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" 2008-04-30 

El asalto a las tribunas del Congreso de la Unión por parte de legisladores del Frente Amplio Progresista ocurrido en días pasados abrió la puerta a un mito, al que no pocos editorialistas han hecho eco y que, desde luego, constituye el corazón del discurso reivindicatorio de los asaltantes.

Dicho mito tiene tal credibilidad que ha sido expuesto por el líder del movimiento como justificación de la necesidad de acciones de fuerza que acompañen sus demandas, aún ante el coordinador parlamentario del partido mayor del FAP.

El mito en cuestión establece que sin “resistencia civil”, en el Legislativo y las calles, la reforma legislativa en materia petrolera hubiera sido aprobada rápidamente, sin un debate abierto a la sociedad.

Por ende, según el mito, el movimiento tuvo logros tangibles: postergar la aprobación de una reforma contraria al interés nacional y obligar a que se realizara un debate.

No hay nada más falso, aunque una verdad repetida mil veces pueda transformarse en convicción, como bien enseñaba la estrategia de propaganda nazi. Mas bien, este mito se nutre de diversas falacias.

En primer término, la creencia de que existe un fuerte y activo rechazo ciudadano a la reforma en materia petrolera. Nada más falso: más de la mitad de los mexicanos se manifiestan a favor de la propuesta de reforma impulsada por el Ejecutivo federal.

Segundo: que este rechazo responde al contenido privatizador de la propuesta. Pues bien: ni es claro que la reforma implique una privatización, aun cuando se le de un sentido laxo a este concepto, ni es cierto que ver en ella una orientación privatizadora implique su rechazo: hay mexicanos que ven en ella una estrategia de privatización y que la aprueba, así como hay mexicanos que la rechazan aunque no vean en ella un ánimo privatizador.

Tercero: que hubo logros tangibles en el Legislativo. Falso: las principales fracciones parlamentarias en el Senado de la República habían llegado al acuerdo de realizar un debate sobre los temas relacionados con esta posible reforma antes de que se diera el asalto a las tribunas y la movilización callejera.

Es de recordarse que inclusive se había enviado ya una primera comunicación oficial al propio líder del movimiento para convocarlo a este debate, como reportan diversos diarios la mañana previa a la toma de tribunas. Habría que releer las primeras páginas de los periódicos del 10 de abril pasado para refrescar la memoria.

El acuerdo de celebración de un debate, con doce temas en principio, hacia poco factible una pronta votación de la reforma. Y esta agenda tenía todavía que pasar por una discusión entre las fracciones y ser formalizada en comisiones. No se necesitaban gritos y sombrerazos para ello.

¿Qué ganó entonces la “resistencia” a la reforma con los asaltos y mítines?

Una forma burda de leer los resultados de la primera etapa de protestas contra la reforma es medirla por los cambios efectivamente logrados en las condiciones para la discusión legislativa de las iniciativas.

Visto así, lo que logró la oposición a la reforma fue ampliar unas cuantas semanas e incluir una terna de temas en la agenda de debate. Nada más.

Pero, visto desde una perspectiva más amplia, la “resistencia” logró colocar el cuestionamiento sobre la reforma en el centro de la discusión pública nacional, decantando bandos con posiciones encontradas, muy factiblemente no sustentadas en análisis profundos, sino en adhesiones a mitos y lecturas genéricas de la realidad.

No es de descartarse que ese treinta por ciento de ciudadanos que rechaza la reforma y compra el mito de que significa una pérdida de soberanía para la Nación tenga una importante intersección con ese conjunto de quienes avalaron el mito del fraude electoral.

Así, si para los legisladores la supuesta victoria sería desdeñable, para “el movimiento” habría sido oportunidad de fortalecimiento de cuadros y ahondamiento de una división social que, si bien no conviene a intereses electorales inmediatos, pudiera ser plataforma lo mismo para una continuidad del propio movimiento que para apoyar una estrategia electoral, si ocurre que la definición del sentido del sufragio pase por asumir posiciones en un espacio polarizado, lo que no puede descartarse a futuro.

Pero, ¿ganó la “resistencia” o la promoción a la reforma este primer episodio?

Los datos disponibles permiten afirmar que el saldo de esta etapa en el proceso de reforma a la legislación en materia petrolera no es diáfano.

Gana el gobierno y los partidarios de la reforma, pues consiguen finalmente que el proceso rumbo a legislar continúe y mantienen, al menos hasta el momento, un respaldo mayoritario a sus propuestas y un rechazo a acciones de protesta que impidan su discusión en el seno del Legislativo.

Pierden, sin embargo, pues se dilatan los tiempos, lo que pudiera deteriorar el consenso actual hacia la reforma no solamente en la opinión pública sino entre las fracciones que formarían la mayoría requerida para pasarla; y no logran cerrar un acuerdo que garantice que la vía de la confrontación esté cancelada.

Gana la “resistencia”, pues mantiene un segmento fiel, aunque minoritario, crédulo a su mítico discurso y crítico a la reforma. Obtienen tiempo en el cual pudieran lograr mayor respaldo a su rechazo y fortalecer su estructura para la movilización que asumen vendrá.

Pierde en tanto la mayoría de los ciudadanos no comparten su estrategia de asaltos y protestas, no solamente respecto a lo realizado, sino ante posibles acciones futuras de esta naturaleza, que son repudiadas desde ahora.

Empero, se abre una ventana de oportunidad para los opositores a la reforma que no necesariamente es negativa para los promotores de la misma. Si en la primera fase lo que se dio fue sobre todo un reparto de costos entre las partes, a ver quien cedía y quién perdía más, en la segunda fase del proceso el horizonte abierto pudiera mostrar opciones de juegos con balance eventualmente positivo para todas las partes.

El compás de tres meses que inició luego de la devolución de tribunas será ocupado por los actores para tareas que fueron postergadas o no se posicionaron en el centro de sus estrategias luego del asalto.

Un primer escenario será, obligadamente, las mesas de debate, oportunidad para la exposición de criterios que avalen una y otra postura y de potencial incidencia, limitada pero existente, en las opiniones ciudadanas en torno a la reforma.

Un segundo espacio será el que ocupe, si lo decide, el Ejecutivo federal. El lapso para legislar en el tema puede ser ocasión para que el gobierno lleve adelante una estrategia de comunicación que le permita enlazar esta reforma con beneficios concretos para la población, que consolide el respaldo hoy no “cristalizado” a las propuestas.

Pero es también oportunidad para afianzar la coalición legislativa que lleve a buen puerto la reforma. Asegurar los votos legislativos mediante una negociación política, no necesariamente cesionista y que no afecte la esencia de lo propuesto, es tarea que requerirá semanas, de las que ahora dispone.

Desde el frente contrario, las próximas semanas se dedicarán, como es públicamente conocido, a una campaña de divulgación de los cuestionamientos a la reforma, que eventualmente pudiera socavar un apoyo todavía blando de un segmento de la población. Pero es también lapso para consolidar la organización ya existente y eventualmente ampliarla, pues sus alcances –más allá de la demagogia- son todavía sumamente limitados.

Sin embargo, en el fondo, se mantiene viva una contradicción entre los escenarios para los que se prepararía el polo promotor de la reforma del que estaría anticipando su contraparte.

Para gobierno y entusiastas de la reforma, la tarea es preservar el respaldo mayoritario entre legisladores y ciudadanos hacia la propuesta, perfeccionarla con los contenidos del debate y el diálogo entre fracciones, y avanzar hacia su aprobación.

Para los resistentes a la reforma, el trimestre por venir es de preparativos para una nueva etapa de lucha activa contra la reforma. Se puede abatir el respaldo ciudadano, pero no se puede evitar que una factible mayoría legislativa pase finalmente la reforma, con cambios y adecuaciones, pero que no dejará de ser algo inaceptable desde su perspectiva o al menos la de su liderazgo.

Es por ello que, aunque la ciudadanía lo repudie, frente a la eventual convocatoria a un período extraordinario para discutir, dictaminar y en su caso aprobar esta reforma, lo esperable es que la “resistencia” recurra a nuevas acciones que subviertan el funcionamiento de órganos de gobierno y a movilizaciones que eventualmente pudieran escalar hacia actos propiamente de motín o sabotaje, que obligarían a una respuesta desde la autoridad.

Lo que es más: sin importar que tanto se modifique en el camino, si la reforma es finalmente avalada por una mayoría legislativa competente para normar, y aun si goza de consenso entre la población, seguramente no habrá aceptación a ella por parte de la “resistencia”.

No en balde la ciudadanía muestra temores de que protestas para detener esta reforma pudieran derivar en violencia. Aunque haya sensatez desde los resistentes, aunque haya prudencia desde la autoridad, un escalamiento de movilizaciones pone en riesgo la paz social.

Al momento, lo que se ha logrado es una postergación del conflicto, más no su desactivación.

¿Deben las partes velar armas para la batalla por venir? ¿Existen rutas que eviten lo colisión?

Podrá decirse que al final de cuentas debe prevalecer el Estado de Derecho y que un grupo que subvierte el orden debe atenerse a las consecuencias de sus acciones. Es cierto. Y mal haría el Estado de no estar preparado para ejercer las acciones jurídicas y de contención requeridas para garantizar la preservación del orden público.

Pero difícilmente podrá decirse que lo ideal es que un grupo social, por minoritario e intolerante que sea, no encuentre salidas a su malestar. Las todavía frescas experiencias de la Universidad Nacional, así como de Oaxaca, si bien muestran que es factible que las fuerzas del orden desactiven una situación ilegal de ocupación con saldos prácticamente blancos, también exhiben que no por ello desaparecen los costos en el tejido social consustanciales a un término de conflicto por vía policíaca.

Además, suponiendo –como lo hace una parte no despreciable de analistas e incluso de ciudadanos-, que el objetivo último del liderazgo de la movilización no es evitar la reforma, sino iniciar un proceso que active una confrontación social, desgaste y debilite a las instituciones y eventualmente fuerce la caída del gobierno, sería equívoco desde los poderes formales auspiciar una ruta de choque que favorezca esta velada finalidad sediciosa.

Se abre aquí una ruta extraña, que sería más bien un reto para las partes: el refrendo ciudadano a la reforma, mediante votación.

Si antes habíamos mencionado lo difícil que sería dar cabida a esta vía, lo hicimos ante el escenario de confrontación luego del asalto a las tribunas. Ahora, el lapso abierto para el debate bien pudiera ser empleado para un diálogo entre las partes que permita al menos discernir sobre la viabilidad de esta opción.

Como marco de referencia, es importante el hecho de que los mismos ciudadanos que están de acuerdo con la reforma y que rechazan mayoritariamente las manifestaciones de protesta contra la misma, se manifiestan a favor de que se consulte directamente a los propios ciudadanos para que la refrenden.

Ello es, en parte, reflejo del déficit de representatividad que percibe la población en los órganos legislativos, que no es ajeno al punto de vista que muchos analistas hemos tomado respecto a la distancia entre decisiones tomadas y opiniones ciudadanas, de lo que bien pudiera ser paradigma las reformas electorales del año pasado.

Pero también pareciera reflejar un interés vivo de los ciudadanos por participar más directamente en las decisiones sobre asuntos públicos y no reducir su tarea meramente a la elección de sus representantes.

Y si bien regímenes autoritarios muchas veces han canjeado la democracia representativa por una farsa plebiscitaria, es también cierto que muchas democracias han recurrido al expediente del referéndum en asuntos de interés fundamental para la vida de las naciones.

No se puede reducir la experiencia de los refrendos al caso boliviano por la proximidad en el imaginario de los liderazgos opositores. Habría que recordar también las experiencias canadiense sobre la independencia de la provincia francófona, la española para la ratificación del orden democrático, la chilena sobre la permanencia del dictador, las consultas para la ratificación del tratado unionista europeo, entre otras muchas.

¿Es posible lograr un rápido acuerdo entre reformadores y resistentes sobre las reglas para un referéndum? ¿Podría arribarse en un período extraordinario previo a la reforma petrolera a la aprobación de una ley para la consulta ciudadana sobre este tipo de reformas?

Habría que andar un camino largo. Antes que nada, definir si se trataría de una ley para la ocasión o de una norma perenne, como sería ideal. Desde luego, sería necesario que las partes avalaran tomar como marco para esta legislación el régimen vigente en materia electoral, con sus instituciones y procedimientos previamente aceptados y probados, y que aceptaran darle un carácter vinculante y se comprometieran a respetar el resultado.

De lo contrario, sería un ejercicio inútil, una trampa que solamente haría más enredoso el camino a la confrontación anunciada. Se requiere entonces un acuerdo público claro y definitivo que comprometa efectivamente a las partes.

De darse esta situación, habría que entrar a discutir cuándo debería consultarse a la ciudadanía para que refrende a través de su voto una reforma o la abrogación de una norma y resolver múltiples asuntos de procedimiento: quién y cómo puede solicitar una consulta, quién convoca y quién redacta la pregunta, qué derechos tendrían las partes que apoyen y rechacen la propuesta, cuáles serían los tiempos y medios de campaña.

El largo y sinuoso camino, empero, podría andarse. Y bien podría valer la pena. Además, las semanas dejadas para el debate sobre petróleo pudieran ser suficientes para preparar una iniciativa en materia de consultas a la ciudadanía que pudiera dictaminarse y aprobarse de manera expedita, para hacer viable su aplicación cuando culmine el proceso legislativo en materia de hidrocarburos.

Si una consulta sobre la reforma petrolera no fuera simplemente una salida peculiar a un diferendo, sino primera aplicación de una norma sin intermisión, no tendría por qué verse como debilitamiento de los poderes formales, sino como ruta de ampliación para el fortalecimiento del sistema democrático.

Para el gobierno tendría sentido esta ruta solamente en la medida que garantice desactivar toda forma de protesta social contra un resultado que estaría en su caso avalado no solamente por mayorías en los órganos legítimos de representación popular, sino por el refrendo directo de los ciudadanos.

Sería una muestra clara de apertura al cambio y de sometimiento a la voluntad ciudadana y retén ante descalificaciones maximalistas al sistema democrático.

De optar por este camino y triunfar en la consulta, el gobierno tendría una vía abierta que legitimara y diera cabida a cambios de mayor envergadura, pudiendo eventualmente avanzar más rápido y con píes firmes en un proceso de liberalización acorde con sus orientaciones y objetivos.

Una eventual derrota sería muestra de las limitaciones de su proyecto nacional, frente al que sólo cabría el reconocimiento y prepararse para un factible relevo en el mando dentro de los plazos y por las vías establecidas.

La resistencia a la reforma podría proclamar como un triunfo el simple hecho de lograr que se convoque la consulta y reclamarse artífice de un nuevo marco normativo que otorgaría mayor participación directa a los ciudadanos en las decisiones sobre asuntos públicos.

Ello honraría y daría vigencia a la opción política, aún si resultara derrotada finalmente en la consulta.

Empero, una victoria en la consulta le significaría un enorme avance para arribar al poder por vías legales, a la vez que supondría una camisa de fuerza a la eventual descalificación posterior de procesos en que resultara derrotada.

Desde luego que el período que mediaría entre la convocatoria al referéndum y su celebración sería un lapso donde se daría cabida y se profundizaría la polarización respecto al tema entre actores políticos y ciudadanos.

Pero, de hecho, el turbulento período transcurrido entre la entrega al Legislativo de las iniciativas de reforma y la liberación de las tribunas del Congreso luego de su ocupación fue ocasión para que la polarización se ahondara, clarificándose los campos de batalla, consolidándose los argumentos de las partes y decantándose las posiciones entre la ciudadanía. Es así que hoy se percibe una mayor concordancia entre preferencias partidarias y actitudes ante la reforma.

¿Por qué tendríamos que esperar que un proceso de debate y lucha política en pos del logro de la victoria en una consulta a la ciudadanía tuviera mayores efectos polarizadores que la activación de una nueva y tal vez más virulenta etapa de acciones de resistencia y protestas callejeras contra la reforma?

Además, si una polarización canalizada como protestas y su posterior contención no permite una rápida conciliación social, es más factible que una vez celebrada una consulta y conocido el sentido del voto popular no se den rupturas profundas en el tejido social, mas si los acuerdos políticos previos permiten que las partes reconozcan y respeten el resultado.

Claro, este último punto es el que alimenta con más fuerza la suspicacia, ante la reiterada deslealtad al sistema y la proclividad por llevar las situaciones al límite que ha mostrado el liderazgo opositor a la reforma.

Ello obliga a tener especial cuidado y a un esfuerzo de imaginación que posibilite, en el supuesto de desear tomar este sendero, la construcción de un andamiaje sólido y confiable desde todos los ángulos, que asegure que al final del proceso se hallará un entendimiento básico por todas las partes: el respeto a la voluntad ciudadana.

Cabe añadir que optar por este viaje significaría para los ciudadanos la oportunidad de hacer efectivos derechos que hace ya tres décadas les fueron expresamente reconocidos desde el Estado. Bien haríamos en completar la senda marcada por la Reforma Política de fines de los setenta.

Hoy, tal vez de manera fortuita, hay tiempo disponible para hacerlo. ¿Habrá la voluntad?

Algunos vínculos externos

- Castañeda, Jorge, “Referéndum para decidir”, Reforma, 23 de abril de 2008.

- Castañeda, Jorge, “Sí o no”, Reforma, 30 de abril de 2008.

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Etiquetas: México, referéndum, reforma, petróleo, debate

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" 2008-04-21 

 I

Cuentan las leyendas que cuando el Ejecutivo federal decidió mandar formalmente al Senado de la República las iniciativas de reformas para el sector petrolero, suponía que tenía condiciones para su rápida aprobación.

Las propuestas eran el resultado de una ardua negociación con una fracción opositora con suficiente fuerza y pretendida cohesión para hacer viable la mayoría simple requerida, al cumplir con requisitos tales como no implicar un cambio constitucional, no comprometer la propiedad del petróleo y reservar al Estado la renta petrolera.

Así, y reconocido por el propio Presidente de la República, las iniciativas no correspondían al ideal técnico, sino a lo posible. Eran el mínimo común de quienes podrían conformar un bloque mayoritario.

La pretensión de pasar la reforma de manera expedita respondía luego, más que a demandas propias de la materia a legislar, al requerimiento de agotar la discusión del tema antes de que se diera el posicionamiento de los partidos cara al próximo proceso electoral federal, lo que restaría viabilidad a la supervivencia del bloque que conformaría la mayoría.

Desde el frente opositor a las iniciativas, se ve en ellas un intento por pasar como cambios al nivel de ley modificaciones contrarias a la norma constitucional, que comprometen los derechos de propiedad del Estado sobre los hidrocarburos y abren la puerta para que privados participen de manera subrepticia de la renta petrolera.

La oposición a la reforma decide responder con demandas que obliguen a abrir una amplia y dilatada discusión sobre el tema. Su objetivo es entonces evitar que se de una aprobación expedita. La amenaza con impedir el funcionamiento del Legislativo es medida suficiente para obligar a que los favorecedores de la reforma se sienten a negociar.

Pero, en ese momento, según recuerdan los cronistas, una fracción de quienes se oponían deciden asaltar las tribunas legislativas, en un acto que no se asemeja al “filibusterismo”, como algún buen amigo me sugiriera en comentario al ulular anterior, puesto que monopolizar la tribuna es una forma abusiva –incluso perversa- de usarla, pero sujeta a reglas y que acepta su sentido como espacio para parlamentar, mientras que bloquear el acceso a la tribuna niega su esencia misma, al cancelar la arena del diálogo.

Hasta aquí, lo que ocurre en los espacios parlamentarios no sería más que un ejercicio irregular, tal vez extremo, escandaloso, pero con miras a forjar, forzar, una negociación.

Lamentablemente para el Ejecutivo federal, al asumir los mínimos comunes con aliados débiles y proclives al chantaje, limitó en exceso el alcance de sus propuestas. Ahora, el techo de lo negociable está acotado por el contenido actual de las iniciativas y es muy factible que de su discusión, sea cual sea la dinámica que se adopte, y si es que finalmente se aprueba, salga una reforma aún más limitada: el máximo posible luego del asalto.

Así, si para algunos analistas lo pretendido es corto, lo esperable es que se consiga una propuesta que se aleje aún más de lo deseable desde la perspectiva de los reformadores. La contraparte, en cambio, aun puede andar camino en la reducción del impacto de lo posible.

Para lograrlo, ha asumido una posición cerrada: una vez que lograron impedir que la reforma salga en el actual período, y bien sea que lo expresen como demanda de cuatro meses de debate, bien como compromiso de no convocatoria a un período extraordinario sobre el tema, buscan postergar a septiembre y más allá el proceso formal para una eventual reforma.

Si se rechaza el derecho absoluto de la mayoría simple de imponer su voluntad sin cortapisas, más debiera rechazarse la imposición de la voluntad de una minoría mediante acciones de fuerza. Si hay cabida para una negociación entre las partes, eso es lo que debiera darse.

Y en este caso, pareciera que el secuestro de las tribunas legislativas no tiene más solución posible que el sometimiento de los reformadores a una agenda con tiempos y formas específicas para el debate, dictada a una minoría por un líder externo.

II

Los opositores a la reforma añaden ahora un punto que implica no solamente tiempo adicional, sino la negación práctica del sistema de mayorías propio de nuestra democracia representativa, al requerir un referéndum ratificatorio como condición para aprobar una reforma.

No estamos en contra de la figura del referéndum. De hecho, en otras ocasiones hemos apuntado que la agenda original de la Reforma Política de los setenta, impulsada por Don Jesús Reyes Heroles, no se ha agotado, pues falta precisamente la normatividad que haga posible la realización de un referéndum y dar cabida y salida a iniciativas populares.

Sin embargo, lo pertinente sería primero resolver con claridad y asentar en leyes cuándo, cómo y con qué alcances se debe potenciar la intervención directa del cuerpo electoral para complementar el régimen de democracia representativa.

De establecerse, ¿Debería haber referéndum solamente para lo constitucional o también para leyes específicas? ¿Cuándo debería convocarse a un referéndum? ¿Deberían ser decisorios, con resultados vinculantes? ¿Deberían solamente ser ratificatorios o también para la abrogación de normas? ¿Quién tendría la potestad de convocarlos y mediante cuál procedimiento? ¿Cómo y por cuánto tiempo debieran difundirse los posicionamientos a favor y en contra? ¿Qué derechos tendrían quienes adoptaran una u otra postura durante el período de debate público previo? ¿Cómo se regularía su participación en espacios públicos? ¿Debieran ser concurrentes con procesos electorales o diferenciados? ¿Quién y cómo redactaría el cuestionamiento y cómo se validaría?¿Debe ser solamente para asuntos federales o auspiciarse normas semejantes para los Estados? ¿Cómo se evita que se caiga en una práctica de consulta directa cotidiana que niegue la esencia misma del legislador?

En fin: la discusión de una norma sobre referéndum sería una labor mayor en sí misma. ¿Vale la pena hacerla al calor de un debate específico? ¿Vale la pena normar para este referéndum y mantener el vacío jurídico general sobre el tema?

Regresando al caso, ¿cómo puede garantizarse por parte de los oponentes la lealtad a un resolutivo mediante votación ciudadana, si han descalificado de manera reiterada órganos y procesos distintos, cuando sus resultados no les favorecen?

Si nos están haciendo el favor de impedir la insurrección popular al canalizar y ordenar una protesta que sugieren desbordable sin su concurso, como sugiere Manuel Camacho, ¿cómo evitar que a pesar de todo lancen a sus grupos de choque para exigir lo que les plazca?

III

Este último punto apela a una diferencia central entre los ejercicios practicados por legisladores y las movilizaciones organizadas por la “resistencia”. Mientras unos son recursos difícilmente sancionables, aunque sea estirando la liga, y puede asumirse en todo caso que sus saldos habrán de reflejarse a futuro en las urnas, las acciones callejeras son francamente intimidación y bloqueo al funcionamiento de los órganos del Estado mediante el recurso a la fuerza, sin costo alguno para quienes las realizan.

Estas prácticas se alimentan de la confianza que brinda la impunidad, confirmada en la experiencia del desafuero, que impide recurrir a expedientes judiciales, como acertadamente apunta María Amparo Casar. Pero también de la ilegitimidad existente del empleo de toda forma de violencia por parte de las fuerzas públicas, ante los excesos de hace cuarenta años (como recuerda Luis González de Alba).

Nuevamente, aclaramos, no se trata de demandar acciones que alimenten una espiral de violencia, sino del entendimiento de que, detrás de las acciones disruptivas de la “resistencia”, se está cocinando una insurrección que provoque lo que Juan Gabriel Valencia ha llamado un “accidente histórico”.

¿Cómo debe entonces enfrentar una democracia a una insurrección de esta naturaleza? Esto lo pregunta Ciro Gómez Leyva. Desde luego no con acciones de represión indiscriminada. Pero, ¿qué tal con actos estrictamente jurídicos? Al menos para poner enfrente costos reales consustanciales a actos de conspiración y sedición.

Al menos debiera ponerse en manos de los jueces la decisión sobre si se debe proceder en contra de quienes alienten o llamen a cometer delitos políticos cuando ello ocurra, y poner en claro que una cosa es el derecho a manifestarse y otra impedir por la fuerza el funcionamiento de los órganos del Estado.

Del lado institucional, pareciera que la dirigencia panista sí está dispuesta a poner los recursos ante la autoridad electoral que permitan que ésta decida si proceden sanciones para los partidos por los bloqueos a tribunas.

De lo contrario, cada quien podría formar sus propios cuadros para el asalto de las fortalezas del otro y la persecución de sus seguidores por las calles.

Y como los resistentes suelen interpretar las normas a su manera, contrariando su espíritu cuando quieren, pero desgarrándose vestiduras y reclamando su aplicación cuando les conviene, cabe preguntarse cómo actuarían si un grupo “civil y pacífico” decidiera cercar e impedir el funcionamiento de sus romanas oficinas.

Ojalá no lleguemos al punto en que lo que cuente sea la capacidad de movilización, por encima de los argumentos. Más bien, recurramos a la fuerza del derecho para la preservación del Estado de derecho. Esa puede ser la mejor vía para salvaguardar nuestra democracia.

Algunos vínculos externos

- Camacho, Manuel, “Decir y escuchar”, El Universal, 21 de abril de 2008.

- Casar, María Amparo, “Dialogar o amagar”, Reforma, 21 de abril de 2008.

- Gómez Leyva, Ciro, “El accidente histórico", Milenio, 21 de abril de 2008.

- González de Alba, Luis, “¡Que se hunda PEMEX para rescatarlo yo!”, Milenio, 21 de abril de 2008.

- Valencia, Juan Gabriel, “La movilización: motivos manifiestos y latentes", Milenio, 19 de abril de 2008.

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Etiquetas: México, Congreso, tomas, reforma, petróleo

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" 2008-04-16 

"En política, la forma es fondo".

Jesús Reyes Heroles.

I

Es muy posible que el conjunto de iniciativas de reformas a la legislación que regula la actividad petrolera en México recientemente presentadas por el Ejecutivo federal al Legislativo sea susceptible de mejoramiento.

Sería sano debatir si las propuestas se sujetan o no estrictamente a las disposiciones constitucionales vigentes y si existe una adecuación certera entre medios y fines; es decir, si lo que se pretende lograr efectivamente puede ser alcanzado mediante las reformas propuestas o bien hay mejores opciones.

Sería bueno, asimismo, que se evaluaran las condiciones que supondría una nueva legislación para la apertura y regulación de la inversión privada, nacional y extranjera, en el sector petrolero y que se debatiera sobre las consecuencias que ello tendría para el país en lo inmediato y lo mediato.

No estaría de más reflexionar sobre las ausencia posibles en la reforma, como pudieran ser asuntos relacionados con las relaciones contractuales y la representación laboral de los trabajadores de la industria.

El camino y los espacios que los mexicanos nos hemos dado legalmente para llevar adelante estas discusiones y resolver lo procedente es claro. Contamos con un Poder Legislativo encargado de la formación de leyes y con un Poder Judicial competente para revisar la constitucionalidad de las normas y, en su caso, demandar su adecuación.

Las reglas para la integración de estos poderes son claras y se han cumplido. Así, la legitimidad del Congreso de la Unión, resultante de un proceso electoral validado por tiros y troyanos, está fuera de cuestionamiento.

Las reglas para su funcionamiento también son claras y se supone están avaladas por quienes los conforman. Existe un principio de mayoría perfectamente definido para aprobar o rechazar iniciativas y a ella se han sometido las diversas fuerzas políticas. Basta recordar los famosos casos de intentos de reforma al régimen del Impuesto al Valor Agregado para ratificar la vigencia de estas reglas.

El mandato a los legisladores es preciso: deben cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Pero tienen el poder de reformar estas normas, conforme a los procedimientos establecidos y con las limitaciones impuestas en las mismas.

Más allá de lo jurídico, los representantes populares deben ser sensibles a la voluntad ciudadana. Actuar a contrapelo de lo deseado por la población puede repercutir en la pérdida de respaldos electorales futuros.

Los legisladores tienen luego que buscar, en lo posible, un equilibrio entre lo técnicamente procedente y lo políticamente idóneo, entre los intereses como fracción del electorado y los intereses generales, entre el logro de objetivos inmediatos y las consecuencias mediatas de sus decisiones.

Es aquí donde adquieren relevancia para los legisladores los estudios de opinión pública, como instrumento para el reconocimiento de lo que los ciudadanos piensan y desean respecto a temas que conforman la agenda legislativa.

En el caso particular de las iniciativas de reforma al régimen jurídico que regula el sector petrolero, diversas encuestas han permitido saber que, más allá de la visión idealista que asume como campo prohibido la participación privada en el campo, la ciudadanía pudiera respaldar una apertura que mantuviera la capacidad de regulación estatal y preservara los beneficios para la Nación.

II

A pesar de todo lo anterior, una corriente política erigida de mutuo propio en representante del pueblo cuestiona estos principios para la discusión de una reforma en materia petrolera.

No le bastó no reconocer en su momento al Presidente de la República legalmente electo, denunciando un supuesto fraude no sustentado en pruebas. Ahora desconoce la potestad del Congreso como representación colegiada competente para procesar reformas a las leyes y renuncia a recurrir al Poder Judicial, al calificar de encubridores a sus integrantes.

Es por ello que lleva adelante llamados e incita a realizar acciones de resistencia contra una posible reforma. De antemano, el líder de este movimiento y sus seguidores asumen que el pueblo mexicano rechaza y debe rechazar la propuesta; aquellos que no lo hicieran estarían mal informados o actuarían de mala fe, pues supone entregar nuestra riqueza a manos extranjeras, según su entender.

Esta resistencia no es civil. Si el líder “carismático” que la convoca alguna vez apeló al pueblo, eso fue en el pasado, cuando luchó contra su desafuero o cuando buscó alcanzar la Presidencia de la República por medios legales.

Hoy, ya no lo requiere. Para sus movilizaciones cuenta primordialmente con cuadros reducidos, pero organizados y subsidiados, capaces de generar acciones para entorpecer las funciones de los órganos del Estado... o ir más allá, si se requiere y es conveniente. Hoy se ha impuesto la lógica de grupos de choque sobre la movilización de masas.

Su campana de acción está avalada por los cuadros dirigentes de partidos, unos por oportunidad, otros por tibieza, pues al verse rebasados por circunstancias que les son impuestas, tratan de correr para ponerse a la vanguardia y no parecer traidores a ojos del todopoderoso.

Asaltar las tribunas de las Cámaras e impedir el funcionamiento ordinario del Congreso de la Unión es un recurso válido para las minorías cuando las mayorías les imponen sin cortapisas sus condiciones, pues pudieran estas minorías no tener más opciones.

Pero, en el caso que nos ocupa, las mayorías no estaban y no están cerradas al diálogo y la negociación con las fracciones minoritarias. Sí lo están respecto a la pretensión de imponerles qué, dónde, cuándo y cómo debatir y, en su momento, qué pueden o no aprobar. Y pareciera que esa es la intención del Duce mexicano.

Lo que es más: aún si le aceptaran todo lo que hoy demandan, es seguro que buscaría imponer nuevas condiciones. Y que no hay más resultado posible de un análisis que el rechazo pleno de las iniciativas. Cualquier otra opción es entreguismo, engaño, traición a la patria.

Asaltar las tribunas de las Cámaras e impedir el funcionamiento ordinario del Congreso de la Unión es en estas circunstancias, de manera llana, golpismo. Y no es exagerado calificarlo así. Un golpe de Estado es un ataque a la legalidad institucional que implica la retención de los organismos en que se deposita; para el caso, nuestro Congreso de la Unión.

Encabezando esta intentona golpista se encuentra un grupo de conspiradores y seguidores incondicionales del líder que, recordando a César Vidal, tienen una firme decisión de acceder al poder por vías no democráticas, que cuentan con apoyos formales y fácticos concretos, con un factor de cohesión con potencial desestabilizador y con una estrategia de propaganda no limitada por el respeto a la verdad.

Pero también cuentan con la ingenuidad y con la falta de convicción de quienes se ubican del otro lado de la trinchera. Los optimistas que suelen menospreciar el potencial desestabilizador de las intentonas y apelar a la tolerancia y al diálogo, aunque lleve a la claudicación, son finalmente víctimas de su mesura, a la vez que cómplices del derrumbe de una democracia.

No se trata de propugnar por acciones de fuerza, pero sí de demandar firmeza, visión de Estado, para la salvaguarda del sistema democrático. En principio, se requiere tomar con la debida seriedad el reto que estas acciones suponen para que el régimen sobreviva, develar los apoyos con que cuentan y contraponerse al discurso mentiroso con debates francos, libres de coacción, que apelen a la razón.

Pero también habría que recordar que, para que un Estado de Derecho se preserve, debe tener la capacidad de ejercer las potestades que le son propias. Los atentados contra la vida democrática que han ocurrido no han pasado por lo pronto de ser una farsa propagandística, a la que hay que responder con prudencia y mesura.

Mas, como recuerda Ciro Gómez Leyva comentando un brillante artículo de Federico Reyes Heroles, lo ocurrido hasta ahora puede ser escalable. Y habría que estar preparados para responder con prontitud y decisión si se llegara a más. Allí están los instrumentos legales; de ser necesario, habría que recurrir a ellos conforme los procedimientos formalmente establecidos.

No puede dejarse que un grupo claramente minoritario y que, salvo en su fantasía o por su interés, no expresa el sentir mayoritario del pueblo mexicano, detenga la marcha de las instituciones de la República. Un Estado democrático no puede dejarse acorralar o ceder ante actos de sedición, motines o sabotajes que busquen impedir la acción de los órganos del propio Estado. Hacerlo sería ser cómplices de los golpistas.

ADENDA

CÓDIGO PENAL FEDERAL

LIBRO SEGUNDO

TITULO PRIMERO

Delitos Contra la Seguridad de la Nación

CAPITULO III

Sedición

Artículo 130.- Se aplicará la pena de seis meses a ocho años de prisión y multa hasta de diez mil pesos, a los que en forma tumultuaria sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 132.

A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición, se les aplicará la pena de cinco a quince años de prisión y multa hasta de veinte mil pesos.

CAPITULO IV

Motín

Artículo 131.- Se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación.

A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de motín, se les aplicará la pena de dos a diez años de prisión y multa hasta de quince mil pesos.

CAPITULO V

Rebelión

Artículo 132.- Se aplicará la pena de dos a veinte años de prisión y multa de cinco mil a cincuenta mil pesos a los que, no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de armas traten de:

II.- Reformar, destruir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la Federación, o su libre ejercicio.

CAPITULO VII

Sabotaje

Artículo 140.- Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de mil a cincuenta mil pesos, al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa.

Se aplicará pena de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, al que teniendo conocimiento de las actividades de un saboteador y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.

CAPITULO VIII

Conspiración

Artículo 141.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y multa hasta de diez mil pesos a quienes resuelvan de concierto cometer uno o varios de los delitos del presente Título y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación.

CAPITULO IX

Artículo 142.- Al que instigue, incite o invite a la ejecución de los delitos previstos en este Título se le aplicará la misma penalidad señalada para el delito de que se trate, a excepción de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 130, en el segundo párrafo del artículo 131 y en la fracción I del artículo 135, que conservan su penalidad específica.

Artículo 143.- Cuando de la comisión de los delitos a que se refiere el presente Título resultaren otros delitos, se estará a las reglas del concurso.

Además de las penas señaladas en este Título, se impondrá a los responsables si fueren mexicanos, la suspensión de sus derechos políticos por un plazo hasta de diez años, que se computará a partir del cumplimiento de su condena. En los delitos comprendidos en los capítulos I y II del presente Título, se impondrá la suspensión de tales derechos, hasta por cuarenta años.

Artículo 144.- Se consideran delitos de carácter político los de rebelión, sedición, motín y el de conspiración para cometerlos.

Algunos vínculos externos

- Gómez Leyva, Ciro, “Federico y los golpistas", Milenio, 16 de abril de 2008.

- Reyes Heroles, Federico, “Golpistas”, Reforma, 15 de abril de 2008.

- Reyes Heroles, Jesús, Obras Completas, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.

- Vidal, César, La estrategia de la conspiración, Biblos, Barcelona, 2006.

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Etiquetas: México, reforma, petróleo, golpismo

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" 2008-04-07 

I

El problema del PRD para enfrentar sus procesos internos no es nuevo. Este partido nunca ha podido contar con instancias avaladas por todos los actores para resolver sus diferendos y sus principales dirigentes han estado acostumbrados a recurrir a procedimientos irregulares para aumentar artificialmente su votación.

Es por demás propio de la cultura de partidos de la llamada izquierda el llevar adelante procesos de enfrentamiento y "purga" como vía de solución de conflictos y no atenerse a instancias legitimadas para el procesamiento de diferendos. En el caso mexicano, todo ello quedo demostrado hace menos de diez años, cuando el proceso de elección de su dirigencia tuvo que anularse y de nueva cuenta esta misma década no resultó transparente a ojos de unos y otros participantes.

La reedición este año de un proceso conflictivo se vuelve más compleja ante la presencia de un "líder" no institucional que participó directamente en el proceso mediante declaraciones y misivas, y que adoptó una posición y una preferencia en la contienda.

Es muy factible que lo que haya ocurrido efectivamente en las urnas y los resultados que eventualmente se contabilizaron de manera parcial en el PREP no tengan una correspondencia inequívoca (lo que explicaría el desacuerdo entre los datos preliminares y las estimaciones por encuesta de salida serias), debido a la inclusión de actas de casillas inexistentes, adulteraciones en los cómputos, eliminación de actas válidas y contabilización errática de votos en diversas entidades.

Estos y otros problemas en el cómputo, junto con los intencionales retrasos y equívocos procedimientos de agregación, ha dado lugar a que sea imposible hasta la fecha saber quién tendría más votos conforme a cualquier criterio que se quisiera adoptar -bien sea en las urnas, bien en las actas- y hace que o bien nunca se tenga un resultado definitivo o que cualquier resultado que se de por cualquiera de las instancias que pudiera darlo sea impugnable ante otras instancias y repudiable por la parte que resultara derrotada conforme a dicho recuento.

De hecho, aun antes de conocerse un cómputo o una declaratoria de resultado, ya se presenta de facto una realidad de poder dual: por un lado, el órgano de gobierno y la instancia revisora del proceso, auspiciando mecanismos que favorecen a una opción y acotan el trabajo del árbitro del proceso; por el otro, el órgano máximo, declarado en sesión permanente y respaldando a la otra opción con medidas, exigencias y amenazas.

Empero, la disputa por la Presidencia del PRD no es un juego de todo o nada, pues del cómputo también deviene un reparto específico de carteras, lo que hace posible que al menos una de las partes pudiera eventualmente negociar en aras del logro de posiciones en órganos directivos.

El problema sería si la parte menos proclive a pactar resulta formalmente derrotada, pues pudiera de ello derivarse el desconocimiento del resultado, la calificación de "espurio" para el ganador y la declaratoria de "legítimo" del formalmente derrotado, reeditando la “hazaña” nacional de hace un año.

Y si esta opción finalmente triunfa, ha de querer dictar un reparto inaceptable para su contraparte, que luego tendría que recurrir al rechazo del resultado y eventualmente acudir a órganos externos al partido para su revisión.

Pero si la disputa por el resultado no tiene una salida fácil, menos es lo que ocurrirá después. De ganar la opción del "jefe máximo" es esperable, como ha ocurrido en repetidas ocasiones, que cualquier entendimiento al que pudiera llegarse fuera prolegómeno a una purga que erradicara a los traidores; de ganar la otra opción, su legitimidad se socavaría mediante un discurso incendiario que podría terminar en la salida hacia una opción electoral nueva, formada a partir de los pequeños partidos del frente previamente formado.

Todo esto hace que el PRD se encuentre en un pantano de donde le será difícil salir.

Así, ante la sorprendente aunque esperable situación de que pasados más de veinte días no se cuente ni siquiera con un cómputo provisional de resultados que sea de dominio público, es de suponerse que la disputa por el liderazgo de este partido se prolongue por mucho tiempo.

Son ya menos de una veintena de días lo que resta para el relevo formal en el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. Parecería mucho y resulta realmente muy poco el tiempo disponible para cerrar el proceso, más cuando falta que se disponga de un cómputo completo, se desahoguen reclamos, se califique y valide de ser posible la elección y se atiendan los recursos que presenten las diversas instancias que pudieran involucrarse.

La sombra del interinato se cierne sobre el PRD. Y el fantasma de la ruptura recorre los pasillos de sus oficinas.

Ello no dejará de tener algún impacto, por medir, en las preferencias ciudadanas. Tal vez para dejar atrás estos sucesos será necesario ver sus saldos en la elección federal de 2009. Recordando al Maestro Sabina, tal vez para olvidarla será necesario que pasen diecinueve días... y 500 noches.

II

Mas ello, en principio, no obstruye la capacidad de operación y la convocatoria potencial del "líder" al repudio a la reforma energética en puerta.

La movilización tiene sentido en sí mismo y es bandera útil para el “líder”, al margen del contenido que tenga la propuesta. La amenaza es suficiente para inhibir a los reformistas, quienes tenderán a acotar el alcance de los cambios y encubrir todo sentido potencialmente "privatizador" en los mismos, más cuando quienes pueden sumarse a la propuesta para darle mayoría han elevado y tenderán a elevar el precio de su respaldo.

Por ende, lo esperable es que, tal vez luego de que concluya la etapa actual del proceso perredista –que no todo el proceso, que se prolongará necesariamente a otros escenarios-, se presente al Congreso una iniciativa de reforma a diversas leyes, buscando adecuar el marco normativo para la operación del sector energético nacional, incluyendo en ello nuevas reglas que le otorguen mayor autonomía, un margen más amplio de maniobra para contrataciones, reduzcan su carga fiscal y le permitan novedosos mecanismos de asociación (no mediante "contratos riesgo", sino a través de otra figura) para posibilitar la concurrencia de instancias externas (potencialmente empresas con participación estatal) en ámbitos definidos (aguas profundas en zonas transfronterizas), como primeros pasos que prueben la viabilidad de las normas y permitan, más adelante, su eventual ampliación a otros ámbitos.

No podemos dejar de mencionar que, de una reeditada condición de supuestos outliers, los datos de GEA-ISA difundidos en febrero pasado respecto a la opinión ciudadana en torno a una potencial reforma energética, nuevamente fueron pioneros.

Hoy se tiene ya una colección de estudios por encuesta que dan cuenta de la existencia de una potencial mayoría acorde con la reforma y que demuestran lo limitado de mediciones iniciales que partieron de cuestionamientos excesivamente genéricos sobre esta temática.

Regresando al proceso legislativo por venir, aunque la eventual aprobación de estas reformas pasaría por un juego de intercambio y negociación entre las partes (como es propio de la política) y que, de aprobarse, su legalidad estaría fuera de duda, por ser resultado del ejercicio de las atribuciones legales conferidas a los órganos colegiados de representación popular, donde se habría manifestado una mayoría sustentada originariamente en el voto ciudadano, es esperable que la movilización de protesta tenga lugar de cualquier manera.

Sus vertientes y derroteros son mucho más difíciles de prever, al igual que su alcance disruptivo y violento, pero es claro que los riesgos se incrementan al ingresarse a estos terrenos. De entrada, en el propio partido de origen del “líder” no pareciera haber un acuerdo respecto a los procedimientos a seguir: por un lado, se tiene la opción moderada, proclive al rechazo activo de la reforma en las instancias legislativas; por el otro, el recurso a una movilización de “adelitas” que atenta en esencia contra la democracia, al negarle al legislador la capacidad de ejercer sus funciones en caso de que incluya en su agenda el tratamiento de un tema cuya revisión, más allá de cualquier razonamiento, es declarada por el “líder” como prohibida.

Frente a las amenazas de impedir la legítima operación de los órganos de gobierno de la República, en el extremo el Estado tendría que decidir si lleva a cabo o no acciones de legítima contención y si las acompaña de mecanismos judiciales contra los dirigentes. Pero no entremos en especulaciones mayores, porque ello será materia de nuevos ululares.

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Etiquetas: México, PRD, elección, reforma, energética, internas

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" 2008-02-26 

Como apoyo a  amigos perseguidos
que nunca suscribirían estas palabras. 

"Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada, porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por los  sindicalistas y no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada, porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie a quien decir nada".

Martin Niemoeller.

I

Tal vez no se quiera extender los comportamientos de un grupo de seguidores a su líder. Pero no está de más recordar sucesos acontecidos en otra latitud hace poco menos de un siglo.

Era octubre de 1922. El Partido Nacional Fascista asumía un doble papel en la vida política italiana: uno, participando en las estructuras democráticas, lo que le permitiría convertirse en una fuerza parlamentaria con cierta presencia; el otro, como movimiento desestabilizador francamente desleal al sistema democrático.

Expresión de ello fue la amenaza de Mussolini de marchar a Roma si no se le entregaba el poder, a pesar de no contar con la presencia suficiente en el Parlamento que le permitiera imponer legítimamente esa exigencia.

La noche del 27 de octubre de ese año, los fascistas iniciarían una marcha que fue fácilmente detenida en todo punto en que las fuerzas del orden impidieron su avance.

Mussolini no participaría personalmente en esta movilización, dejando margen para deslindarse de resultar un fracaso, pero pudiendo ser el heroico dirigente de triunfar el movimiento.

A pesar de la desorganización mostrada, el rey Víctor Manuel III se negó a firmar un decreto para proclamar el estado de guerra y tan solo dos días más tarde encarga al Duce (algo así como “el que guía desde el frente”) la formación del nuevo gobierno.

Menos de un año más tarde, se votaría una nueva ley electoral que permitiría al partido con mayor votación –aunque ésta representara apenas la cuarta parte de los sufragios- tener hasta dos tercios de los escaños.

La aprobación de esta nueva legislación sería posible por el apoyo de los católicos, impulsados por la Santa Sede. Y con ello se abriría la puerta a la dictadura fascista.

Cabe recordar que detrás de esta derrota para una democracia, no solamente está la violencia y la voluntad desestabilizadora de los golpistas, sino el recurso a una propaganda exitosa -aún siendo ajena a la verdad- y una respuesta timorata, cuando no francamente cómplice, de los supuestos demócratas ante el avance de la opción autoritaria.

II

Hoy día, en México, pareciera existir un grupo político resuelto a arribar al poder a cualquier precio, capaz de impulsar acciones contrarias a los principios propiamente democráticos, desleal al sistema y sus instituciones y proclive a recurrir a una propaganda que no por exitosa se apega necesariamente a la verdad.

Este grupo político se encuentra enclavado en el seno de una de las principales fuerzas políticas, pero tiende sus tentáculos más allá y no duda en desestabilizar internamente a la organización donde anidara originalmente.

Hace poco tiempo, menos de un par de años, emprendió resueltamente ejercicios de descalificación y diatribas en arenas públicas contra grupos empresariales, comunicadores, encuestadores.

Más tarde, se fue contra autoridades electorales e inclusive contra sus propios representantes en las urnas. Inventó un conjunto de falacias, apenas creíbles, para sustentar un supuesto triunfo no logrado y advertir de un fraude invisible, pero denunciable.

Y comenzó a correr por una doble pista, como los fascistas: por la vía democrática, participando en la vida parlamentaria y siendo gobierno en regiones importantes del país; y por la vía de la movilización, pretendiendo imponer límites a las decisiones de las instituciones democráticas mediante amenazas.

Desde luego, como el Duce, su líder suele mantener la reserva suficiente para mostrarse como quien encabeza las acciones exitosas, pero condenar aquellas que fracasan, aunque sean las mismas huestes las que actúen en una y otra ocasión.

Paradigma de lo anterior es su posición ante la reforma electoral y la elección de los nuevos consejeros electorales: tomar todo lo posible acorde con su causa, pero denunciar de antemano la carencia de condiciones aceptables y la parcialidad esperable del nuevo órgano.

No está de más recordar que la persona en quién recayó la Presidencia del Instituto Federal Electoral ocupó una silla en el máximo órgano electoral por vez primera como representante de una opción política que terminó nutriendo y otorgando su vida para dar vida al partido donde hoy todavía milita el líder del grupo de marras.

Luego de construir un paraguas que cubriera no solamente a su partido de procedencia, sino a otras organizaciones, ha tomado esta tenue cúpula como ariete para impulsar a una opción en la contienda por la dirigencia de la mayor organización aglutinada bajo el paraguas.

La dualidad de sus actos hace suponer que de triunfar su candidato ocuparán victoriosos la plaza y exterminarán pronto políticamente a sus contendientes.

De salir derrotados, antes que aceptar el saldo de la elección, gritarán fraude y retomarán el sendero de la denuncia a los nuevos traidores a la patria, los mencheviques incrustados en el partido. Y saldrán de ese chiquero para construir la auténtica organización del pueblo.

III

En estos días, algunos “camisas negras” han perseguido no a los enemigos históricos del pueblo, esos vende-patrias que usurparon el poder para lucrar y entregarlo a manos extranjeras. No, la persecución con insultos, amenazas y agresiones la hacen con sus copartidarios que hoy perciben como traidores.

Basta simplemente no estar totalmente de acuerdo con la preclara línea trazada por el líder. Basta incluso no expresarlo o reiterarlo en cada oportunidad. Basta tan sólo, aunque se exprese la fidelidad a la causa, representar un estorbo en el camino trazado, para ser defenestrado, perseguido, condenado.

En algún punto del camino, ante el potencial recursos a la subversión del orden público, las autoridades legalmente constituidas debieran tomar en serio la amenaza a la democracia que representa este grupo.

Hay que regresar a los libros de historia para recordar que uno de los factores que permitió el ascenso de las dictaduras ha sido la tibieza de los defensores del modelo democrático.

Desde luego, ello no implica en forma alguna apoyar acciones enérgicas, ni siquiera como respuesta motivada ante la esperable provocación del adversario.

Si una democracia recurre a la violencia contra sus opositores en aras de preservarse, estará enterrando con ello a la democracia que supuestamente pretendería defender.

Tan sencillo, pero tan complejo, como tomar en serio la amenaza y buscar poner en evidencia el doble discurso, el doble juego, de quienes han decidido arribar al poder a toda costa. Frente a su voluntad de poder, oponer la firmeza para salvaguardar el sistema.

De avanzar la opción política contestataria y alcanzar el poder, ¿cuándo vendría la noche de los cristales rotos? ¿cuándo nuestros Gulags? ¿hasta dónde la Revolución Cultural?

Claro: podrán decirme que exagero, pero no quisiera faltar a la discreción si confieso que algunos que hoy son perseguidos, en su momento justificaron las persecuciones contra otros y no dijeron nada, pues ellos no eran empresarios, ni comunicadores, ni encuestadores, ni consejeros...

Etiquetas: México, Duce, democracia

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" 2007-12-04

Durante las últimas semanas ha sido mucha la tinta gastada para analizar los cambios al Código Federal de Institucionales y Procesos Electorales. Por la relevancia de la reforma y lo controversial de algunas adecuaciones, es menester volver a tocar algunos de los puntos polémicos de la propuesta sujeta a discusión, en el entendido de que ésta aún no ha cerrado y, por ende, pudieran darse modificaciones de última hora que alteraran el panorama.

El cuestionamiento a la reforma constitucional aprobada recientemente, en lo tocante a las campañas, lo centramos no tanto en lo relativo al cambio en el sistema de adquisición de tiempos para la difusión de propaganda electoral, sino a la lógica restrictiva a la dinámica de promoción de candidaturas que derivaría de las nuevas regulaciones.

En este contexto, el debate en torno a las sanciones a los medios que no respeten el pautado de publicidad electoral que se establezca o que incumplan con las restricciones que prohíben la venta de tiempos para propaganda electoral al margen de lo controlado por el Instituto Federal Electoral pareciera un exceso.

Una vez establecidas las restricciones, sean buenas o malas, lo que la ley electoral busca sancionar es el incumplimiento de lo normado. En una era en que los cortes preestablecidos en las trasmisiones para dar paso a la publicidad son ya comunes en muchas estaciones, resulta sumamente viable que los concesionarios simplemente aseguren la trasmisión de la publicidad oficial en los tiempos establecidos, lo que evitaría que se les sancionara por incumplimiento en este punto.

Respecto a la limitación en los contenidos,  la controversia se centró en la eliminación del carácter de sugerencia por la aparente obligatoriedad en los lineamientos generales que expida el Instituto Federal Electoral sobre la información y difusión en las emisiones informativas de medios electrónicos de las precampañas y campañas.

En el pasado, cuando las autoridades disponían de multimillonarias bolsas de recursos no fiscalizados para el control de medios, mientras que sus oponentes carecían de cualquier capacidad de incidencia en las posiciones que adoptaran los comunicadores, podría pensarse que lo deseable era que desde el Estado se vigilará y condicionara un equilibrio mínimo.

Hoy día, sin embargo, la diversificación de espacios informativos –mayor que la de la propiedad de los medios- hace impensable que los comunicadores que cuentan con espacios en radio y televisión puedan al unísono converger en apoyar a una única opción electoral.

En esta nueva realidad, ¿es conveniente pensar en el equilibrio para cada espacio informativo o en el logro de un equilibrio producto de la concurrencia de distintas voces en el espacio de difusión? La pluralidad y diversidad en los medios es pertinente, pero ello no quiere decir que lo ideal es que cada comunicador esté obligado a una neutralidad que, además, se antoja imposible.

No está de más apuntar que en la regulación de medios no se ha puesto atención particular en las nuevas tecnologías, que pudieran ser un campo fructífero para una propaganda dinámica e imaginativa, que cada vez pudiera tener un mayor impacto en el público, dado el crecimiento del acceso a la red mundial entre los mexicanos.

Un punto adicional, que surgió como manzana de la discordia entre partidos mayores y menores, es el del condicionamiento de la conservación del registro al logro de un nivel mínimo de votación por cada partido por sí sólo, al margen del respaldo potencial que pudieran dar a una candidatura en común.

En la práctica, la propuesta original viene a eliminar los esquemas de reparto mediante acuerdo entre partidos de las proporciones de votos, asientos y presupuestos a adjudicarse a cada participante en una coalición, al separar los logotipos de cada concurrente y obligar a que el voto ciudadano sea por un partido específico y no por una coalición.

El debate emerge del entendimiento por parte de los partidos mayores de que ello repercutiría en que el registro fuera conservado por un partido sí y sólo sí obtiene por sí mismo la proporción de dos puntos de la votación requerida convencionalmente, lo que eliminaría partidos que parecieran vivir como rémoras de los mayores.

Empero, desde la perspectiva de partidos menores, su aportación con recursos financieros y humanos a una coalición repercute en el aumento del respaldo y capacidad de operación para un candidato abanderado por un partido que lidera la coalición, partido que tenderá a concentrar los votos, en detrimento de la aportación efectiva que haga a la causa el partido menor.

No es claro cuál argumentación corresponde a la realidad en la toma de decisión sobre el sentido del voto de los ciudadanos, pero no puede descartarse así sin más alguna de ellas. Por ello, pareciera que el acuerdo intermedio al que se llegará, de demandar que un partido que vaya en alianza reúna al menos la mitad de la votación mínima requerida por sí mismo, pareciera sensata.

Un último punto: si bien cuestionamos la pertinencia y mecanismo para el relevo en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, una vez decidido este relevo resultaba indispensable realizar un proceso de selección de los nuevos consejeros lo más abierto y transparente posible.

Dentro de lo limitado del tiempo disponible, el mecanismo de decisión concentrado en el órgano directivo de la Cámara de Diputados no pareció ser el más afortunado y la apertura a inscripciones por propuesta individual o respaldo colectivo bien pudo ser una forma de enmascarar un proceso de elección desde las cúpulas de las representaciones legislativas partidarias. En todo caso, reglas como el ensayo expositivo sobre la tarea del Instituto para la aplicación de las nuevas leyes no deja espacio a la crítica como elemento que de píe a ocupar en encargo.

A pesar de la advertencia anterior, al revisar la lista de los ciudadanos que se inscribieron en general y de quienes cumplieron con los requisitos de la convocatoria, no puede uno más que reconocer que en esa lista se encuentran presenten muy diversos mexicanos, muchos de ellos con méritos indiscutibles para ocupar las sillas de consejeros que quedarán vacantes.

Toda relación parcial podría pecar de injusta, pero bien pudiéramos destacar los nombres des miembros de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, como Leonardo Valdés, Javier Santiago, Juan Reyes del Campillo, Víctor Alarcón, Jaime Rivera, entre otros.

Hay asimismo personas con actividad pública conocida, académicos y analistas prestigiados, como Mauricio Merino, Jaime Cárdenas, Fernando Serrano, Rosa María Mirón, María de los Ángeles Fromow, Genero Góngora Pimentel, María Marván, Lorenzo Córdova, Pablo Arredondo, José Fernández Santillán, Benito Nacif, Ezra Shabot, Carlos Sirvent, Arturo Martínez Nateras, Mireilli Roccatti, José Fernando Ojesto, y más. 

He aquí una muestra de menos de la quinta parte de los concurrentes (la lista completa está enlazada abajo). Desde luego que entre ellos se puede encontrar tres personas con sobrada capacidad para ocupar los cargos, quienes cumplan cabalmente los requisitos establecidos. La elección de una terna de nuevos consejeros que resulte legítima a los ojos de partidarios y ciudadanía interesada será fundamental para fortalecer al nuevo Consejo y no ahondar en el deterioro del Instituto Federal Electoral, consecuente con la reforma realizada y que ha sido materia de otros ululares.   

iiin Luego de la reforma electoral (14 de septiembre de 2007).

iiio ¿Para quién es la reforma? (21 de septiembre de 2007).

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Etiquetas: reforma, electoral, cofipe, medios:partidos, registro, consejeros

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" 2007-11-06

No deje de consultar los resultados de la encuesta telefónica nacional GEA-ISA sobre este tema, levantada el día 8 de noviembre de 2007. 

Considerando la naturaleza del tema, en esta ocasión nuevamente la columna semanal presenta una extensión mayor a la de costumbre, por lo que se ha dividido en dos secciones claramente diferenciadas.

Etiquetas: Tabasco, inundaciones, tragedia, ayuda, ONU, Greenpeace, lluvias, Granier, Calderón

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" 2007-10-19

Pudiera ser que una peculiar e inusitada confluencia de acontecimientos y circunstancias este abriendo la puerta a la posibilidad de modificaciones trascendentes a las condiciones de la competencia económica en el país.

El fenómeno de reaparición y cuestionamiento del trabajo y limpieza de la gestión de Fox adquiere una dimensión más profunda cuando se inserta en este contexto general de redimensionamiento de las reglas de competencia en la economía mexicana.

Los eventos de los últimos días no parecen dejar lugar a duda de que los momentos luminosos del anterior gobernante están pasando al olvido. La caída se ha alimentado por muy diversos canales: su poco exitoso libro que era gancho para la obtención de recursos con fines bibliotecarios, los exabruptos televisivos y manifiestas molestias, la apertura al público del uso de bienes gubernamentales para provecho privado, lo inoportuno de la colocación y el salvaje derribo de la estatua de su figura, por mencionar algunas noticias que se destaparon luego de la auto propiciada vuelta a la sociedad.

Pero, detrás de estos avatares de relevancia coyuntural y más allá del cambio esperable en la percepción pública del personaje, esta declinación pareciera estarse combinando con cambios en tres ámbitos distintos donde aún podía detectarse la sombra del foxismo: 

La dirigencia nacional del blanquiazul, donde la ahora segura salida de Espino abre cancha para el ascenso potencial de un calderonista, quien sin embargo habrá de disputar este puesto con un político vinculado al principal oponente en el seno del partido a la candidatura del hoy Presidente de la República. 

Este movimiento en Acción Nacional no significa la desaparición de las redes y posiciones que el foxismo logró armar en el espacio internacional, donde tanto Fox como Espino continuarán posiblemente sosteniendo una presencia que ha sido plataforma de una política internacional no acorde con los senderos tomados por la actual administración de Calderón.  

Es precisamente el ámbito de las relaciones internacionales, y en particular con naciones de América Latina, donde se ha venido dando el segundo eje de cambio que desmantela la herencia foxista. El nuevo gobierno federal mexicano ha buscado resanar heridas abiertas en los años recientes y relanzar las relaciones con los gobiernos de izquierda en la cuenca del Caribe, dejando atrás la política de supuesto liderazgo mediante la confrontación y tejiendo una red que pudiera permitir reposicionar a México como un interlocutor efectivo con otros gobiernos destacados de la región. 

Pero tal vez el terreno más escabroso, pero donde se están dando condiciones que posibilitan la confluencia de diversos actores para el logro de objetivos comunes, aunque por causas distintas, es en el terreno de la competencia económica. 

Si algo dejó de lado la pasada administración fue la revisión de la estructura de mercados fundamentales en la economía, manteniéndose e inclusive consolidándose oligarquías en  espacios como la televisión, por no hablar de las telecomunicaciones. Ahora, parecieran soplar nuevos vientos que pudieran acotar el poder de quienes son capaces de controlar estos mercados.

Desde el Ejecutivo federal parecieran cobrar conciencia de la necesidad de apertura de estas áreas para impulsar un sano desarrollo económico, a la vez que asumen la inexistencia de vínculos sólidos que hagan partícipes centrales a estos oligopolios de una coalición capaz de llevar adelante un programa de reformas o al menos que le dan sustento y viabilidad a la gobernabilidad, como en su momento fuera leído y asumido por la administración Fox, con los saldos de sobra conocidos y cuyo paradigma fuera la frase “¿y yo por qué?”.

Desde el Legislativo, las intenciones por contener poderes externos que limiten a los nuevos crupieres deriva en la adopción de normas que reducen el ámbito de influencia de las elites económicas, como se mostró en la reciente reforma electoral y como pareciera anunciarse en la nueva legislación sobre medios, entre otros instrumentos jurídicos.

Así, en el horizonte se vislumbran cambios que no sólo acoten los poderes fácticos empresariales, sino que obliguen a la apertura de sus mercados. Podría ser que, a pesar de las críticas que hemos sostenido y que pudieran encontrarse al impacto político de los cambios recientes y por venir y de los riesgos que regulaciones en el espacio mediático pudieran tener para las libertades ciudadanas (que deberá ser tema de otro artículo), en el terreno económico el legado de las reformas en puerta pudiera ser sumamente favorable. 

Estas reformas por venir pudieran dar pié a una creciente competencia y diversificación de los oferentes en mercados dinámicos, lo que pudiera ser, al menos desde una perspectiva ortodoxa, vía de apoyo al crecimiento sostenido de la economía y de mejoramiento de la competitividad, lo que en resumidas cuentas debiera beneficiar al consumidor nacional y a la capacidad de exportación al exterior.

Al tiempo. 

Etiquetas: Fox, Calderón, Presidente, México, competencia, oligarquía, monopolios, reformas, medios, PAN

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" 2007-09-28

Concluido el proceso de reforma constitucional en materia electoral, se vislumbran tres vertientes en que deberán continuar los trabajos legislativos para a adecuación de las normas que definen el funcionamiento del sistema político mexicano. 

Por un lado,  deberá venir el proceso de modificación de las normas secundarias en materia electoral, primordialmente la reforma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde deberá fijarse el significado preciso de los cambios tanto en materia de condiciones para la competencia electoral como de las adecuaciones en la estructura de la institución encargada de organizar las elecciones. Ello irá, ahora necesariamente, acompañado del cambio en la Presidencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Por otra parte, está ya en marcha la revisión de la legislación en materia de medios de comunicación, luego que el Poder Judicial Federal determinara la obligatoriedad de ajustes. Esta definición del marco normativo de los medios no es ajena del todo a los cambios recientemente efectuados en materia de publicidad política. 

Pero tal vez el aspecto más importante de los cambios normativos en materia política es la continuación de los cambios legales que forman parte de la llamada “reforma del Estado”, que por ley deberá concluirse en los próximos meses.

Aunque la agenda completa de aspectos bajo la lupa en los que habrán de decidirse cambios es flexible y ha sido poco socializada, es esperable que esta “reforma del Estado”, además de la reforma constitucional en materia electoral que ya se ha aprobado, considere asuntos tan relevantes para la vida política nacional como son la reelección de legisladores y la redistribución de competencias en el Ejecutivo federal. 

Aunque es un tema importante, que habremos de toca en otra ocasión, en esta reflexión  nuestro foco de atención no será la pertinencia y repercusiones de la reelección en las posiciones legislativas, sino el significado y potencial impacto de cambios en el régimen de gobierno derivados de la creación de un cargo de “jefe de gabinete”. 

Con la reforma electoral reciente se acota el potencial interventor del Ejecutivo federal en los procesos electorales, al proscribirse la propaganda personalizada no solamente del Presidente de la República, sino de los funcionarios de la administración pública, y limitarse la capacidad de difusión de propaganda gubernamental sobre acciones y logros que pudieran eventualmente influir en as preferencias del electorado.

Mas ahora estamos ante el riesgo –no necesariamente negativo- de que con o sin la venia presidencial, se proceda a una “revolución desde las curules” que desmonte la capacidad efectiva del Ejecutivo federal de gobernar, mediante la partición del encargo en dos posiciones diferenciadas, una restringida a la función de jefatura de Estado, y la otra encargada de la jefatura de gobierno. 

México podría así pasar de un régimen presidencialista a uno formalmente semipresidencialista, pero que aún es difícil saber si sería más próximo a lo parlamentario o a lo presidencial.

No está del todo claro cuál sería el procedimiento para la designación de un “jefe de gabinete”. Existirían muy diversas fórmulas, con implicaciones distintas. Pero vayamos a algunas posibilidades. 

Podría ser que se determinara que el “jefe de gabinete”  fuera nombrado a propuesta libre del Presidente de la República entre los ciudadanos mexicanos que cumplieran algunas características básicas (como tener determinada edad, no haber ocupado determinados cargos o realizar actividades dadas de manera inmediata previa, no estar sujeto a proceso judicial y tales) y que el Legislativo federal o alguna de las Cámaras que lo integran tuvieran un derecho de veto a la designación, teniendo en todo caso el Ejecutivo la posibilidad de presentar una nueva propuesta. 

De ser este el caso, tendríamos a un “jefe de gabinete” acorde con la voluntad presidencial, aunque existiría el riesgo de una cerrazón legislativa que obligara a reponer el procedimiento de propuesta-aprobación múltiples ocasiones.

Otra alternativa es que se restringiera al Presidente de la República la capacidad de nombrar al “jefe de gabinete”, pudiendo por ejemplo optar solamente por un integrante del cuerpo legislativo federal, quién se supone gozaría de un respaldo ciudadano expresado previamente en las urnas, pero quien también tuviera que contar con el beneplácito de los legisladores. 

En este caso, al problema de las posibles vueltas para lograr una propuesta aceptable desde la perspectiva de los legisladores, se sumaría la restricción al Ejecutivo en el nombramiento, que pudiera dejarlo sin posibilidades de escoger a un “hombre propio”, teniendo que recurrir a algún legislador no del todo cercano o leal a su causa.

Pero también existe la posibilidad de que el “jefe de gabinete”· de plano no sea nombrado por el Presidente de la República, sino que éste solamente oficialice en el encargo a aquel ciudadano que los legisladores hayan decidido elegir, bien sea de entre los miembros del propio Congreso de la Unión, bien de manera más libre, pudiendo limitar este nombramiento al cumplimiento de algunas características básicas, restringirse la selección a alguien que forme parte de la bancada del partido del propio Ejecutivo o bien que sea integrante de la bancada del partido con más legisladores (lo que no siempre se corresponde con el ganador de la elección presidencial, y menos luego de una elección intermedia). 

De ser este el caso, no solamente se crearía una franca división de la gestión en dos períodos, correspondientes a las legislaturas, sino que se constituiría una “jefatura de gabinete” a la medida y gusto de los señores legisladores. El nuevo cargo dependería así, desde su nombramiento, de la voluntad del Poder Legislativo, al que se debería, y no de un Ejecutivo con el que tendría meramente una división de funciones.

A lo anterior, cualquiera que fuese el esquema que se adoptara, habría que sumar el acrecentamiento de poder real del Legislativo derivado de los derechos de remoción del “jefe de gabinete” que pudiera tener. De adoptarse un sistema de “voto de confianza”, el retiro del respaldo de partidos distintos al de origen del Ejecutivo podría poner en cuestionamiento la permanencia del “jefe de gabinete”, obligando a una negociación con las fracciones opositoras bien fuera para su continuidad, bien para su recambio, debiendo Ejecutivo y “jefe de gabinete” ceder a requerimientos legítimos o no de sus oposiciones.

Habrá que estar atentos además a las reglas que se podrían fijar para los nombramientos de los integrantes del gabinete por parte de su nueva “jefatura”. ¿Los sugeriría al Presidente, quién los nombraría y removería, o los nombraría directamente? ¿lo podría hacer sólo considerando a integrantes del cuerpo legislativo, creando un régimen parlamentario de facto, o tendría la libertad para invitar a ciudadanos no vinculados con posiciones partidarias?

En cualquier caso, es muy factible que los vectores que definen al sistema político en México estén por cambiar de manera radical. En forma no tan ruidosa como en otras ocasiones, estamos ante reformas de gran envergadura, que podrían redefinir radicalmente los parámetros del poder. 

Es posible que el acto electoral del verano del año pasado no haya representado lo que creímos que representaba. Si las reformas en ciernes se concretan y aplican antes de concluir el actual sexenio, habremos pensado que estamos eligiendo a un jefe de Estado a la vez que a un encargado del gobierno, capaz de decidir el sentido de las políticas públicas en el país, pero al despertar encontraremos que solamente habíamos elegido a un jefe de Estado, sin competencia gubernativa, mientras que el encargo de formar gobierno dejó de pasar por nuestras manos, quedando en poder de quienes detentan puestos de representación en los que, potencialmente, podrán permanecer por largo tiempo.

El gabinete para fines del año que entra tal vez no esté ya conformado por personas cercanas al Presidente en funciones y el reparto en cascada de posiciones en la administración pública federal es posible que no dependa más de la voluntad de aquel a quien elegimos hace quince meses, quien gozaría de un poder muy acotado, con la capacidad formal de nombrar solamente a miembros del cuerpo diplomático, ratificar mandos en fuerzas armadas e integrantes de las oficinas presidenciales, además de otros encargos que podrían quedar en sus manos por decisión del Legislativo.

Tal vez la reciente reforma constitucional en materia electoral fue un laboratorio que probó el nuevo espacio del que goza el poder legislativo para decidir sobre la lógica del sistema político mexicano. Capaz de generar iniciativas que se conviertan en texto constitucional sin mediar intervención alguna del Ejecutivo, los límites a su acción son realmente reducidos, pues ante una reforma constitucional no hay derecho de veto presidencial. 

Queda la duda, de concretarse una “reforma del Estado” de esta magnitud, de la conciencia y voluntad del Ejecutivo mexicano por llevarla adelante. ¿Sería el impulsor de la reforma o solamente su destinatario? Recordemos que cuando todos en el mundo alababan la habilidad reformadora y concertadora de Gorbachov, este político vio arriar la bandera soviética, mientras Yelsin se hacía del poder en una Rusia rediviva. 

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