr efectivamente puede ser alcanzado mediante las reformas propuestas o bien hay mejores opciones.

Sería bueno, asimismo, que se evaluaran las condiciones que supondría una nueva legislación para la apertura y regulación de la inversión privada, nacional y extranjera, en el sector petrolero y que se debatiera sobre las consecuencias que ello tendría para el país en lo inmediato y lo mediato.

No estaría de más reflexionar sobre las ausencia posibles en la reforma, como pudieran ser asuntos relacionados con las relaciones contractuales y la representación laboral de los trabajadores de la industria.

El camino y los espacios que los mexicanos nos hemos dado legalmente para llevar adelante estas discusiones y resolver lo procedente es claro. Contamos con un Poder Legislativo encargado de la formación de leyes y con un Poder Judicial competente para revisar la constitucionalidad de las normas y, en su caso, demandar su adecuación.

Las reglas para la integración de estos poderes son claras y se han cumplido. Así, la legitimidad del Congreso de la Unión, resultante de un proceso electoral validado por tiros y troyanos, está fuera de cuestionamiento.

Las reglas para su funcionamiento también son claras y se supone están avaladas por quienes los conforman. Existe un principio de mayoría perfectamente definido para aprobar o rechazar iniciativas y a ella se han sometido las diversas fuerzas políticas. Basta recordar los famosos casos de intentos de reforma al régimen del Impuesto al Valor Agregado para ratificar la vigencia de estas reglas.

El mandato a los legisladores es preciso: deben cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Pero tienen el poder de reformar estas normas, conforme a los procedimientos establecidos y con las limitaciones impuestas en las mismas.

Más allá de lo jurídico, los representantes populares deben ser sensibles a la voluntad ciudadana. Actuar a contrapelo de lo deseado por la población puede repercutir en la pérdida de respaldos electorales futuros.

Los legisladores tienen luego que buscar, en lo posible, un equilibrio entre lo técnicamente procedente y lo políticamente idóneo, entre los intereses como fracción del electorado y los intereses generales, entre el logro de objetivos inmediatos y las consecuencias mediatas de sus decisiones.

Es aquí donde adquieren relevancia para los legisladores los estudios de opinión pública, como instrumento para el reconocimiento de lo que los ciudadanos piensan y desean respecto a temas que conforman la agenda legislativa.

En el caso particular de las iniciativas de reforma al régimen jurídico que regula el sector petrolero, diversas encuestas han permitido saber que, más allá de la visión idealista que asume como campo prohibido la participación privada en el campo, la ciudadanía pudiera respaldar una apertura que mantuviera la capacidad de regulación estatal y preservara los beneficios para la Nación.

II

A pesar de todo lo anterior, una corriente política erigida de mutuo propio en representante del pueblo cuestiona estos principios para la discusión de una reforma en materia petrolera.

No le bastó no reconocer en su momento al Presidente de la República legalmente electo, denunciando un supuesto fraude no sustentado en pruebas. Ahora desconoce la potestad del Congreso como representación colegiada competente para procesar reformas a las leyes y renuncia a recurrir al Poder Judicial, al calificar de encubridores a sus integrantes.

Es por ello que lleva adelante llamados e incita a realizar acciones de resistencia contra una posible reforma. De antemano, el líder de este movimiento y sus seguidores asumen que el pueblo mexicano rechaza y debe rechazar la propuesta; aquellos que no lo hicieran estarían mal informados o actuarían de mala fe, pues supone entregar nuestra riqueza a manos extranjeras, según su entender.

Esta resistencia no es civil. Si el líder “carismático” que la convoca alguna vez apeló al pueblo, eso fue en el pasado, cuando luchó contra su desafuero o cuando buscó alcanzar la Presidencia de la República por medios legales.

Hoy, ya no lo requiere. Para sus movilizaciones cuenta primordialmente con cuadros reducidos, pero organizados y subsidiados, capaces de generar acciones para entorpecer las funciones de los órganos del Estado... o ir más allá, si se requiere y es conveniente. Hoy se ha impuesto la lógica de grupos de choque sobre la movilización de masas.

Su campana de acción está avalada por los cuadros dirigentes de partidos, unos por oportunidad, otros por tibieza, pues al verse rebasados por circunstancias que les son impuestas, tratan de correr para ponerse a la vanguardia y no parecer traidores a ojos del todopoderoso.

Asaltar las tribunas de las Cámaras e impedir el funcionamiento ordinario del Congreso de la Unión es un recurso válido para las minorías cuando las mayorías les imponen sin cortapisas sus condiciones, pues pudieran estas minorías no tener más opciones.

Pero, en el caso que nos ocupa, las mayorías no estaban y no están cerradas al diálogo y la negociación con las fracciones minoritarias. Sí lo están respecto a la pretensión de imponerles qué, dónde, cuándo y cómo debatir y, en su momento, qué pueden o no aprobar. Y pareciera que esa es la intención del Duce mexicano.

Lo que es más: aún si le aceptaran todo lo que hoy demandan, es seguro que buscaría imponer nuevas condiciones. Y que no hay más resultado posible de un análisis que el rechazo pleno de las iniciativas. Cualquier otra opción es entreguismo, engaño, traición a la patria.

Asaltar las tribunas de las Cámaras e impedir el funcionamiento ordinario del Congreso de la Unión es en estas circunstancias, de manera llana, golpismo. Y no es exagerado calificarlo así. Un golpe de Estado es un ataque a la legalidad institucional que implica la retención de los organismos en que se deposita; para el caso, nuestro Congreso de la Unión.

Encabezando esta intentona golpista se encuentra un grupo de conspiradores y seguidores incondicionales del líder que, recordando a César Vidal, tienen una firme decisión de acceder al poder por vías no democráticas, que cuentan con apoyos formales y fácticos concretos, con un factor de cohesión con potencial desestabilizador y con una estrategia de propaganda no limitada por el respeto a la verdad.

Pero también cuentan con la ingenuidad y con la falta de convicción de quienes se ubican del otro lado de la trinchera. Los optimistas que suelen menospreciar el potencial desestabilizador de las intentonas y apelar a la tolerancia y al diálogo, aunque lleve a la claudicación, son finalmente víctimas de su mesura, a la vez que cómplices del derrumbe de una democracia.

No se trata de propugnar por acciones de fuerza, pero sí de demandar firmeza, visión de Estado, para la salvaguarda del sistema democrático. En principio, se requiere tomar con la debida seriedad el reto que estas acciones suponen para que el régimen sobreviva, develar los apoyos con que cuentan y contraponerse al discurso mentiroso con debates francos, libres de coacción, que apelen a la razón.

Pero también habría que recordar que, para que un Estado de Derecho se preserve, debe tener la capacidad de ejercer las potestades que le son propias. Los atentados contra la vida democrática que han ocurrido no han pasado por lo pronto de ser una farsa propagandística, a la que hay que responder con prudencia y mesura.

Mas, como recuerda Ciro Gómez Leyva comentando un brillante artículo de Federico Reyes Heroles, lo ocurrido hasta ahora puede ser escalable. Y habría que estar preparados para responder con prontitud y decisión si se llegara a más. Allí están los instrumentos legales; de ser necesario, habría que recurrir a ellos conforme los procedimientos formalmente establecidos.

No puede dejarse que un grupo claramente minoritario y que, salvo en su fantasía o por su interés, no expresa el sentir mayoritario del pueblo mexicano, detenga la marcha de las instituciones de la República. Un Estado democrático no puede dejarse acorralar o ceder ante actos de sedición, motines o sabotajes que busquen impedir la acción de los órganos del propio Estado. Hacerlo sería ser cómplices de los golpistas.

ADENDA

CÓDIGO PENAL FEDERAL

LIBRO SEGUNDO

TITULO PRIMERO

Delitos Contra la Seguridad de la Nación

CAPITULO III

Sedición

Artículo 130.- Se aplicará la pena de seis meses a ocho años de prisión y multa hasta de diez mil pesos, a los que en forma tumultuaria sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 132.

A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición, se les aplicará la pena de cinco a quince años de prisión y multa hasta de veinte mil pesos.

CAPITULO IV

Motín

Artículo 131.- Se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación.

A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de motín, se les aplicará la pena de dos a diez años de prisión y multa hasta de quince mil pesos.

CAPITULO V

Rebelión

Artículo 132.- Se aplicará la pena de dos a veinte años de prisión y multa de cinco mil a cincuenta mil pesos a los que, no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de armas traten de:

II.- Reformar, destruir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la Federación, o su libre ejercicio.

CAPITULO VII

Sabotaje

Artículo 140.- Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de mil a cincuenta mil pesos, al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa.

Se aplicará pena de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, al que teniendo conocimiento de las actividades de un saboteador y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.

CAPITULO VIII

Conspiración

Artículo 141.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y multa hasta de diez mil pesos a quienes resuelvan de concierto cometer uno o varios de los delitos del presente Título y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación.

CAPITULO IX

Artículo 142.- Al que instigue, incite o invite a la ejecución de los delitos previstos en este Título se le aplicará la misma penalidad señalada para el delito de que se trate, a excepción de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 130, en el segundo párrafo del artículo 131 y en la fracción I del artículo 135, que conservan su penalidad específica.

Artículo 143.- Cuando de la comisión de los delitos a que se refiere el presente Título resultaren otros delitos, se estará a las reglas del concurso.

Además de las penas señaladas en este Título, se impondrá a los responsables si fueren mexicanos, la suspensión de sus derechos políticos por un plazo hasta de diez años, que se computará a partir del cumplimiento de su condena. En los delitos comprendidos en los capítulos I y II del presente Título, se impondrá la suspensión de tales derechos, hasta por cuarenta años.

Artículo 144.- Se consideran delitos de carácter político los de rebelión, sedición, motín y el de conspiración para cometerlos.

Algunos vínculos externos

- Gómez Leyva, Ciro, “Federico y los golpistas", Milenio, 16 de abril de 2008.

- Reyes Heroles, Federico, “Golpistas”, Reforma, 15 de abril de 2008.

- Reyes Heroles, Jesús, Obras Completas, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.

- Vidal, César, La estrategia de la conspiración, Biblos, Barcelona, 2006.

Compartir en    Menéame               Referencias en   Technorati                     

Etiquetas: México, reforma, petróleo, golpismo

" 2008-04-07 

I

El problema del PRD para enfrentar sus procesos internos no es nuevo. Este partido nunca ha podido contar con instancias avaladas por todos los actores para resolver sus diferendos y sus principales dirigentes han estado acostumbrados a recurrir a procedimientos irregulares para aumentar artificialmente su votación.

Es por demás propio de la cultura de partidos de la llamada izquierda el llevar adelante procesos de enfrentamiento y "purga" como vía de solución de conflictos y no atenerse a instancias legitimadas para el procesamiento de diferendos. En el caso mexicano, todo ello quedo demostrado hace menos de diez años, cuando el proceso de elección de su dirigencia tuvo que anularse y de nueva cuenta esta misma década no resultó transparente a ojos de unos y otros participantes.

La reedición este año de un proceso conflictivo se vuelve más compleja ante la presencia de un "líder" no institucional que participó directamente en el proceso mediante declaraciones y misivas, y que adoptó una posición y una preferencia en la contienda.

Es muy factible que lo que haya ocurrido efectivamente en las urnas y los resultados que eventualmente se contabilizaron de manera parcial en el PREP no tengan una correspondencia inequívoca (lo que explicaría el desacuerdo entre los datos preliminares y las estimaciones por encuesta de salida serias), debido a la inclusión de actas de casillas inexistentes, adulteraciones en los cómputos, eliminación de actas válidas y contabilización errática de votos en diversas entidades.

Estos y otros problemas en el cómputo, junto con los intencionales retrasos y equívocos procedimientos de agregación, ha dado lugar a que sea imposible hasta la fecha saber quién tendría más votos conforme a cualquier criterio que se quisiera adoptar -bien sea en las urnas, bien en las actas- y hace que o bien nunca se tenga un resultado definitivo o que cualquier resultado que se de por cualquiera de las instancias que pudiera darlo sea impugnable ante otras instancias y repudiable por la parte que resultara derrotada conforme a dicho recuento.

De hecho, aun antes de conocerse un cómputo o una declaratoria de resultado, ya se presenta de facto una realidad de poder dual: por un lado, el órgano de gobierno y la instancia revisora del proceso, auspiciando mecanismos que favorecen a una opción y acotan el trabajo del árbitro del proceso; por el otro, el órgano máximo, declarado en sesión permanente y respaldando a la otra opción con medidas, exigencias y amenazas.

Empero, la disputa por la Presidencia del PRD no es un juego de todo o nada, pues del cómputo también deviene un reparto específico de carteras, lo que hace posible que al menos una de las partes pudiera eventualmente negociar en aras del logro de posiciones en órganos directivos.

El problema sería si la parte menos proclive a pactar resulta formalmente derrotada, pues pudiera de ello derivarse el desconocimiento del resultado, la calificación de "espurio" para el ganador y la declaratoria de "legítimo" del formalmente derrotado, reeditando la “hazaña” nacional de hace un año.

Y si esta opción finalmente triunfa, ha de querer dictar un reparto inaceptable para su contraparte, que luego tendría que recurrir al rechazo del resultado y eventualmente acudir a órganos externos al partido para su revisión.

Pero si la disputa por el resultado no tiene una salida fácil, menos es lo que ocurrirá después. De ganar la opción del "jefe máximo" es esperable, como ha ocurrido en repetidas ocasiones, que cualquier entendimiento al que pudiera llegarse fuera prolegómeno a una purga que erradicara a los traidores; de ganar la otra opción, su legitimidad se socavaría mediante un discurso incendiario que podría terminar en la salida hacia una opción electoral nueva, formada a partir de los pequeños partidos del frente previamente formado.

Todo esto hace que el PRD se encuentre en un pantano de donde le será difícil salir.

Así, ante la sorprendente aunque esperable situación de que pasados más de veinte días no se cuente ni siquiera con un cómputo provisional de resultados que sea de dominio público, es de suponerse que la disputa por el liderazgo de este partido se prolongue por mucho tiempo.

Son ya menos de una veintena de días lo que resta para el relevo formal en el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. Parecería mucho y resulta realmente muy poco el tiempo disponible para cerrar el proceso, más cuando falta que se disponga de un cómputo completo, se desahoguen reclamos, se califique y valide de ser posible la elección y se atiendan los recursos que presenten las diversas instancias que pudieran involucrarse.

La sombra del interinato se cierne sobre el PRD. Y el fantasma de la ruptura recorre los pasillos de sus oficinas.

Ello no dejará de tener algún impacto, por medir, en las preferencias ciudadanas. Tal vez para dejar atrás estos sucesos será necesario ver sus saldos en la elección federal de 2009. Recordando al Maestro Sabina, tal vez para olvidarla será necesario que pasen diecinueve días... y 500 noches.

II

Mas ello, en principio, no obstruye la capacidad de operación y la convocatoria potencial del "líder" al repudio a la reforma energética en puerta.

La movilización tiene sentido en sí mismo y es bandera útil para el “líder”, al margen del contenido que tenga la propuesta. La amenaza es suficiente para inhibir a los reformistas, quienes tenderán a acotar el alcance de los cambios y encubrir todo sentido potencialmente "privatizador" en los mismos, más cuando quienes pueden sumarse a la propuesta para darle mayoría han elevado y tenderán a elevar el precio de su respaldo.

Por ende, lo esperable es que, tal vez luego de que concluya la etapa actual del proceso perredista –que no todo el proceso, que se prolongará necesariamente a otros escenarios-, se presente al Congreso una iniciativa de reforma a diversas leyes, buscando adecuar el marco normativo para la operación del sector energético nacional, incluyendo en ello nuevas reglas que le otorguen mayor autonomía, un margen más amplio de maniobra para contrataciones, reduzcan su carga fiscal y le permitan novedosos mecanismos de asociación (no mediante "contratos riesgo", sino a través de otra figura) para posibilitar la concurrencia de instancias externas (potencialmente empresas con participación estatal) en ámbitos definidos (aguas profundas en zonas transfronterizas), como primeros pasos que prueben la viabilidad de las normas y permitan, más adelante, su eventual ampliación a otros ámbitos.

No podemos dejar de mencionar que, de una reeditada condición de supuestos outliers, los datos de GEA-ISA difundidos en febrero pasado respecto a la opinión ciudadana en torno a una potencial reforma energética, nuevamente fueron pioneros.

Hoy se tiene ya una colección de estudios por encuesta que dan cuenta de la existencia de una potencial mayoría acorde con la reforma y que demuestran lo limitado de mediciones iniciales que partieron de cuestionamientos excesivamente genéricos sobre esta temática.

Regresando al proceso legislativo por venir, aunque la eventual aprobación de estas reformas pasaría por un juego de intercambio y negociación entre las partes (como es propio de la política) y que, de aprobarse, su legalidad estaría fuera de duda, por ser resultado del ejercicio de las atribuciones legales conferidas a los órganos colegiados de representación popular, donde se habría manifestado una mayoría sustentada originariamente en el voto ciudadano, es esperable que la movilización de protesta tenga lugar de cualquier manera.

Sus vertientes y derroteros son mucho más difíciles de prever, al igual que su alcance disruptivo y violento, pero es claro que los riesgos se incrementan al ingresarse a estos terrenos. De entrada, en el propio partido de origen del “líder” no pareciera haber un acuerdo respecto a los procedimientos a seguir: por un lado, se tiene la opción moderada, proclive al rechazo activo de la reforma en las instancias legislativas; por el otro, el recurso a una movilización de “adelitas” que atenta en esencia contra la democracia, al negarle al legislador la capacidad de ejercer sus funciones en caso de que incluya en su agenda el tratamiento de un tema cuya revisión, más allá de cualquier razonamiento, es declarada por el “líder” como prohibida.

Frente a las amenazas de impedir la legítima operación de los órganos de gobierno de la República, en el extremo el Estado tendría que decidir si lleva a cabo o no acciones de legítima contención y si las acompaña de mecanismos judiciales contra los dirigentes. Pero no entremos en especulaciones mayores, porque ello será materia de nuevos ululares.

Compartir en    Menéame               Referencias en   Technorati                     

Etiquetas: México, PRD, elección, reforma, energética, internas

" 2008-02-26 

Como apoyo a  amigos perseguidos
que nunca suscribirían estas palabras. 

"Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada, porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por los  sindicalistas y no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada, porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie a quien decir nada".

Martin Niemoeller.

I

Tal vez no se quiera extender los comportamientos de un grupo de seguidores a su líder. Pero no está de más recordar sucesos acontecidos en otra latitud hace poco menos de un siglo.

Era octubre de 1922. El Partido Nacional Fascista asumía un doble papel en la vida política italiana: uno, participando en las estructuras democráticas, lo que le permitiría convertirse en una fuerza parlamentaria con cierta presencia; el otro, como movimiento desestabilizador francamente desleal al sistema democrático.

Expresión de ello fue la amenaza de Mussolini de marchar a Roma si no se le entregaba el poder, a pesar de no contar con la presencia suficiente en el Parlamento que le permitiera imponer legítimamente esa exigencia.

La noche del 27 de octubre de ese año, los fascistas iniciarían una marcha que fue fácilmente detenida en todo punto en que las fuerzas del orden impidieron su avance.

Mussolini no participaría personalmente en esta movilización, dejando margen para deslindarse de resultar un fracaso, pero pudiendo ser el heroico dirigente de triunfar el movimiento.

A pesar de la desorganización mostrada, el rey Víctor Manuel III se negó a firmar un decreto para proclamar el estado de guerra y tan solo dos días más tarde encarga al Duce (algo así como “el que guía desde el frente”) la formación del nuevo gobierno.

Menos de un año más tarde, se votaría una nueva ley electoral que permitiría al partido con mayor votación –aunque ésta representara apenas la cuarta parte de los sufragios- tener hasta dos tercios de los escaños.

La aprobación de esta nueva legislación sería posible por el apoyo de los católicos, impulsados por la Santa Sede. Y con ello se abriría la puerta a la dictadura fascista.

Cabe recordar que detrás de esta derrota para una democracia, no solamente está la violencia y la voluntad desestabilizadora de los golpistas, sino el recurso a una propaganda exitosa -aún siendo ajena a la verdad- y una respuesta timorata, cuando no francamente cómplice, de los supuestos demócratas ante el avance de la opción autoritaria.

II

Hoy día, en México, pareciera existir un grupo político resuelto a arribar al poder a cualquier precio, capaz de impulsar acciones contrarias a los principios propiamente democráticos, desleal al sistema y sus instituciones y proclive a recurrir a una propaganda que no por exitosa se apega necesariamente a la verdad.

Este grupo político se encuentra enclavado en el seno de una de las principales fuerzas políticas, pero tiende sus tentáculos más allá y no duda en desestabilizar internamente a la organización donde anidara originalmente.

Hace poco tiempo, menos de un par de años, emprendió resueltamente ejercicios de descalificación y diatribas en arenas públicas contra grupos empresariales, comunicadores, encuestadores.

Más tarde, se fue contra autoridades electorales e inclusive contra sus propios representantes en las urnas. Inventó un conjunto de falacias, apenas creíbles, para sustentar un supuesto triunfo no logrado y advertir de un fraude invisible, pero denunciable.

Y comenzó a correr por una doble pista, como los fascistas: por la vía democrática, participando en la vida parlamentaria y siendo gobierno en regiones importantes del país; y por la vía de la movilización, pretendiendo imponer límites a las decisiones de las instituciones democráticas mediante amenazas.

Desde luego, como el Duce, su líder suele mantener la reserva suficiente para mostrarse como quien encabeza las acciones exitosas, pero condenar aquellas que fracasan, aunque sean las mismas huestes las que actúen en una y otra ocasión.

Paradigma de lo anterior es su posición ante la reforma electoral y la elección de los nuevos consejeros electorales: tomar todo lo posible acorde con su causa, pero denunciar de antemano la carencia de condiciones aceptables y la parcialidad esperable del nuevo órgano.

No está de más recordar que la persona en quién recayó la Presidencia del Instituto Federal Electoral ocupó una silla en el máximo órgano electoral por vez primera como representante de una opción política que terminó nutriendo y otorgando su vida para dar vida al partido donde hoy todavía milita el líder del grupo de marras.

Luego de construir un paraguas que cubriera no solamente a su partido de procedencia, sino a otras organizaciones, ha tomado esta tenue cúpula como ariete para impulsar a una opción en la contienda por la dirigencia de la mayor organización aglutinada bajo el paraguas.

La dualidad de sus actos hace suponer que de triunfar su candidato ocuparán victoriosos la plaza y exterminarán pronto políticamente a sus contendientes.

De salir derrotados, antes que aceptar el saldo de la elección, gritarán fraude y retomarán el sendero de la denuncia a los nuevos traidores a la patria, los mencheviques incrustados en el partido. Y saldrán de ese chiquero para construir la auténtica organización del pueblo.

III

En estos días, algunos “camisas negras” han perseguido no a los enemigos históricos del pueblo, esos vende-patrias que usurparon el poder para lucrar y entregarlo a manos extranjeras. No, la persecución con insultos, amenazas y agresiones la hacen con sus copartidarios que hoy perciben como traidores.

Basta simplemente no estar totalmente de acuerdo con la preclara línea trazada por el líder. Basta incluso no expresarlo o reiterarlo en cada oportunidad. Basta tan sólo, aunque se exprese la fidelidad a la causa, representar un estorbo en el camino trazado, para ser defenestrado, perseguido, condenado.

En algún punto del camino, ante el potencial recursos a la subversión del orden público, las autoridades legalmente constituidas debieran tomar en serio la amenaza a la democracia que representa este grupo.

Hay que regresar a los libros de historia para recordar que uno de los factores que permitió el ascenso de las dictaduras ha sido la tibieza de los defensores del modelo democrático.

Desde luego, ello no implica en forma alguna apoyar acciones enérgicas, ni siquiera como respuesta motivada ante la esperable provocación del adversario.

Si una democracia recurre a la violencia contra sus opositores en aras de preservarse, estará enterrando con ello a la democracia que supuestamente pretendería defender.

Tan sencillo, pero tan complejo, como tomar en serio la amenaza y buscar poner en evidencia el doble discurso, el doble juego, de quienes han decidido arribar al poder a toda costa. Frente a su voluntad de poder, oponer la firmeza para salvaguardar el sistema.

De avanzar la opción política contestataria y alcanzar el poder, ¿cuándo vendría la noche de los cristales rotos? ¿cuándo nuestros Gulags? ¿hasta dónde la Revolución Cultural?

Claro: podrán decirme que exagero, pero no quisiera faltar a la discreción si confieso que algunos que hoy son perseguidos, en su momento justificaron las persecuciones contra otros y no dijeron nada, pues ellos no eran empresarios, ni comunicadores, ni encuestadores, ni consejeros...

Etiquetas: México, Duce, democracia

. iijp

 " 2007-12-17

Cuando se pasa de lo grande a lo pequeño, se sufren transformaciones.

Tal es el caso del paso de Shakespeare a Chespirito, con el respeto que ambos autores merecen, aunque el “dramaturgo” mexicano bien pudiera ser hallado culpable del guión de los acontecimientos más recientes en el ámbito electoral. 

Un arduo procedimiento de selección de los nuevos consejeros electorales acabó así volviéndose una farsa que simplemente abona en el descrédito de las instituciones nacionales. Vayamos revisando los pasos dados.    

I

Recaer en lo innecesario del relevo en el máximo órgano del Instituto Federal Electoral (IFE) es necear en la obviedad ya argumentada. Los cambios en el Consejo General se atribuyeron a dos razones distintas e inconexas: la necesidad de adecuar al órgano frente a las nuevas disposiciones normativas, lo que no será ya el caso; o la conveniencia de contar con un órgano cuyos integrantes gocen de la confianza de los contendientes, lo que además de ser ajeno a la definición misma de la autoridad electoral,  tampoco es seguro que se consiga.

En contraparte, otros vimos en la remoción anticipada de los consejeros la vulnerabilidad del órgano, cuya autonomía se pone en entredicho cuando los legisladores se subrogan la capacidad de renovarlo fuera de tiempo. Ya hemos argumentado este punto.

Ahora, las nuevas reglas que suponen la viabilidad de reelección del Consejero Presidente y la posibilidad de remoción por incumplimientos detectados desde un órgano de control dependiente del Legislativo no hace más que debilitar la autonomía alguna vez lograda. También en ululares pasados este asunto ha sido tratado.

Todo lo anterior, la margen de que los triunfadores de los comicios del año pasado le otorgan al contrario en bandeja de plata la sustentación histórica de la existencia de irregularidades en el proceso, de tal magnitud que obligaron al relevo de la autoridad electoral. Las lecturas históricas se van escribiendo con evidencias que las sustenten, no con buenas intenciones.

Pero, en fin: los cambios se aprobaron. Y para concretarlos se inicio un procedimiento peculiar de convocatoria abierta, donde lo mismo se presentaron destacados mexicanos que cubrían a cabalidad los requisitos establecidos, como personas que vieron la oportunidad de participar, aunque su perfil profesional o credenciales no correspondiese con lo demandado. 

Ya de por sí era cuestionable enfrentar por única ocasión un procedimiento especial para la definición del responsable de la máxima responsabilidad electoral, cuya estancia se pudiera prolongar por más de una década. ¿No era posible dar más tiempo para hacerlo de mejor manera y no mediante un proceso ad hoc? Al final de cuentas, se dispuso irregularmente de más tiempo, pero el proceso se hizo como si la premura fuera real.

Fue entonces que se obligó a llevar adelante un proceso de evaluación sobre las rodillas, que permitiera decantar quienes tenían posibilidades reales de optar por las posiciones. Y digo sobre las rodillas porque ni estuvieron todos los que debieron estar de entre los inscritos (por ese famoso rubro de “errores y omisiones” que afectara en casos como el de un colega), ni todos los incluidos es seguro que debieron estar. 

Luego vinieron las comparecencias, trasmitidas por el canal del Congreso, que fundaban una evaluación numérica que finalmente no sería criterio exclusivo para la definición de una lista de 39 posibles. El hecho de que las evaluaciones no fueran la guía final en mucho pudo deberse a que detrás de las calificaciones se expresaron fobias y filias que obligaron a reconsiderar los casos e incluir algunos más que era pertinente que estuvieran, al parecer de la mayoría de los miembros de este cuerpo calificador. Pero el proceso de auscultación no contó con criterios universales y objetivos de inclusión-exclusión, como sería deseable.

Así, el proceso completo, hasta la definición de los treinta y nueve, careció de la transparencia indispensable que dotara de legitimidad a las decisiones. Tal vez para algunos participantes en el proceso de calificación haya sido claro por qué al final estuvieron quienes estuvieron, pero para los ciudadanos que participaron y para quienes observamos el proceso desde fuera, la lógica que se siguió nos fue “caja negra”.

La fase final ya no sería un momento para el análisis político, sino para la crítica teatral. Es posible que el representante de una fracción no haya tenido capacidad de modificar su propuesta por sí mismo, sin el logro de consensos en su propia formación, que en todo caso estaba obligado a lograr desde antes. Es viable que los representantes de los otros partidos hayan concedido una ventana de oportunidad para evitar la repetición de una decisión por mayoría, sin el concurso de una de las principales fuerzas partidarias, pero ocurre que se tomaron atribuciones en demasía. 

Mucho se han llenado la boca los partidos que hoy conceden un tiempo adicional a quienes se empecinan o no pueden flexibilizar su propuesta de que la ley es la ley y hay que cumplirla. El caso más reciente bien puede ser el desafuero del Señor López Obrador, donde se hablaba de que la ley no debe violarse, sin importar lo justa o injusta que sea.

La legislación reciente, aprobada por los mismos legisladores que hoy tienen que cumplirla, establece textualmente en un transitorio que los Señores Diputados tienen 30 días para nombrar a los nuevos integrantes del Consejo General del IFE. Dice que mientras lo hagan, los consejeros deberán permanecer en su encargo, no que de no hacerlo en el plazo perentorio ocurrirá así.

Luego, si las autoridades sólo están posibilitadas de hacer lo que la ley expresamente les permite, no pueden dilatar una decisión a la que están obligados, por más que argumenten que el espíritu de la norma era poder tomarse más tiempo y por ello la salvedad final de la permanencia indefinida de quienes podrían ser despedidos de inmediato. Menos aún es aceptable que se admita la violación, pero que consideren imperfecta la falta, ante la carencia de sanción.

Este estiramiento de la norma dio la oportunidad para que el Consejero Presidente por salir pudiera renunciar, echando en cara a los legisladores la violación a la norma, la carencia de certeza y los daños cometidos contra la autoridad electoral en el tránsito. Permitieron así convertirse en héroe a quien corrieron sin respetar. 

De la farsa legislativa a la comedia en el Instituto sólo restaba un paso. Y ese paso se dio en el empate de fuerzas entre dos fracciones en el seno del Consejo General acéfalo y la disputa por la vacante temporal, donde más allá de las negativas explícitas de unos a su pretensión, para muchos observadores varios consejeros “sacaron el cobre” para pelear con denuedo, por decirlo amablemente, la posición.

La convocatoria urgente tuvo que posponerse así un par de días, dejando en el aire el cumplimiento de la previsión del artículo 114 del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales recientemente aprobado, pero no modificado en este aspecto, por el cual es el Consejero Presidente quien puede convocar a sesiones extraordinarias del Consejo General.

De nuevo, imperfecciones de la norma al no preverse la ausencia definitiva del Consejero Presidente y la incapacidad de cumplimiento de disposiciones consecuentes con su presencia que resultan irrelevantes, pero que nos habla de que la norma es flexible a veces y rígida en otros casos.

Enhorabuena para Andrés Albo. El nuevo Consejero Presidente provisional del IFE es un científico social con postgrados en Estados Unidos, casi dos décadas de experiencia en el área de estudios sociopolíticos de un banco y más de diez años participando en asuntos electorales, como observador y luego como consejero local, amén de los cuatro años como Consejero Electoral del propio IFE.

Sus cartas credenciales y su experiencia en el campo electoral lo acreditan luego para ejercer la función que asume; lástima que el escaso tiempo con que cuenta y los acuerdos de coyuntura reduzca su función a la mera continuidad en el cumplimiento de tareas urgentes. Pero ya vendrán tiempos y encargos en los que Andrés podrá demostrar su valía a plenitud.  

• Berrueto, Federico, “Gandulas quienes mandan”, Milenio, 15 de diciembre de 2007.
• Revueltas, Román, “El asalto al IFE: mancha indeleble”, Milenio, 16 de diciembre de 2007.
• Sáenz, Liebano, “Democracia sin demócratas”, Milenio, 14 de diciembre de 2007.
• Silva-Herzog Márquez, Jesús, “Como aniquilar la autonomía”, Reforma, 16 de diciembre de 2007.
• Valencia, Juan Gabriel, “Consensos ilegales”, Milenio, 14 de diciembre de 2007. 

Etiquetas: reforma, electoral, consejeros, IFE, COFIPE

" 2007-12-04

Durante las últimas semanas ha sido mucha la tinta gastada para analizar los cambios al Código Federal de Institucionales y Procesos Electorales. Por la relevancia de la reforma y lo controversial de algunas adecuaciones, es menester volver a tocar algunos de los puntos polémicos de la propuesta sujeta a discusión, en el entendido de que ésta aún no ha cerrado y, por ende, pudieran darse modificaciones de última hora que alteraran el panorama.

El cuestionamiento a la reforma constitucional aprobada recientemente, en lo tocante a las campañas, lo centramos no tanto en lo relativo al cambio en el sistema de adquisición de tiempos para la difusión de propaganda electoral, sino a la lógica restrictiva a la dinámica de promoción de candidaturas que derivaría de las nuevas regulaciones.

En este contexto, el debate en torno a las sanciones a los medios que no respeten el pautado de publicidad electoral que se establezca o que incumplan con las restricciones que prohíben la venta de tiempos para propaganda electoral al margen de lo controlado por el Instituto Federal Electoral pareciera un exceso.

Una vez establecidas las restricciones, sean buenas o malas, lo que la ley electoral busca sancionar es el incumplimiento de lo normado. En una era en que los cortes preestablecidos en las trasmisiones para dar paso a la publicidad son ya comunes en muchas estaciones, resulta sumamente viable que los concesionarios simplemente aseguren la trasmisión de la publicidad oficial en los tiempos establecidos, lo que evitaría que se les sancionara por incumplimiento en este punto.

Respecto a la limitación en los contenidos,  la controversia se centró en la eliminación del carácter de sugerencia por la aparente obligatoriedad en los lineamientos generales que expida el Instituto Federal Electoral sobre la información y difusión en las emisiones informativas de medios electrónicos de las precampañas y campañas.

En el pasado, cuando las autoridades disponían de multimillonarias bolsas de recursos no fiscalizados para el control de medios, mientras que sus oponentes carecían de cualquier capacidad de incidencia en las posiciones que adoptaran los comunicadores, podría pensarse que lo deseable era que desde el Estado se vigilará y condicionara un equilibrio mínimo.

Hoy día, sin embargo, la diversificación de espacios informativos –mayor que la de la propiedad de los medios- hace impensable que los comunicadores que cuentan con espacios en radio y televisión puedan al unísono converger en apoyar a una única opción electoral.

En esta nueva realidad, ¿es conveniente pensar en el equilibrio para cada espacio informativo o en el logro de un equilibrio producto de la concurrencia de distintas voces en el espacio de difusión? La pluralidad y diversidad en los medios es pertinente, pero ello no quiere decir que lo ideal es que cada comunicador esté obligado a una neutralidad que, además, se antoja imposible.

No está de más apuntar que en la regulación de medios no se ha puesto atención particular en las nuevas tecnologías, que pudieran ser un campo fructífero para una propaganda dinámica e imaginativa, que cada vez pudiera tener un mayor impacto en el público, dado el crecimiento del acceso a la red mundial entre los mexicanos.

Un punto adicional, que surgió como manzana de la discordia entre partidos mayores y menores, es el del condicionamiento de la conservación del registro al logro de un nivel mínimo de votación por cada partido por sí sólo, al margen del respaldo potencial que pudieran dar a una candidatura en común.

En la práctica, la propuesta original viene a eliminar los esquemas de reparto mediante acuerdo entre partidos de las proporciones de votos, asientos y presupuestos a adjudicarse a cada participante en una coalición, al separar los logotipos de cada concurrente y obligar a que el voto ciudadano sea por un partido específico y no por una coalición.

El debate emerge del entendimiento por parte de los partidos mayores de que ello repercutiría en que el registro fuera conservado por un partido sí y sólo sí obtiene por sí mismo la proporción de dos puntos de la votación requerida convencionalmente, lo que eliminaría partidos que parecieran vivir como rémoras de los mayores.

Empero, desde la perspectiva de partidos menores, su aportación con recursos financieros y humanos a una coalición repercute en el aumento del respaldo y capacidad de operación para un candidato abanderado por un partido que lidera la coalición, partido que tenderá a concentrar los votos, en detrimento de la aportación efectiva que haga a la causa el partido menor.

No es claro cuál argumentación corresponde a la realidad en la toma de decisión sobre el sentido del voto de los ciudadanos, pero no puede descartarse así sin más alguna de ellas. Por ello, pareciera que el acuerdo intermedio al que se llegará, de demandar que un partido que vaya en alianza reúna al menos la mitad de la votación mínima requerida por sí mismo, pareciera sensata.

Un último punto: si bien cuestionamos la pertinencia y mecanismo para el relevo en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, una vez decidido este relevo resultaba indispensable realizar un proceso de selección de los nuevos consejeros lo más abierto y transparente posible.

Dentro de lo limitado del tiempo disponible, el mecanismo de decisión concentrado en el órgano directivo de la Cámara de Diputados no pareció ser el más afortunado y la apertura a inscripciones por propuesta individual o respaldo colectivo bien pudo ser una forma de enmascarar un proceso de elección desde las cúpulas de las representaciones legislativas partidarias. En todo caso, reglas como el ensayo expositivo sobre la tarea del Instituto para la aplicación de las nuevas leyes no deja espacio a la crítica como elemento que de píe a ocupar en encargo.

A pesar de la advertencia anterior, al revisar la lista de los ciudadanos que se inscribieron en general y de quienes cumplieron con los requisitos de la convocatoria, no puede uno más que reconocer que en esa lista se encuentran presenten muy diversos mexicanos, muchos de ellos con méritos indiscutibles para ocupar las sillas de consejeros que quedarán vacantes.

Toda relación parcial podría pecar de injusta, pero bien pudiéramos destacar los nombres des miembros de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, como Leonardo Valdés, Javier Santiago, Juan Reyes del Campillo, Víctor Alarcón, Jaime Rivera, entre otros.

Hay asimismo personas con actividad pública conocida, académicos y analistas prestigiados, como Mauricio Merino, Jaime Cárdenas, Fernando Serrano, Rosa María Mirón, María de los Ángeles Fromow, Genero Góngora Pimentel, María Marván, Lorenzo Córdova, Pablo Arredondo, José Fernández Santillán, Benito Nacif, Ezra Shabot, Carlos Sirvent, Arturo Martínez Nateras, Mireilli Roccatti, José Fernando Ojesto, y más. 

He aquí una muestra de menos de la quinta parte de los concurrentes (la lista completa está enlazada abajo). Desde luego que entre ellos se puede encontrar tres personas con sobrada capacidad para ocupar los cargos, quienes cumplan cabalmente los requisitos establecidos. La elección de una terna de nuevos consejeros que resulte legítima a los ojos de partidarios y ciudadanía interesada será fundamental para fortalecer al nuevo Consejo y no ahondar en el deterioro del Instituto Federal Electoral, consecuente con la reforma realizada y que ha sido materia de otros ululares.   

iiin Luego de la reforma electoral (14 de septiembre de 2007).

iiio ¿Para quién es la reforma? (21 de septiembre de 2007).

Compartir en    Menéame               Referencias en   Technorati                     

Etiquetas: reforma, electoral, cofipe, medios:partidos, registro, consejeros

. iijn

" 2007-12-04 

El domingo 2 de diciembre de 2007 pasará a la historia de Venezuela como el día en que la ciudadanía venezolana contuvo el intento de Hugo Chávez por perpetuarse en el poder.

Sorprendió a propios y extraños el rápido reconocimiento del gobernante a una victoria por escaso margen del “no” a la pretendida reforma constitucional, que hubiera otorgado al Ejecutivo amplias facultades para la creación y gobierno de territorios, la reelección indefinida, el control del banco central y otras muchas adecuaciones que hubieran centralizado más el poder en las manos de una única persona.

Durante los días previos al referendo, fueron muchas las voces que se alzaron para prevenir de los riesgos involucrados en la reforma y muchos los grupos, incluso anteriormente vinculados con el chavismo, que se manifestaron en contra de la pretensión de entregarle tanto poder a un gobernante.

Para los más, este reconocimiento expedito de la derrota muestra el apego a un espíritu democrático en el gobierno de Chávez. Para los menos, es reflejo de lo contundente de la derrota, que tuvo que ser reconocida a pesar del control que el Ejecutivo ejerce sobre el órgano electoral.

El caudal de votos que rechazaron la propuesta hubo de ser de tal magnitud que resultara políticamente inadecuado tratar de defender una victoria por estrecho margen que no hubiera otorgado legitimidad a la reforma.

Pero es importante un acotamiento estadístico: los votos contra la reforma no fueron más que los sufragios emitidos por la opción que se opuso electoralmente a Chávez hace apenas un año. Esto es: el voto contrario a Chávez no creció, sino que electores de Chávez no concurrieron a respaldar la propuesta de reforma en las urnas.

Lo anterior se reflejó en un elevado abstencionismo, que pudiera en parte ser reflejo de lo apresurado de la convocatoria, pero también de la falta de convencimiento de sectores del chavismo por darle un mandato ilimitado al gobernante. 

La rápida aceptación de la derrota por Chávez otorga dignidad a su mandato y legitima las condiciones para la competencia electoral. Los argumentos sobre la inviabilidad de derrotar al chavismo por las vías democráticas quedan ahora sin sustento, lo que obliga a la oposición a continuar participando en la pista electoral.

A futuro, el resultado del referendo sobre la reforma constitucional hoy cancelada abre nuevos caminos para la disputa política en Venezuela: por un lado, puede llevar a una autocontención del gobernante, que acepte el marco acotado por las normas, aunque es más factible que intente otros derroteros para pasar sus propuestas, como pudiera ser la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que tuviera el mandato expreso de reformar la Constitución.

De ser este el sendero, la oposición al chavismo tendría que enfrentar el reto de contender y buscar obstruir las propuestas de cambio mediante el logro de una representación suficiente para contener a la contraparte.

Esto no deja de lado la pertinencia de exigir que se lleven adelante procesos de verificación plena y transparente al registro electoral o el escrutinio y auditoria de las máquinas de votación. Lo que obliga es a no reducir el problema a la censura por limitaciones en las condiciones de competencia y a la clausura de la vía electoral como forma de acceso al poder.

El chavismo, por su parte, debiera tratar de alcanzar una victoria electoral que le permitiera el margen para llevar adelante una reforma constitucional legítima. Y cuales si no éstos son los retos típicos de una democracia.        

iiijj  ¿Para siempre Hugo Chávez? (29 de octubre de 2007).

Compartir en    Menéame               Referencias en   Technorati                     

Etiquetas: Venezuela, referendo, Chávez, reforma, constitucional

" 2007-11-21 

Luego de aprobada la reforma constitucional en materia electoral, se abre paso a la necesaria e inmediata reforma a las leyes secundarias en la materia, en especial al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y a la realización del procedimiento que posibilite el relevo de consejeros en el Instituto Federal Electoral (IFE).

Tratemos primero la reforma al COFIPE, que por lo extensa y detallada que resulta sería inviable de atender en un único ulular. Por ello, concentraremos nuestra atención en esta primera colaboración en un interés particular del autor: los cambios propuestos en lo relativo a la regulación de las encuestas, dejando para un segundo momento la revisión de la reforma en materia de regulación de medios y otros aspectos derivados de la reforma constitucional, así como el relevo en el Consejo General del IFE.

Al igual que suele ocurrir en otros temas, en lo relativo a la regulación en materia de encuestas diversos reportes periodísticos no han hecho otra cosa que generar confusión entre el público menos informado, por lo que es pertinente precisar el alcance de la reforma en este terreno.

En primer término, conforme a las propuestas hasta ahora existentes, son solamente tres los puntos en que se tocaría la regulación de encuestas: por un lado, la redefinición de la ventana de prohibición para la publicación de este tipo de datos; por otro, el procedimiento para la definición de los “criterios generales de carácter científico” para la elaboración de encuestas electorales; y, consustancial a lo anterior, la determinación de las sanciones a las que se harían acreedores quienes violaran las normas que se fijen.

Es menester mencionar que, al revisar el contenido de la propuesta de reforma en cuestión de encuestas, de antemano se advierte sus limitaciones, al excluir algunos aspectos que serían fundamentales y que han sido demandados por el gremio de profesionales del campo demoscópico. 

Entre ellos está la solicitud de acceso a la cartografía y los datos demográficos por sección electoral, que facilite el trabajo de investigación y coadyuve al mejoramiento de la calidad de los estudios; por otro lado, tampoco se atiende el requerimiento de otorgar seguridad a los operadores de campo, principalmente durante las jornadas electorales, para el desarrollo de la actividad de realización de entrevistas. Estos y otros puntos no están observados en la versión preliminar de la reforma al artículo 190 del COFIPE. 

I

Tocante a la redefinición del período previo a los comicios en que se prohibiría la publicación de encuestas, la propuesta de reforma atiende positivamente una cara demanda de los profesionales del campo: la reducción de la veda de publicación de ocho a tres días, empatando el lapso de prohibición con el de suspensión de las campañas proselitistas.

Es claro que lo ideal sería eliminar toda suerte de prohibición, puesto que en la medida que se permitiera la divulgación de datos producto de encuestas hasta el día de la elección se dotaría al ciudadano de un mejor conocimiento de lo que piensan los otros ciudadanos como un elemento que fundamente su decisión de voto y se eliminaría con ello el privilegio de las elites a contar con información oculta por norma al público. 

Empero, el empate del período en que se prohíben las encuestas con el de suspensión de campañas es una opción intermedia entre lo ideal y lo vigente, que responde a una inquietud expresa de demóscopos e investigadores sociales, en la medida que posibilita la publicación de encuestas realizadas una semana antes de los comicios y no dos semanas, como ahora tiene que hacerse dada la prohibición de ocho días hoy establecida. 

Dado que la fuente primordial de divergencia entre estimaciones por encuesta y resultado de unos comicios suele ser la distancia temporal que separa el ejercicio muestral del momento de emisión del sufragio, es de suponer que este acortamiento del tiempo entre la última medición y el acto de votación debiera redundar en una menor diferencia promedio entre ambos datos. 

Así, las encuestas finales en un proceso electoral debieran acercarse más al resultado efectivo de la contienda, lo que redunda en que el ciudadano disponga de información que de cuenta con mayor exactitud de lo que ha de esperarse que ocurra en las urnas.

Un punto adicional a esta regulación pareciera que será el establecimiento de sanciones a quienes no cumplan con la prohibición de no difundir durante los tres días previos a los comicios el resultado de encuestas.

A este respecto, es importante mencionar que, aun estando en contra de la norma actualmente establecida, que impide la divulgación durante los ocho días previos, los profesionales del campo demoscópico han cumplido escrupulosamente con la prohibición, respetando la ventana de restricción informativa. Todos los investigadores serios han publicitado sus últimas encuestas preelectorales al menos nueve días antes de la fecha de los comicios.

Así, si el lapso de prohibición se reduce, es de esperarse que con mayor razón los demóscopos no caigan en falta. Quienes eventualmente podrían incumplir con esta norma, entonces, no serían los generadores originales de la información, sino diseminadores secundarios. 

Por ello, sería deseable que la normatividad en la materia definiera puntualmente quiénes son los sujetos de sanción en casos de violación a la veda, diferenciando las obligaciones del investigador de las del difusor.

II

El otro aspecto que se ha propuesto modificar en materia de encuestas es la definición del órgano encargado de determinar los “criterios generales de carácter científico” para la elaboración de encuestas que tenga por finalidad medir las preferencias electorales. 

Se cuestiona que ahora esta labor se traslade del Consejo General del IFE a un órgano técnico especializado, un comité de especialistas de universidades públicas, cuya composición la determine el Consejo General. 

Esta reforma viene a  responder a una cara interrogante muchas veces planteadas desde el gremio de los demóscopos: ¿por qué deben los consejeros electorales de ser los encargados de fijar los referidos criterios? ¿son acaso los consejeros expertos en la materia? ¿por qué no dejar en manos de quienes saben la definición de los métodos de investigación pertinentes?

En la práctica, y partiendo del hecho incontrovertible de que la mayoría de los consejeros son legos en la materia, al menos desde el año 2000 los consejeros encargados de definir estos criterios han recurrido en forma abierta a recabar las opiniones de los especialistas en la materia para la definición de los criterios de marras. 

No resulta una infidencia comentar que en ocasión de las dos elecciones presidenciales más recientes, los consejeros del IFE han hecho un notable esfuerzo por recabar los puntos de vista de los expertos dedicados a realizar encuestas para la fijación de los criterios. 

No ha sido público, pero el debate al respecto se ha centrado en resolver hasta donde debe la autoridad regular para dar certidumbre al elector sobre la naturaleza de los datos que se publiquen y hasta donde debe dejar un margen amplio que responda a una perspectiva de eclecticismo propio de la ciencia y que respete los derechos de propiedad intelectual y material de los investigadores. 

Los documentos finales que han sido aprobados por el Consejo General, imperfectos como toda obra humana, han respondido en lo fundamental a las inquietudes y posiciones de los especialistas dedicados al campo de las encuestas. 

Es así que los llamados “criterios generales de carácter científico” se han convertido más en un listado de requerimientos informativos que definen el contenido mínimo de la ficha técnica a reportar con los estudios que se difundan, que propiamente a criterios sobre cómo hacer una investigación. 

Suele demandarse luego de quien publique o difunda una encuesta que reporte los datos de identificación de la casa encuestadora, la población observada, el método de aproximación, el procedimiento de muestreo, la fecha de realización del trabajo de campo, el tamaño de la muestra, el error estadístico implícito de las estimaciones sobre preferencias, la tasa de rechazo observada, el personal involucrado en la realización del ejercicio y los métodos de cálculo empleados para arribar a las estimaciones, entre los datos más relevantes.

Al investigador responsable se le demanda que conserve los materiales que posibilitarían la verificación de datos: la información utilizada para delimitar a la población bajo estudio y para seleccionar la muestra; las operaciones llevadas a cabo para determinar el tamaño de la muestra; los mecanismos usados para seleccionar en cada una de las etapas de muestreo; los instrumentos utilizados para recopilar la información.; la definición de los conceptos incluidos en los instrumentos de recopilación  de información; el manual de capacitación de los entrevistados; el cálculo de las varianzas para las variables de estudio que se refieren a las preferencias electorales. Además, se le exige que pueda dar una descripción detallada de la forma en que se llevó a cabo el trabajo de campo, de los medios de divulgación empleados y los tiempos en que se efectuó la difusión de resultados. 

Algunos de estos aspectos han sido materia de controversia: la definición y cálculo de la tasa de rechazo y del error estadístico no responde a una definición precisa y la carencia de un criterio uniforme impide la comparación entre estudios; la definición puntual de conceptos pareciera un prurito académico excesivo; el respeto a la confidencial sobre métodos de cálculo (aduciendo secretos profesionales o comerciales) propicia una falta de transparencia sobre el origen de las estimaciones reportadas. 

Sin embargo, al menos en 2006, la mayoría de los estudios difundidos y la totalidad de encuestas realizadas bajo la responsabilidad de casas encuestadoras serias cumplieron en lo fundamental con la normatividad establecida en materia de información.

La reforma propuesta releva a los consejeros de la tarea impropia de definir los criterios para la elaboración de encuestas, pero abre la puerta a riesgos de sobre-regulación y obliga a volver a andar caminos tal vez ya transitados.

Al determinar que sean “especialistas de universidad públicas” los integrantes del comité técnico responsable de fijar los “criterios generales de carácter científico” para las encuestas, se corre el riesgo de que la nueva tarea se afronte dando espacio a exquisiteces académicas fuera de lugar en la práctica cotidiana, que incrementen sustancialmente costos de operación o que represente la imposición de barreras de entrada que restrinja la difusión a un núcleo selecto de empresas o investigadores.

El riesgo es mayor cuando 2009 será la primera ocasión en que dicho comité se encargue de elaborar los criterios y sea más factible que, en aras de reflejar la importancia de su trabajo, decida modificar radicalmente los criterios anteriormente adoptados y que son resultado de un prolongado esfuerzo de consejeros e industria por perfeccionar estas reglas.

Son múltiples las pruebas disponibles de que la disposición de protocolos típicamente académicos o de credenciales de “certificación de calidad” para la investigación cotidiana mediante encuesta no garantiza un mejor trabajo ni mejores resultados. Encargar a profesionales acostumbrados a ejercer subsidios la tarea de regular una actividad empresarial pudiera ser contraproducente: 

¿Qué les costaría a estos profesionales establecer criterios que llenen de papel cada etapa para el desarrollo de los estudios, pidiendo por ejemplo luengos documentos donde se describan las hipótesis de investigación y su operacionalización, la definición puntual de los conceptos incorporados a los cuestionarios, la descripción detallada de cada etapa de la selección muestral, el reporte detallado de la actividad de campo y tal?     Toda esta información, desde luego, no es susceptible de ser publicada y menos en medios electrónicos, lo que llevó a que en el pasado se demandara que los datos fundamentales fueran colocados, al menos, en una página de la red mundial, con acceso abierto al público. 

Toda esta documentación, propia de un estudio académico, resulta muchas veces inapropiada para una encuesta que se realice al calor de una campaña, donde factiblemente el cuestionario se cierre en el último momento previo disponible antes del envío a campo. Por ello, el llenado de documentos excedentes se realizaría realmente con posterioridad al ejercicio, simplemente para satisfacer requisitos burocráticos que en nada ayudarían a mejorar los estudios. ¿Sería esto lo que pudiera pretenderse?

¿Qué les costaría a los integrantes de este nuevo comité fijar criterios que restrinjan las posibilidades de reemplazo de la población originalmente en muestra, prolongando los tiempos de toma de información y aumentando los costos de operación? A la fecha, no existe evidencia empírica que permita suponer que es mejor regresar a un domicilio donde no se encontró al posible entrevistado para consultarlo, cuando ya tiene conocimiento previo de que se le pretende entrevistar, que simplemente sustituirlo en forma económica por algún vecino, bajo un determinado procedimiento previamente establecido y uniforme. 

De hecho, sería bueno recordarles que ya desde 1994 se corroboró que investigaciones realizadas siguiendo la ortodoxia más estricta no aportaron datos divergentes con otras casas encuestadores y no fueron ni por mucho las más próximas con el resultado. Es cierto: metodología adecuada no es exactitud, pero ¿qué se desea de una encuesta preelectoral: que sólo tenga una estupenda metodología, aunque difiera radicalmente del resultado, o que sea más próxima a las intenciones efectivas de voto del electorado, aunque tal vez no responda a la más estricta ortodoxia? ¿Y quién y cómo se define esta ortodoxia en un campo en desarrollo, como toda actividad que pretende ser científica?

¿Qué impide que el comité a crearse adopte como norma la obligatoriedad de formas particulares de certificación de calidad que restrinja el acceso al mercado de nuevos jugadores o de grupos de profesionales constituidos ex profeso para realizar investigaciones durante el período? ¿Qué haría en tal caso con las encuestadoras internas a medios o las universidades? ¿Las expulsaría o crearía regímenes especiales?

No está por demás recordar que, hasta la fecha, en ninguna ocasión una empresa certificada ha acertado a ubicar al cierre de los ejercicios preelectorales como líder en la contienda al candidato que resultó ganador de una elección. ¿Tomará en cuenta este hecho demostrado el nuevo comité?

¿Y qué haría con los estudios mediante aproximación vía telefónica? ¿Los proscribiría? Aunque es cierto que este método de aproximación aún no garantiza la cabal cobertura del universo de electores, esto será cada vez menos cierto y, además, en muchas ocasiones la única forma disponible de compilación inmediata y económicamente viable de información es mediante encuestas telefónicas.

Algunos pensamos que es mejor  tener alguna información, aunque refiera a un segmento del universo, que carecer del todo de datos. Desde luego, estamos de acuerdo en que es indispensable que se explicite el método de aproximación empleado y sus limitaciones, pero cualquier proscripción iría en contra de los principios de eclecticismo que deben regir el trabajo científico.

Dos puntos adicionales: todas las consideraciones anteriores suponen que la fijación de los criterios para las encuestas no supondrá, pues no debiera suponerlo, ninguna censura previa, como sería el establecimiento de normas que obligaran a la entrega previa para aprobación de instrumentos o de información restringida propia del trabajo.

Suponer que el comité técnico tuviera capacidad de aprobar o rechazar diseños de estudios o que debieran presentársele instrumentos ahorcaría las libertades de investigación y restringiría la flexibilidad debida en procesos que se realizan al calor de la coyuntura.

Por último, un punto de debate es la consideración sobre los productos susceptibles de entrega a la autoridad. En el pasado la regulación ha atendido a la información publicada y no ha implicado demandas respecto a la publicación o entrega de bases de datos. 

Las bases de datos producto de un estudio son propiedad bien de su patrocinador, bien del investigador, y cuando son privados en ambos lados no constituyen un bien público susceptible de expropiación por una institución y menos de diseminación entre interesados de forma gratuita, ya que afectaría el interés económico de las casas encuestadoras o financiadores. 

Que la autoridad electoral auspicie la integración de bancos que hagan acopio a posteriori y voluntario de bases de datos de encuestas electorales sería una afortunada idea, pero ello no significa que tenga derecho a extraer del haber de una empresa un insumo fundamental para el desarrollo de su actividad. 

En todo caso, podría diferenciar las bases de datos derivadas de encuestas privadas de aquellas financiadas mediante recursos públicos provenientes de los partidos y, por ende, susceptibles de una eventual demanda (aunque en tal caso debiera permitirse la declaración como confidenciales de campos informativos incorporados para la definición de estrategias de campaña y reclamar únicamente la entrega de los datos relacionados con campos cuyos resultados hayan sido publicitados).      Como se ve, la idea de modificar el proceso de definición de los “criterios generales de carácter científico” para la realización de encuestas abre un largo camino de diálogo y negociación entre la industria de las encuestas y los nuevos responsables de fijar criterios.

Mal se haría en condenar de antemano el procedimiento. Lo importante, de darse esta reforma, será que los profesionales de la investigación entren en contacto directo y franco con el nuevo comité técnico, para intercambiar experiencias, puntos de vista y demandas, en aras de encontrar la formulación ideal de estos criterios requeridos por la norma. 

Ello no supone, pues no puede suponerlo, la constitución de un frente unitario y uniforme de empresarios de las encuestas. Al interior del gremio existen claras y explícitas diferencias en puntos de vista, intereses y demandas.

Lo importante será encontrar las vías que posibiliten un diálogo amplio e intenso, que de cabida a las diversas posiciones y permita avanzar en el perfeccionamiento de unos criterios que han demostrado su utilidad en el pasado, al menos para cerrarle el paso a las encuestadoras fantasmas. En ello ha habido un punto de concordancia en el interés de la autoridad y los encuestadores que no habría que perder de vista.    

Artículos relacionados

“El Búho de Minerva”

iiik  Sobre el paradigma demoscópico (24 de agosto de 2007).

Artículo del autor sobre el tema:

              “Encuestas y sondeos electorales”; Contexto y propuestas para una agenda

               de reforma electoral, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de

               la República-Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2003, pp. 109-118.

·                               García, Cecilia, “Los encuestadores defienden derechos a la autorregulación”, Excelsior, 17 de noviembre de 2007.

·                               Robles de la Rosa, Leticia, “Proponen crear comité para regular encuestas”, Excelsior, 16 de noviembre de 2007.

Compartir en    Menéame               Referencias en   Technorati                     

Etiquetas: reforma, electoral, cofipe, encuestas, regulacíon

" 2007-11-09

En consideración de la importancia regional y nacional de la tragedia ocurrida en Tabasco, a continuación se presentan los principales resultados de una encuestas telefónica nacional realizada por GEA-ISA el día 8 de noviembre de 2007.

Este estudio comprendió 404 entrevistas asistidas por computadora a ciudadanos mexicanos de 18 y más años de edad que cuentan con línea telefónica en su domicilio, lo que permite contar con estimadores con un margen de error tolerado de ±5% al 95% de confianza. En el caso de una pregunta, se efectúa la comparación con los resultados de una encuesta telefónica nacional GEA-ISA previa, realizada el 25 de septiembre de 2005, con similar tamaño muestral y características técnicas.

La selección de la muestra de números telefónicos fue sistemática, a partir de un listado ordenado por entidad federativa y serie telefónica. Es importante recordar que las encuestas telefónicas reflejan la opinión de una población más urbana y con mayor escolaridad e ingreso que el promedio.

La presentación de los resultados de este estudio se ha dividido, para fines de exposición, en dos partes: la primera relacionada específicamente con la opinión ciudadana en torno a los factores propiciadores y la respuesta institucional ante la catástrofe; y la segunda vinculada con la opinión sobre la respuesta dada a la crisis por personajes políticos y el impacto de estos sucesos en la imagen de los partidos políticos.

Como complemento, no deje de consultar el artículo sobre La tragedia de Tabasco.

I

A los ciudadanos mexicanos no les queda claro cuál fue el origen de la tragedia que hoy se vive en el Sureste mexicano: casi la mitad creen que es producto del      cambio climático, aunque para una proporción apenas menor es consecuencia de la falta de acciones preventivas frente a la eventualidad de sucesos de este tipo.

A pesar de lo anterior, lo que sí parecieran tener en claro es que estas inundaciones no eran inevitables, puesto que 70% de los consultados afirmaron que se pudieron evitar de haberse realizado las obras de infraestructura requeridas.

Y a pesar de los miles de millones de pesos aportados por la Federación para evitar este tipo de catástrofes en el Estado de Tabasco, y tal vez debido al desconocimiento que se tiene de ello, 70% de los entrevistados consideran insuficiente el monto de recursos aportados por el gobierno federal para estos fines en los últimos años. 

Pero si exste una crítica hacia la aportación de fondos federales, es mayor la existente respecto a la aplicación dada a estos recursos por parte de los gobiernos de los Estados: 16% de los consultados piensan que este dinero ha sido aprovechado de manera adecuada, mientras que 77% opinan que lo ha sido en forma inadecuada. ¿Opinarán por información concreta relacionada con el empleo estos fondos, lo harán como resultado del conocimiento de la tragedia ocurrida -que mostraría la insuficiente de lo hecho- o simplemente relfejarán una opinión genérica sobre la eficiencia de los gobiernos estatales para el manejo de los recursos? Sería interesante profundizar más adelante en este fenómeno de opinión.   

La contracara a la crítica hacia las acciones del pasado, en las que el ciudadano no advierte un esfuerzo preventivo efectivo, es la aprobación hacia las acciones realizadas por las autoridades para enfrentar la crisis.

Para dos de cada tres ciudadanos consultados, el gobierno federal está haciendo todo lo que les es posible para paliar los efectos del desastre. Una proporción similar reconoce que el gobierno del Estado de Tabasco está haciendo todo lo que está a su mano frente a la tragedía.   

II

Tal vez el reconocimiento genérico al esfuerzo realizado por las autoridades federales y estatales para responder a las demandas emergentes de la población ante la tragedia vivida en Tabasco explique la aprobación hacia las acciones realizadas por las cabezas de estos gobiernos frente a las inundaciones en este estado.

Así, 71% de los ciudadanos consultados aprueban la respuesta dada ante la crisis por el Presidente la República, Felipe Calderón, de origen panista, contra 21% que dicen desaprobarla, lo que deja un balance de siete aprobaciones por cada dos desaprobaciones.

En el caso del Gobernador de Tabasco, Andrés Granier, de extracción priista, el balance es muy similar, aunque dado el carácter local de su acción y la presencia focalizada de su persona entre la opinión pública, los niveles de indefinición resultan ser más altos. Dado que 58% de los ciudadanos consultados en el país declaran aprobar la respuesta del Gobernador Granier ante la crisis y apenas 16% dicen desaprobarla, la relación que se presenta es también de siete aprobaciones por cada dos desaprobaciones.

Otro es el caso del político tabasqueño y ex candidato a la Presidencia de la República por el Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador, quien efectuó una gira por su entidad natal el pasado fin de semana, una semana después de ocurrida la tragedia. Aunque casi la mitad de los entrevistados no tienen opinión respecto a la forma en que este político ha respondido a la tragedia en Tabasco, de quienes sí tienen un punto de vista formado, son más los que desaprueban sus acciones (36%) que quienes las aprueban (20%).      

Indudablemente, el meteoro en Tabasco ha sido el foco de atención de los ciudadanos mexicanos durante los últimos días. Un dato de dominio público pudiera sustentar esta afirmación: son casi diez mil las noticias relacionadas por Google relativas a Tabasco durante la última semana, frente a poco más de cuatro mil vinculadas con Michoacán (donde el próximo domingo se eligirá Gobernador) o dos mil relacionadas con el Estado de Coahuila, por tomar algún ejemplo.

Uno de cada tres mexicanos declaran tener una mejor opinión del Ejecutivo federal luego de la tragedia y en consideración de la forma en que ha respondido ante ésta el Presidente de la República, mientras que menos de la décima parte afirman que su opinión sobre el gobernante ha empeorado.

En el caso del Gobernador Granier, más de la quinta parte de ciudadanos mexicanos entrevistados afirman que ha mejorado su opinión sobre él, mientras que seis por ciento dicen que ha empeorado. En el caso del Gobernador, como en el del Presidente, las relaciones de siete a dos entre opiniones que los favorecen y opiniones en sentido opuesto se mantiene.

En el caso de Andrés Manuel López Obrador, su respuesta ha pasado desapercibida o no ha formado una opinión en tres de cada cuatro mexicanos consultados. Entre quienes sí adoptan una opinión sobre el cambio que ha provado en su imagen de este político, dos de cada tres apuntan ha que su opinión sobre él ha empeorado.      

Las repercuciones en la imagen de los dirigentes políticos mencionados pareciera regir el impacto que estos eventos pudiera estar teniendo en la opinión pública respecto a los partidos políticos. Mientras que en el caso del PAN y del PRI se observa que son más los ciudadanos consultados que afirman que la imagen de estos partidos ha mejorado luego de la tragedia, en el caso del PRD la inclinación de las opiniones es en sentido opuesto. 

Tal vez por ello, y aunque para casi la mitad de los ciudadanos mexicanos que fueron consultados ningún partido político está realmente preparado para responder a las demandas de la población frente a situaciones de emergencia, entre quienes sí creen que algún partido lo está e la mitad de las ocasiones piensan que es el PASN el partido capacitado para dar respuesta efectiva, superando ligeramente a quienes creen que es el PRI el partido mejor calificado para ello. El PRD es apenas mencionado por la quinta parte de quienes dicen que Acción Nacional lo es y por la cuarta parte de quienes indican que piensan que es PRI, posición muy distante, difícimente atribuible solamente a las distorciones que pudieran derivar de una encuesta telefónica en la cobertura del grueso de la ciudadanía residente en la República.  

Etiquetas: encuestas, telefónica, nacional, GEA-ISA, Tabasco, inundaciones, tragedia, causa, Calderón, Granier, AMLO, PAN, PRI, PRD